Nos vemos obligados a hacerle llegar nuestra preocupación con respecto a la cuestión estratégica de la disputa por la soberanía territorial en las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Ante todo, reconocemos las oportunas acciones desarrolladas por el ex presidente doctor Néstor Kirchner en 2005, al reclamar por la política pesquera ilegal llevada a cabo por las autoridades británicas, la decisión de dar por terminada en 2007 la Declaración Conjunta sobre actividades costa afuera suscripta con el Reino Unido en 1995 y el Decreto 256/2010 impulsado por su gobierno, donde se establece que todo buque que pretenda transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur deberá solicitar una autorización previa a la autoridad nacional competente.
Es de destacar, además, la adecuada política que ha logrado reunir un apoyo unánime en relación al reclamo argentino en los foros y organismos regionales: Mercosur, Unasur, Grupo de Río, CALC y Celac, entre otros. Ello demuestra una vocación latinoamericana que compartimos ampliamente.
No obstante, es preciso reconocer que, a lo largo de las tres últimas décadas, Gran Bretaña no solamente hizo oídos sordos a las resoluciones y solicitudes de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, sino además se ha burlado los acuerdos firmados con nuestro país en Madrid en 1989 y 1990, y de los posteriores de cooperación, continuando su política de hechos consumados. En forma paralela, el Reino Unido ha ido consolidando su despojo territorial, al instalar en Malvinas una poderosa base militar que sirve de campo de entrenamiento para las fuerzas de la OTAN, lo que desequilibra el poder bélico regional. En este marco, Londres ha permitido que capitales británicos inicien la exploración offshore en gran escala del petróleo en las islas. En la actualidad, se está extrayendo un petróleo comercialmente apto, que se revaloriza ante la declinación de los yacimientos británicos en el mar del Norte: no se trata de un mero resabio colonial del pasado, sino de un área clave para los intereses económicos británicos. En un mundo que afronta duros conflictos por el acceso y control de los recursos naturales, estos vastos territorios poco habitados albergan una enorme riqueza no explotada.
Ante esta situación, los argentinos debemos responder mediante una estrategia basada en la fuerza del derecho que nos asiste, en la unidad detrás de una causa nacional y latinoamericana y en acciones susceptibles de promover un cambio real de las condiciones que nos han colocado en un permanente retroceso. Para estos fines, consideramos fundamental la Ley 26.659 –de nuestra autoría– aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación y publicada en el Boletín Oficial el 18 de abril de 2011. En ella se establecen pautas para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y sanciones a las empresas localizadas en nuestro país que tengan vínculos con las corporaciones que explotan el petróleo de las islas Malvinas. Las políticas argentinas de seducción a los isleños fracasaron en estas décadas: ellos son ciudadanos británicos reconocidos por el parlamento británico y quieren seguir siéndolo. Consideramos que la Ley 26.659 avanza en la dirección correcta, porque tiende a ejercer un bloqueo a los intereses británicos que operan en nuestro país y que son accionistas directos o indirectos de las empresas petroleras británicas actuantes en Malvinas. Las cuatro firmas británicas que están explorando en Malvinas –Borders & Southern Petroleum, Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas Limited (FOGL) y Rockhopper Exploration– están ligadas con corporaciones empresarias que producen en el mercado argentino. Entre otras: las principales corporaciones mineras que operan en Argentina, entre otras, la Barrick Gold (Pascua Lama y Veladero); Gold Corp, M.I.M Holdings Limited (Bajo la Alumbrera), Anglo Gold Ashanti (Cerro Vanguardia) y los bancos y grupos financieros Barclays –designado a cargo del último canje de deuda–, HSBC, Bank of America, Allianz seguros, Goldman Sachs, City Bank y Credit Suisse.
El art. 3º de la Ley 26.659 inhabilita: “…por el plazo de cinco (5) a veinte (20) años a las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que no cumplan con lo dispuesto en el art. 2° de la presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales que pudiesen corresponder. En el caso de poseer concesiones hidrocarburíferas, las mismas se revertirán al Estado nacional o a los estados provinciales…”
Lamentablemente, la ley aún no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional y es por ello, Señora Presidenta, que requerimos que ponga fin a esta demora y se aplique la norma. Si se tienen en cuenta los territorios marítimos en disputa y su proyección a la Antártida, la pretensión británica alcanza los 5 millones de kilómetros cuadrados: casi el doble del territorio continental argentino. Esto lo convierte en el conflicto de soberanía territorial más importante del planeta, que abarca aspectos políticos, jurídicos, económicos, militares y ambientales. En tal sentido, coincidimos con usted en denunciar las incalificables declaraciones del primer ministro inglés, David Cameron, y en la reivindicación de nuestros jóvenes muertos en Malvinas al cumplirse treinta años de la guerra. La magnitud de la tarea nos obliga a actuar sin mezquindades ni intereses subalternos y promover sin pérdida de tiempo, una nueva política de Estado: en medio de guerras petroleras, sería ingenuo pensar que sólo gestos de buena voluntad logren que los socios del imperio anglo-norteamericano abandonen la poderosa cuenca petrolera malvinense. Argentina debe defender la vía pacífica de negociación, buscar la solidaridad continental y avanzar en acciones concretas hacia la recuperación de nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas.
*Diputado nacional, diputado nacional (MC) y diputada nacional
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