El "campo" no existe

Claudio Lozano (ACTA)

Hay que terminar con el uso político del conflicto agropecuario para que los argentinos podamos discutir nuestros problemas principales. Tanto el oficialismo como la “oposición consentida” intervienen en este conflicto con el objetivo de mantener y ampliar sus posiciones electorales antes que para integrar la estrategia agropecuaria a una política popular.

De un lado, el gobierno se para desde una supuesta política nacional que dice confrontar con una supuesta oligarquía agropecuaria. Posición fundada en una visión donde el pueblo y la oligarquía son presentados bajo el prisma de mediados del siglo pasado.

Del otro, la “oposición consentida” reivindica un supuesto civismo libertador en defensa de las libertades públicas cuando está claro, a esta altura de las circunstancias, que tanto en la Argentina como en buena parte del mundo, la crisis de representación política ha puesto en cuestión la vieja idea de que el simple mantenimiento del Estado de Derecho resuelva el problema de la profundización democrática.

Ambas variantes del sistema político a su vez, reproducen la centralidad de un conflicto que más allá de su importancia, opera desplazando los problemas principales que nuestro país debe discutir.

Nos referimos al hambre, la pobreza, la desigualdad, la concentración, la devastación de nuestros recursos naturales, los límites del proceso de inversión, el endeudamiento, etc.

Temas que son centrales y que se transforman en vitales frente al agotamiento de la fase de crecimiento 2002-07 y el comienzo de un ciclo recesivo agravado por la crisis mundial.

Temas que a su vez atraviesan y definen la trama misma del sector agropecuario y que sistemáticamente son desplazados por un debate simplista y absurdo que, más allá de los contextos, sólo atina a reiterar de manera circular y tautológica, la discusión sobre la existencia y magnitud de las retenciones.

En el marco de una pobreza intelectual que asusta, hemos pasado, en el curso de un año, de discutir las retenciones en un contexto de precios internacionales elevadísimos para el agro (Resolución 125), a otro donde las retenciones siguen ocupando el centro del debate pero con precios más bajos aunque razonables, y en el marco de una sequía que no se conoce desde hace 70 años.

Del mismo modo que lo hicimos en el marco de la discusión de la Resolución 125, reiteramos que no son las retenciones el tema que hay que discutir.

Más aún, entendemos que el Estado argentino debe capturar para beneficio del conjunto de la sociedad la “ventaja” (renta) de la que disponemos por tener tierras fértiles y clima adecuado para la producción agropecuaria.

Criterio que extendemos al resto de nuestras ventajas (petróleo, gas, minería, pesca, bosques, etc.). Ventajas frente a las cuales las retenciones son tan solo uno (y muchas veces no el más eficaz) de los instrumentos posibles de utilizar.

Es más, la suba o baja de las retenciones poco dice respecto a quién termina pagando los costos o percibiendo los beneficios de tal decisión de política pública.

El núcleo del problema que hay que desmontar y en el cual se sostiene la lógica del oficialismo, de la “oposición consentida” y también de la denominada “Mesa de Enlace”, es reproducir la idea de que lo que hay que discutir es el “campo”.

En realidad, el campo como objeto social de discusión no existe. Es una verdadera entelequia. Lo que existe es una estructura social agraria heterogénea y contradictoria, que incluye diferentes clases, fracciones y capas sociales, con intereses diferentes y a menudo enfrentados.

En el marco de dicha estructura y bajo la vigencia de la Convertibilidad se agudizó el proceso de concentración económica en el agro (del capital, la tierra, la producción y el ingreso). Proceso en base al cual algunos, en particular la cúpula sectorial, acumularon y crecieron, en tanto otros, más de 100.000 productores, se fundieron.

Este proceso de concentración continuó bajo las nuevas condiciones plateadas por la devaluación y la suba de los precios internacionales. En tanto la tierra es limitada y no reproducible, acumular supone la necesaria eliminación de los competidores menos poderosos.

Dicha dinámica económica y social se vio reforzada frente a las nuevas formas de producción que se consolidan en el marco de las transformaciones de la economía mundial (mayores precios para los cereales y fundamentalmente para la soja como consecuencia del mayor desarrollo de algunos países, así como por el impacto del negocio de los agrocombustibles) y de la emergencia de nuevas tecnologías (organismos genéticamente modificados).

Es en este contexto donde la clave de todos los problemas y la intervención adecuada supone segmentar por producto y tipo de productor las acciones de política pública. Es la “segmentación” de la carga impositiva (entre otras cosas de las retenciones) y del conjunto de las políticas públicas, la única actitud encuadrable en una perspectiva popular.

Desde estas definiciones ratificamos que solo priorizando otro sujeto social, integrado por trabajadores rurales, la agricultura familiar, las pymes agrarias y articulado por una dinámica activa del Estado, podremos avanzar en un dibujo más democrático de la trama social agraria. Criterio que a su vez, es la única vía para el poblamiento y el desarrollo rural, la conservación de los recursos y el medio ambiente, la defensa nacional, etc.

