17 de marzo de 2009

A 60 años de la Constitución de 1949

Hugo Kofman

Integrante de Proyecto Sur – Santa Fe



"Interrogarnos el pasado para obtener la respuesta del futuro, no para volver a él en melancólica contemplación o para restaurar formas abolidas, sino para que nos enseñe cuáles son los métodos con que se defrauda el presente e impedirlo". Arturo Jauretche, escritos inéditos.

Hoy, el debate entre el PJ gobernante y los “cívicos” opositores, se centra en la fecha de elecciones, en las retenciones a la soja y en todo aquello que representa una puja para ver quien se queda con una mayor tajada de poder. Pero los grandes problemas nacionales y sociales están fuera de este debate: el saqueo de la deuda externa y de nuestros recursos naturales, los graves problemas sociales de amplios sectores de la población, la injusta distribución de la riqueza, los problemas del medio ambiente.


Ambos “olvidaron” que hace 60 años, el 11 de marzo de 1949, en la argentina se sancionó la reforma constitucional más avanzada de Latinoamérica, en términos de derechos sociales y de defensa de la soberanía nacional. El hecho pasó desapercibido por el oficialismo, que debería sentir vergüenza por no haber hecho nada por restablecerla, por permitir que estos derechos sigan incumplidos y que nuestros recursos naturales sigan siendo saqueados. Por supuesto que la oposición “cívica” tampoco dijo nada de la misma, porque fueron parte y siguen reivindicando a quienes la derogaron por decreto y en forma absolutamente ilegal con el golpe militar de 1955.



El artículo 37 de la Constitución de 1949 es un extenso listado de “derechos especiales”, que se pueden sintetizar en los siguientes: a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, al bienestar, a la protección de la salud, a la seguridad de la familia, al mejoramiento económico, a los derechos profesionales, a la protección de la familia y de la ancianidad, a la educación, a la cultura, a la autonomía universitaria, etc.



Los artículos 38 y 39, establecen límites al capital, asignándoles una función social, así como el derecho de los campesinos a ser dueños de la tierra que trabajan.



El artículo 40, que fue borrado por la “revolución libertadora” en 1955, dice textualmente:

“La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.

El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido”.

No hay mucho más que agregar. Sólo que la supuesta contradicción entre peronistas y antiperonistas es un invento absurdo del sistema, para seguir dominándonos. Hoy las diferencias reales se centran entre quienes quieren recuperar la soberanía nacional y redistribuir la riqueza con justicia, y quienes sostienen privilegios y dependencia. Como dijera el Dr. Alejandro Olmos: “o se está por el país y la nacionalización de los hidrocarburos o se está con las petroleras contra los intereses del pueblo argentino”.



16 de marzo de 2009

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