La crisis del capitalismo mundial es un hecho que nadie puede ignorar. El FMI advierte del riesgo de una recesión económica severa y prolongada a escala mundial. Lo que comenzó como un colapso financiero en EEUU se ha extendido ahora a la economía real, amenazando los empleos, las viviendas y las vidas de millones de personas.
La crisis actual esta lejos de haber terminado todo su recorrido. Las medidas que han tomado gobiernos y bancos solo conseguirán, en el mejor de los casos, un respiro temporal y aliviar ligeramente la crisis a costa de una enorme carga de deuda para las futuras generaciones, en particular las de los países periféricos.
Las políticas de inversiones en obra pública y de créditos para consumo implementada por el gobierno nacional, apunta a favorecer a las multinacionales automotrices y petroleras y a sostener el nivel de vida de la clase media alta, y resultará totalmente deficiente para sostener el nivel de empleo. El plan anunciado por el gobierno consiste básicamente en subsidiar a los empresarios con el dinero de los contribuyentes. Habrá subsidios, reducción de contribuciones patronales, perdón de impuestos, blanqueo de capitales, créditos a bajo interés, etc. El plan incluye la utilización de los fondos estatales de jubilaciones para otorgar créditos a bajo interés a las empresas. Pero estas medidas van a tener una eficacia limitada en un contexto donde las empresas y las familias achican los gastos, y cuando la crisis mundial está en sus inicios y no es su final.
El estímulo a la compra de automotores, aumentará la distorsión de este sector, con sus lógicas consecuencias de mayor colapso del tránsito, accidentes y consumo irracional de energía. Es por lo tanto una profundización del mismo modelo de privilegiar la industria automotriz y la negación de reconstruir la red ferroviaria nacional, que potencialmente generadora de decenas de miles de puestos de trabajo y de un transporte al alcance de todos.
Sin embargo, a nivel nacional es necesario reconocer la importancia de la decisión de estatizar la jubilación privada, advirtiendo que la misma sólo puede ser beneficiosa en tanto garantice la transparencia en el manejo de los fondos y se implemente un sistema jubilatorio móvil y con jubilaciones dignas para todos.
La CGT habla ya de 12.000 despidos y suspensiones de empleo en todo el país (2.000 en automotrices, 7.000 metalúrgicos y un millar en curtiembres, bancos, frigoríficos, respectivamente: siendo los contratados y la juventud obrera superexplotada la principal variable de ajuste, con un mínimo costo de despido para los empresarios.
Por ejemplo, el gremio petrolero acordó la “Paz Social” congelando sueldos por 6 meses bajo la promesa de que no haya despidos. Pero también vemos la otra cara del proceso, por ejemplo en la industria automotriz. En las principales fábricas y muchas autopartistas hay conflictos contra los despidos. En Villa Constitución, miles de trabajadores pararon y se movilizaron en repudio a los despidos en Paraná Metales.
La provincia de Santa Fe tiene una economía basada fuertemente en productos primarios y bienes industriales, que en estos años se ha volcado fuertemente a la exportación, especialmente de granos y derivados, productos lácteos y otras materias primas y maquinarias. De modo que la crisis internacional la afecta doblemente: por la retracción de la demanda y los precios externos y por la caída de la financiación privada para pequeños y medianos empresarios. Situación que está produciendo despidos de trabajadores, suspensiones, reducción de horas extras, etc. Todo lo cual contribuye a la retracción de la demanda interna y por lo tanto a realimentar la crisis y la quiebra de pequeños establecimientos industriales y comerciales, con la consecuente secuela de trabajadores despedidos.
Esto se suma a los efectos devastadores de la sequía en el norte santafesino, que viene castigando duramente a las economías y a los pobladores de esta región.
Muchos pequeños y medianos productores sojeros, aconsejados por la Mesa de Enlace Agropecuaria, aun reservan sin vender una buena parte de la cosecha anterior, y de hecho se ven obligados a liquidar con retenciones superiores a las que les otorgaba la versión corregida de la resolución 125, lo cual empeoró con la caída de los precios internacionales.
La situación de los tambos y la ganadería se ha agravado, lo cual representa un mayor estímulo para que siga avanzando el monocultivo sojero, con sus secuelas de depredación del suelo, envenenamiento del medio ambiente y de nuestros co-comprovincianos, especialmente de las áreas rurales y pueblos pequeños. La “eliminación” lisa y llana de las retenciones tal como pretenden las entidades del agro para mantener las ganancias extraordinarias del cultivo de siembra directa de la soja, no representa una solución y menos aún en este contexto, sino un factor que produciría mayor distorsión al actual modelo productivo, en detrimento de la ya diezmada soberanía alimentaria, y de la producción láctea y cárnica. Además, el avance de este modelo productivo agoexportador–depredador, seguiría reduciendo las áreas boscosas, secando los pocos humedales que quedan, desertificando las tierras y profundizando el éxodo de nuestra ya menguada población campesina.
Los trabajadores, especialmente los precarizados, y los pobres de la ciudad y del campo, son sin duda los más afectados por esta situación, y que engrosan día a día los contingentes de nuevos desocupados, con sus previsibles secuelas de degradación social y disgregación familiar.
No se advierten políticas activas contra la crisis por parte del gobierno provincial, al menos de las que tendrían que proteger a los más afectados, y además se debate en insalvables contradicciones con una oposición pejotista, que tampoco genera propuestas concretas. Un gobierno que no se plantea producir cambios profundos y que por lo tanto no convoca ni moviliza al pueblo para resolver la situación de virtual cogobierno con el PJ santafesino.
