¿Intereses económicos por sobre el derecho a la salud?
Proyecto Sur – Santa Fe expresa su solidaridad con los vecinos de poblaciones ligadas al medio rural y las organizaciones ecologistas, que se oponen al intento oficial de reducir el límite de fumigación con glifosato a 100 metros de viviendas y escuelas. Se trata, nada más ni nada menos, que de la exposición de miles de santafesinos a los efectos de un producto calificado como de alta toxicidad por la Organización Mundial de la Salud, y que investigadores del CONICET han probado produce malformaciones genéticas, además de otras afecciones a la salud humana. Los más vulnerables a estas fumigaciones son las mujeres embarazadas, quienes sufren abortos espontáneos, y los niños por nacer o de cortas edades.
La Ley 11.273 establece un radio de exclusión de 500 metros para fumigación terrestre y de 3000 metros para fumigación aérea para los productos de alta toxicidad, lo cual debería incluir al glifosato de acuerdo al criterio de la OMS. Sin embargo, muchos legisladores de nuestra provincia siguen considerando a este veneno como de baja toxicidad, tal como lo acordó Menem con Monsanto en el año 1996.
El tratamiento del tema en la Cámara de Diputados de la Provincia, es un verdadero escándalo en el que se pretenden imponer los intereses de la corporación sojera expresados tanto en el bloque reutemanista como en buena parte del Frente Progresista Cívico y Social.
Llama la atención que, además de los representantes del senador sojero Carlos Reutemann, estén también al frente de este proyecto dos prominentes representantes del FPCS, como los son Estela Méndez de De Micheli, presidenta de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, e Inés Bertero, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Estela De Micheli proviene del Partido Demócrata Progresista y saltó a su banca del FPCS desde la Presidencia de la Sociedad Rural de Rafaela, y tanto como Inés Bertero, del PS y viuda de Estévez Boero, poseen fuertes intereses en el empresariado sojero de la provincia, con varios miles de hectáreas sembradas.
Frente a esta situación, exigimos al ejecutivo provincial que revea sus políticas frente a los agrotóxicos, cumpliendo con su deber de garantizar el derecho a la vida y a la salud de miles de habitantes de nuestra provincia por sobre los intereses económicos de unos pocos.
Proyecto Sur – Santa Fe, 28 de octubre de 2009
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