Ante la crisis energética se debe librar una batalla cultural para promover conductas éticas y no soslayar el debate imprescindible entre opciones autónomas o dependientes.
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Agradezco a Jorge Lapeña que en su nota en esta sección el 11 de agosto retomara temas que planteamos durante la campaña electoral, como "la conveniencia de recuperar las rentas excepcionales de nuestros recursos", agregando que "todavía hay temas por discutir en la política argentina".
En efecto, nuestra dirigencia no discute los grandes temas nacionales, como si se hubiera resignado a tratar una agenda impuesta desde afuera. Sin un proyecto nacional propio, hace décadas navega a la deriva entre propuestas de corto plazo y una cultura de la derrota que, a diferencia del Brasil, le impide plantearse objetivos estratégicos.
Aún hoy, ni la industria ni el campo plantean la reconstrucción del sector energético o del sistema ferroviario que es 5 a 8 veces más económico que el automotor. Siendo la Argentina uno de los grandes exportadores de granos, se despilfarran más de US$ 3.000 millones anuales en fletes marítimos cuando con un tercio de esa cifra podríamos construir en nuestros astilleros una flota de 40 cargueros de 30.000 toneladas. Estamos ante una crisis energética y una vez más, el debate entre lo público y privado, entre una opción autónoma o dependiente, se sigue soslayando.
¿Por qué no tenemos gas y debe importarse de Egipto a precio internacional? De un dólar el millón de BTU pasamos a pagar 10. ¿Quién debe pagar los nuevos costos: los usuarios, el Estado o las empresas?
Las petroleras fueron el sector que más utilidades obtuvo en estas décadas y más remesas envió al exterior. ¿Cómo pueden argumentar que no invierten porque no le dan los costos? Producen el barril de crudo a US$ 6 y lo venden a las refinerías a US$ 52 y 47. Recibiendo más beneficios fiscales que otros sectores productivos, no cumplieron con las inversiones prometidas para mantener el autoabastecimiento. El mito de la multiplicación de las reservas terminó en un grosero vaciamiento: de 35 años de gas que había en 1990, hoy no llegan a cinco porque construyeron nueve gasoductos para llevarse el recurso al extranjero y venderlo a precio internacional. La complicidad es tal, que hasta hoy se permite que las petroleras extraigan sin control público, a simple declaración jurada. Somos el único país del mundo que les cedió el ciclo completo de la explotación: extracción, transporte, refinación y venta.
¿Cómo admitir que en dos décadas ningún gobierno haya realizado una auditoría de reservas en los yacimientos? La consecuencia de la impunidad es que después de 20 años de privatización estamos importando fueloil, gasoil y gas, un tercio de la población está en la pobreza y hasta las provincias petroleras están endeudadas.
Al retirarse el Estado, la matriz energética se fue degradando y hoy el 85% de la energía proviene de los hidrocarburos. Se quema gas subsidiado para que las empresas privatizadas generen electricidad: el 58% de los 140 millones de BTU que se consumen al día alimentan las centrales eléctricas. Desde la privatización no se construyó ninguna represa hidroeléctrica, ninguna destilería, ni desarrollaron energías alternativas como eólica, solar, mareomotriz, hidrógeno. Ningún gobierno les exigió cumplir las concesiones, reponer las reservas que extraían -como es norma en esta industria- o rescindirlas por incumplimiento, sobreexplotación de yacimiento o contaminación.
El doctor Félix Herrero ha señalado diversas violaciones de la Ley de Hidrocarburos (17.319) y a las concesiones. ¿Cuál es la razón para que no se les apliquen las cláusulas de recesión de los contratos? Comparto con Lapeña que "tres cuestiones deben ser abordadas: nacionalización, estatización, reparto de rentas extraordinarias". Hoy el 85% de las reservas mundiales son estatales y más del 70% de nuestra población apoya la nacionalización.
Proyecto Sur propone anular los tres decretos desreguladores de Menem y volver al Art. 40 de la CN de 1949 que establecía el dominio nacional y la participación federal de la renta: los recursos petroleros deben volver a la Nación y ser coparticipables.
Respecto a la estatización de las compañías, se deberá considerar el valor que pagaron con la privatización, menos la disminución de reservas y la amortización de los bienes físicos y los excedentes de ganancias sobre una utilidad razonable. Esperar que en el 2017 reviertan las concesiones con prórrogas continuas de los yacimientos (Loma La Lata, Cerro Dragón y ahora El Trapial) parece un tanto ingenuo, mientras no haya un cambio de 180 grados de la política energética.
Se puede discutir si lo conveniente es comprar YPF o crear una nueva petrolera, pero no debería permitirse que se transfiera a nuevos dueños, sean chinos, rusos o americanos. Daniel Aspiazu señala que el proceso de concentración y extranjerización se acentuó en la Argentina: las ocho primeras empresas son extranjeras y extraen el 85,1% del crudo y el 92,3% del gas. El país tiene recursos y rentas extraordinarias que debe recuperar a fin de reinvertirlas en la construcción de un proyecto emancipador. La mayor de ellas es la petrolera.
YPF y Gas del Estado fueron obra de Yrigoyen y Perón. Honremos su memoria: la reconstrucción de una petrolera pública es una cuestión patriótica que no reconoce banderías y que no puede abordarse al margen de la democratización de las instituciones. Se trata de una batalla cultural que convoca a promover desde la escuela, las universidades, sindicatos y medios, una conciencia patrimonial y una ética pública: hacer negocios privados con bienes públicos es un infamante delito.
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