Un aspecto a rescatar en la provincia (si la práctica, que aún está por verse, acompaña a las intenciones), es la ley de creación de los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo, órganos paritarios de trabajadores y empleadores, para supervisar, en forma autónoma y accesoria del Estado, el cumplimiento de las normas de control y prevención de riesgos laborales.
En materia laboral, esta ley, que acompaña el discurso progresista que predomina, contrasta lamentablemente con el envío de la policía provincial para proteger a la multinacional General Motors (colmada en su momento por Reutemann de beneficios impositivos y de todo tipo que continúan), de sus trabajadores, en caso que estos reaccionaran ante el anuncio de 500 despidos.
La agresión de la burocracia nacional de ATILRA a la regional Rosario, con la secuela de un muerto y varios heridos, fue una prueba de fuego para la política de seguridad del gobierno de Binner, que actuó o dejó actuar en forma irresponsable, y en franca complicidad con la conducción nacional del gremio y con la empresa Sancor, interesada en liquidar una conducción gremial local que no se adapta a sus políticas antiobreras. A posteriori, lejos de asumir la responsabilidad que le cupo al Ministro Cuenca y al Secretario Iparraguirre, Binner reivindicó su política, así como la complicidad de la policía que liberó la zona para que se produzca el choque violento.
Además, una de las principales manchas de la gestión provincial es el acuerdo de impunidad con Reutemann, que no logra ocultarse, y que busca canjear el cajoneo de las investigaciones por los asesinatos de la policía reutemista en diciembre de 2001 y de las responsabilidades en la inundación de 2003, por gobernabilidad. La utilización en la campaña para la gobernación de canciones e imágenes de Pocho Lepratti no se condice con las actitudes de hoy.
Asimismo, nada indica que en la policía o en la justicia santafesina algo haya cambiado, y Santa Fe, una de las provincias donde el terrorismo de Estado cobró más víctimas, está claramente a la zaga de otras en relación a los juicios que, si bien no son responsabilidad directa del gobierno provincial, sino de la justicia; difícilmente avancen con rapidez en un territorio donde la promoción de los derechos humanos deja tanto que desear que la primera encargada del área tuvo que ser prontamente relevada, tras las declaraciones que hacían dudar de qué lado realmente estaba en materia de violación de los DDHH. Así y todo, el cambio de funcionaria no se notó demasiado. No obstante, es justo reconocer en algunos casos gestos diferentes, como el hecho de haber recibido el Gobernador a los Chicos del Pueblo, que en cambio, en los dominios de Scioli son secuestrados, amenazados y torturados, lo cual se ve facilitado por la inacción y silencio del gobierno nacional.
Esta política tiene su correlato en la derechización a nivel del gobierno nacional, que acaba de sellar un acuerdo con el ex represor y ex menemista Aldo Rico, que carga con el antecedente de haber sido el autor militar de las leyes de obediencia debida y punto final. Retroceso que se extiende al Poder Judicial, que ha ordenado la liberación de genocidas de la talla del Tigre Acosta y Aastiz, decisión que fue pospuesta por el momento, pero que está pendiente de una nueva resolución a nivel de la Suprema Corte. Pero que no se hubiera siquiera planteado, si los juicios se realizaran con la rapidez que se requiere.
En términos generales, tal como esta planteada la actual situación, los países dependientes estaremos condenados a pagar los platos rotos de la especulación y la opulencia desmesurada de los países dominantes, e internamente, los pobres de la ciudad y el campo son los que sufrirán más duramente los efectos de la crisis. Cuestiones que deben constituir los ejes principales de debate en este momento.
Pero al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar que Latinoamérica está imbuida en procesos profundos de transformación, tanto económica como política. Venezuela, Bolivia, Ecuador son expresión de este proceso que contrasta y da respuesta al futuro que quisieran imponernos los países desarrollados.
Reivindicamos la necesidad de una fuerte intervención del Estado en la economía como única forma de hacer frente a la crisis. Pero esta intervención no debe ser para mantener el actual status quo, sino para recuperar nuestros recursos naturales, nuestras empresas de servicios públicos, nuestros ferrocarriles y distribuir la riqueza.
En este contexto, consideramos que están más vigentes que nunca las políticas de Proyecto Sur. Entre otras medidas, la reconstrucción de la red ferroviaria nacional, y sus ramales dentro de la provincia, entre otras políticas, debe ser una herramienta central para defender el nivel de empleo genuino y la puesta en marcha de un sistema de transporte público, estatal, seguro, eficiente, económico y poco contaminante. Y además, la necesidad urgente de poner en tela de juicio a la deuda externa, que requiere ser investigada a fondo y desconocer todo lo que contiene de ilegal e ilegítima.
Es hora de establecer un sistema eficiente de protección del empleo, y un fuerte apoyo a los pequeños y medianos productores que orienten sus actividades hacia la producción de alimentos sanos para el consumo interno.
La prohibición de despidos durante 6 meses, como fue aprobado en nuestra provincia, no será suficiente, por los cierres de pequeñas empresas y porque las patronales encontrarán mil y una formas de evadir esa ley. No será sólo con iniciativas parlamentarias como impediremos los despidos y conseguiremos incrementos salariales, sino con la lucha organizada.
Hemos participado y participamos activamente de la Constituyente Social, y tenemos que pelear para que sus postulados sean llevados a la práctica, tanto en la lucha cotidiana, como también en el terreno electoral. Creemos que Proyecto Sur en la provincia de Santa Fe está en condiciones de convocar a una confluencia de las fuerzas que estén dispuestas a suscribir y defender los ejes de la convocatoria nacional que impulsa nuestro movimiento en este momento, centralmente la implementación de políticas de Estado que permitan el acceso de todos a la canasta básica.
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