Por Fernando "Pino" Solanas - Referente de Proyecto Sur
Nos encontramos ante esta Constituyente, que es un gran encuentro de hermandad. Conscientes de que no hay movimiento de liberación nacional posible sin la participación organizada de los trabajadores y de las organizaciones populares, saludamos el éxito de esta iniciativa e invitamos a profundizar la unidad política que se nos reclama imprescindible en esta excepcional hora de los pueblos latinoamericanos.
Estamos en medio de una transición fundamental del funcionamiento del sistema global. Atrapados en la peor crisis financiera mundial desde el ‘30, sin certezas sobre su futuro, presenciamos el declinar de la omnipotencia estadounidense. En este marco, la posibilidad de América Latina en el concierto de naciones, en tanto continente soberano, integrado, desarrollado, tecnificado, democratizado, consiste en desnudar y romper la convivencia y connivencia con el orden neoliberal y todas sus implicancias: la desigualdad y empobrecimiento, la privatización de los espacios y recursos, el avasallamiento de las soberanías estatales, la ruina de las industrias nacionales, la sumisión de los mercados de cada país a las necesidades externas. En el nuevo orden, que va definiéndose por la sólida presencia en la “mesa grande” de países como China, India, México, Brasil y Rusia, donde ya no reina el pensamiento único, la tendencia actual es la de recuperación de las herramientas básicas de soberanía estatal y recursos naturales. Para una región rica en biodiversidad y minerales como la nuestra, el envío de la IV Flota norteamericana a patrullar nuestras aguas debe despertar una profunda preocupación. EE.UU está decidido a desestabilizar a los gobiernos que encaran profundas reformas sociales y que juntos están cambiando el eje de la política continental. Es importante, en este sentido, continuar desarrollando el proceso de integración a través de la UNASUR y otros instrumentos como el Banco del Sur y el Consejo de Defensa Sudamericano.
En nuestro país, ¿qué ha ocurrido desde 2003, en el sentido en que pensamos el proceso latinoamericano? A pesar de ciertos avances positivos, lejos de encarar una sincera ruptura del orden neoliberal, se ha tolerado en demasía e incluso profundizado este modelo heredado. Si se ha priorizado la integración sudamericana, desarrollando, por ejemplo, un rol activo en la defensa de Bolivia contra las tendencias secesionistas, ¿cómo explicar que en 2006, con la aprobación de la “ley corta” de hidrocarburos, se haya puesto en práctica el principio secesionista de “provincialización” de los recursos votado en 1994? ¿Qué palabras pueden justificar la entrega por 40 años, hasta su agotamiento, de las reservas de Cerro Dragón a la British Petroleum. O aprobar la segunda ola de privatizaciones de los recursos del subsuelo? ¿Qué justifica que haya 30 millones de hectáreas de tierras en manos extranjeras; que en los últimos cinco años se hayan desnacionalizado más de 500 grandes empresas; que nuestra cordillera se haya convertido en el Potosí del siglo XXI, con cientos de yacimientos extranjerizados y explotados con métodos brutalmente contaminantes, una actividad libre de impuestos y sin obligación de ingresar ni un solo dólar por sus exportaciones? ¿Cómo puede omitirse que, ante el grave y extenso conflicto referido a la “cuestión agraria”, en ningún momento el gobierno se dispuso a atacar a las multinacionales exportadoras que, con el monopolio de la comercialización, impiden toda política que apunte a garantizar la soberanía alimentaria; compañías cerealeras que aprovecharon el conflicto para aumentar sus ganancias extraordinarias esquilmando productores y estafando al Estado? ¿Qué decir de la continuidad del regresivo sistema de impuestos que castiga al consumo de los sectores populares mientras las transacciones financieras (incluidos los pool sojeros) no pagan impuesto a las ganancias? ¿Cómo calificar el sometimiento de nuestro Estado a las reglas del perverso sistema financiero mundial (con vigencia de la ley financiera de Martínez de Hoz), que se observa en el pago al Club de París y la renegociación con los “hold out”, sin siquiera intenta echar mano a las contundentes investigaciones en la Justicia que demuestran de forma inapelable la estafa de la deuda externa? Frente a la evidencia del fracaso de las políticas dictadas por el establishment financiero y a la nueva ola de fuga de capitales similar a la de 2001, ¿cómo puede admitirse que no recuperemos soberanía financiera, reflotando la ley de subversión económica, que impone controles y sanciones rigurosas a la rapacería de estas finanzas?
Vivimos todavía un modelo de saqueo basado en las privatizaciones, la extranjerización de la industria y los recursos, y el desguace estatal. Un modelo que, produciendo 134 millones de toneladas de alimentos por año, mantiene la vergüenza del hambre y la desnutrición. La piedra de toque es la reforma constitucional de 1994, que traspasó el dominio del subsuelo a las provincias, quebrando la unidad de la nación, la única que puede enfrentar la voracidad de los trusts multinacionales. En complemento, existe aún un paquete de leyes y decretos que continúa protegiendo el modelo privatista, como la ley de Reforma del Estado de 1989 y decretos subsidiarios. Si tenemos la voluntad de terminar con el flagelo del hambre y la desigualdad, son aquellos pilares incólumes, en primer término, los que hay que derrumbar para iniciar un camino posneoliberal; porque recuperando el petróleo, el gas y la gran minería, dispondríamos de una renta anual que supera los US$ 30.000 millones para acabar en poco tiempo con esta injusticia.
No desconocemos los logros alcanzados por el gobierno kirchnerista, como la anulación de las leyes de impunidad del terrorismo de Estado, la renovación de la Corte Suprema de Justicia –aunque no de instancias menores– junto a la ratificación de la alianza con el Mercosur y Unasur (incluyendo el rechazo al ALCA en 2005), además de la decisión de no emplear políticas represivas ante el conflicto social (a pesar de aprobar la ley antiterrorista); o el reciente anuncio del fin de las AFJP. Pero no se puede avalar la continuidad de políticas en favor de las poderosas corporaciones económico-financieras que no llevan a una redistribución de la riqueza. Los argentinos debemos comprender que podemos reconstruir un Estado eficiente y moderno, subordinado a una ley suprema que es la ética de la nación, como único camino para acompañar a Cuba, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, y el resto de los hermanos del continente, hacia la emancipación latinoamericana ante el nuevo orden mundial.
Este debe ser el horizonte de esta bienvenida Constituyente Social, que marca un hito más en el camino de la construcción de un gran movimiento de liberación nacional. Proyecto Sur ha comprendido que el cambio no depende de una sola fuerza política sino de la creación de un gran movimiento emancipador. Pero esta alternativa no podemos construirla detrás del PJ, cómplice del saqueo de los ‘90, partido que lejos de defender las ideas fundantes del peronismo, obtura e impide la participación popular al tiempo que mantiene fuertes vínculos con el poder económico vigente. Debemos esforzarnos en crear instrumentos nuevos, que sean síntesis de todas estas expresiones sociales y políticas que han resistido el embate neoliberal y que han demostrado una capacidad creativa y emancipadora notable. Estamos ante una oportunidad histórica. Debemos convencernos que UNIDOS, en los años que vienen, podemos y debemos ser gobierno. Para esto, hay que acabar con la cultura de la derrota, con el no se puede, la resignación o el posibilismo. Debemos tomar la decisión de construir los instrumentos políticos necesarios para combatir a la vieja política y hacernos cargo de la disputa por el futuro de esta sociedad… recuperando los sueños, sabiendo que son posibles, porque podemos, porque queremos.
Fuente: http://www.proyecto-sur.com.ar/infosur/Infosur21/21_04_Editorial-Pino.html
