El desaforado coro de los grandes medios de comunicación clama por seguridad a costo de lo que sea.
Hipocresía tan monumental como los intereses que representan.
Cada uno de los tres oligopolios de la prensa argentina factura más de dos mil pesos cada sesenta segundos.
Y aunque el gobierno nacional cacaree un supuesto combate contra los mismos ha dejado en pie un decreto que los naturaliza hasta 2015.
Lo que no dicen ni el gobierno nacional ni del principal estado argentino, la administración de la provincia de Buenos Aires, como tampoco lo hacen las empresas que explotan el servicio audiovisual es que no habrá seguridad alguna mientras los encargados de producirla trabajan para el delito.
Y una vez más es la provincia de Buenos Aires el escenario indicado para mostrar la perversión de la realidad.
“Miembros del Servicio Penitenciario bonaerense usan a los presos como ‘grupos de tareas’ a cambio de drogas, armas y permisos. Los presos ‘apretados’ se sacaron fotos con el celular de un guardiacárcel: allí se los ve con alcohol, drogas y facas, dentro de la celda”, dice la noticia.
-Tomo conocimiento por diversas circunstancias que el personal penitenciario estaría vendiendo facas y drogas a los detenidos… Dicho personal estaría permitiendo, promoviendo y amparando hechos de violencia entre la población allí alojada de modo tal de hacer posibles distintos negocios entre ellos -escribió Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal del Departamento Judicial de San Martín el 25 de noviembre de 2008.
Terminaba diciendo que “todos los hechos denunciados estarían en pleno conocimiento del director y del segundo jefe del área de seguridad así como también del jefe del penal, quienes no sólo no pueden desconocer lo que pasa en el interior de la Unidad 46, en su posición de garantes, sino que además han sido alertados más de una vez sobre tales hechos y, lejos de haber implementado acciones con objeto de controlar o disminuir los hechos de violencia, los han alentado, amparado y permitido”.
No hay lugar a dudas.
Integrantes del Servicio Penitenciario de La Bonaerense promueven el delito en beneficio propio.
No se trata de papeles políticos de la oposición sino de expedientes judiciales del propio estado.
También hay fotografías que muestran los encargos que el personal policial les hace a los detenidos: whisky, facas, marihuana y cocaína.
Uno de los presos, Gómez Bogado, declaró: “El 20 de diciembre de 2008 me mandaron a llamar a mí y a mis compañeros el subjefe del penal, Machado, el jefe Acosta y el director Sosa. Nos dieron las facas y la droga: marihuana, un par de pastillas y unos gramos de merca, y nos dijeron que si en algún momento necesitaban algo, nos iban a avisar. A fines de diciembre nos pidieron que les diéramos un par de puñaladas a Alegre y a la mujer porque estaban molestando con las visitas y con el Comité de la Tortura.
Nos dijeron que si se nos iba la mano, no habría problemas”, apuntaron.
La seguridad es consecuencia de una sociedad con justicia, trabajo, educación y salud para todos. Algo que está muy lejos de las preocupaciones cotidianas de aquellos que dicen ser los encargados de producirla. Algo huele a podrido en el principal estado de la Argentina.
0 comentarios:
Publicar un comentario