En dirección a estos objetivos volvemos a sostener la imprescindible necesidad de un Plan Integral Agropecuario que contemple:

a) Retenciones Móviles, debidamente segmentadas por producto y tipo de productor, y coparticipables, por lo menos hasta que se instrumenten otros mecanismos de captura de renta agropecuaria. Es indispensable entender que en todo este proceso el gran capital agrario (los grandes pooles, los fideicomisos y la propiedad terrateniente) fueron los grandes beneficiarios. Y es sobre esta cúpula concentradora sobre la que hay que concentrar la carga impositiva y las retenciones, eventualmente con tasas aún más elevadas que las actuales.

b) El Desarrollo Rural como eje central de la política. Pero con un concepto de desarrollo rural que incorpore las características de sector agropecuario argentino (amplia extensión territorial, producciones extendidas y destinadas al mercado mundial). En este sentido, la problemática del desarrollo rural debe abarcar a la agricultura familiar en un amplio espectro, incluyendo la figura del chacarero. Además debe promover productos tanto para el mercado interno como para el de exportación, a partir de créditos, subsidios, asistencia tecnológica, etc, pero también, y en forma diferencial a lo que se ha planteado hasta el presente, asistencia comercial. El objetivo debe ser no solo asistir en la producción, sino también en la comercialización, generando programas y políticas públicas de asesoramiento y asistencia a los productores familiares para poder exportar (no solo con exposiciones en el exterior, sino con equipos públicos que los asistan en todo lo relacionado a la operatoria comercial. Ej.: envío de oferta, cierre de operaciones, apertura de cartas de crédito, etc.), promoviendo consorcios de exportación, cooperativas (accionar conjunto con las cooperativas de pymes agropecuarias).

c) Control estatal del comercio de exportación de granos, productos primarios y agroindustriales. En este sentido, resulta vital entender que el control comercial no puede ser solo un apéndice de la AFIP, ni tampoco se puede ejercer a través de un organismo (Ej.: ONCCA) que sólo asigna subsidios. El control comercial tiene que ver también con funciones que ejercía la ex Junta Nacional de Granos en lo referente a fiscalización de contratos entre exportadores y productores, precios de referencia, control de cupos en puertos, etc. Se podría crear una oficina de compra de granos (como la ex JNG) que actúe como organismo testigo en el mercado (intervenga cuando las ganancias de los exportadores son altas, comprando y nivelando oferta y demanda) o para mantener stock mínimos de alimentos (similar a la CONAB de Brasil).

d) Ley de arrendamiento como elemento que apoye el asentamiento rural y el cuidado del medioambiente. Debe elaborarse una nueva ley de arrendamiento actualizada, que:

1- a diferencia de la vigente resguarde al arrendador (productor pymes – rentista) frente al arrendatario ( pool de siembra).

2- asegure la participación del estado (SAGPyA/INTA) a fin de que supervise los contratos, para que no se afecte el medioambiente.

3- tenga plazos mínimos de los contratos acordes con las rotaciones.

4- requiera la realización de análisis del suelo periódico en las explotaciones arrendadas, con participación de Ingeniero Agrónomo matriculado.

5- requiera el destino de parcelas del campo arrendado para producciones específicas (asociadas al medioambiente o a la seguridad alimentaria).

e) Seguridad Alimentaria: Determinación de mecanismos preestablecidos para un período dado (una o varias campañas), asociados con el abastecimiento interno. Estos mecanismos pueden ser retenciones móviles, cupos, procesos de licitación en exportaciones, mantenimiento de stock internos (públicos o privados), fomento de producciones, etc.

f) Promoción de valor de exportaciones: Implementación de mecanismos de promoción (ventajas impositivas, subsidios, etc.) para el aumento del valor de las exportaciones agropecuarios. Evaluación del funcionamiento de todos los organismos y programas destinados a la promoción. Las exportaciones no se miden por volumen sino por valor. El valor no depende solamente del nivel de industrialización que tiene el producto, sino también existen valor en productos diferenciados, con denominación de origen o de base artesanal (muy extendida en la agricultura familiar). Ej : Reducción de retenciones a las exportaciones de carne bovina con trazabilidad, alimentadas a pasto, para acceder a los mercados de alto poder adquisitivo en el mundo.

g) Fomentar la diversidad en la producción agropecuaria creando instituciones que fomenten la lechería, la ganadería, etc.

h) Reforestación y saneamiento de áreas y regiones agredidas por el desarrollo de la sojización y los agroquímicos.

i) Política Nacional en materia de fertilizantes y agroquímicos.

j) Repoblamiento rural favoreciendo la agricultura familiar, la pequeña y mediana propiedad rural y el asentamiento de las comunidades y pueblos originarios.

Claudio Lozano es Diputado Nacional por Proyecto Sur e integrante de la conducción de la CTA.