7 de agosto de 2009

Constitución de 1994: ¿Qué festeja la UNL?

por Hugo Kofman
Candidato a Concejal por Proyecto Sur - PSA

Hace 15 años, en nuestra Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, se votaba la reforma constitucional que había sido negociada en el “pacto de Olivos” por dos personas: Menem y Alfonsín. Cada uno obtuvo lo suyo: Menem, la reelección presidencial y Alfonsín, la autonomía porteña para que el radicalismo resucite accediendo a su jefatura. Menem pudo tener su segundo mandato para culminar la entrega del patrimonio nacional y poblar de desocupados e indigentes a toda nuestra geografía, y de la Rúa pudo acceder a la jefatura porteña y luego a la presidencia para profundizar el modelo neoliberal corrupto, con decenas de trabajadores masacrados en protestas populares pacíficas.


El pueblo argentino estuvo al margen del debate constitucional, que en lo sustancial consistió en el voto por un “paquete cerrado”. Tampoco se pudo votar la reforma en plebiscitos o consultas populares, como se hizo en los países más democráticos de América Latina: Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Por supuesto que la constitución de 1994 contiene muchos enunciados de importancia en cuanto a derechos sociales, civiles y cuestiones ambientales e institucionales. Aunque casi nada de eso se cumple. Por ejemplo, que la deuda externa debe ser tratada por el Congreso. Pero también introdujo reformas que profundizaron el modelo neoliberal de dominación extranjera en nuestro país.
Con excepción de Pino Solanas, nadie denunció que la Constitución de 1994 traía en sus entrañas el huevo de la serpiente petrolera y minera. El Artículo 124 introduce una frase de apariencia inocente: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Este fue el resultado del “lobby” realizado en la Convención por los Kirchner y otros representantes de provincias petroleras, tanto justicialistas como radicales. Provincializar los yacimientos petrolíferos era el objetivo histórico de las empresas multinacionales ya desde la década de 1920, porque tenían claro que podían sobornar más fácilmente a varios gobiernos provinciales que a una administración nacional. Dividir para reinar, como siempre. Pero en esa oportunidad perdieron la batalla frente al Ingeniero General Enrique Mosconi, que fundó e hizo grande a YPF, uno de los puntales de nuestro desarrollo económico en el siglo pasado. YPF, hasta que el menemismo la remató, fue un emblema de soberanía, sostenida por el radicalismo yrigoyenista y por el peronismo original, que con el artículo 40 de la Constitución de 1949 aseguró la propiedad nacional de los recursos del subsuelo: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.
Fue también Néstor Kirchner quien, con legisladores oficialistas y opositores, profundizó la entrega del petróleo y la minería que había realizado Menem. Con la sanción de la llamada “ley corta”, o “Ley de Emiratos” (N° 26197/07), que modifica la Ley de Hidrocarburos, otorgaron la propiedad de los yacimientos petrolíferos a las provincias petroleras, de acuerdo al artículo 124 de la constitución de 1994. Así, se prorrogaron rápidamente las concesiones del yacimiento Cerro Dragón por 40 años, y las provincias mineras están entregando nuestros recursos minerales no renovables a la voracidad de las multinacionales que saquean nuestras riquezas y contaminan el ecosistema.
Se sancionó una ley para cumplir con uno de los artículos de la Constitución. Pero no se aprueba ninguna ley para garantizar los derechos enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que desde 1994 quedó incorporada a la Constitución Nacional. Tampoco con los derechos laborales y sociales que figuran en el artículo 14-bis desde hace más de 50 años. Los intereses de las empresas petroleras y de los “emires” de algunas provincias son más importantes que las necesidades básicas del pueblo.
Como vemos, el bipartidismo es un sistema de gobierno que disputa cargos políticos entre grupos de intereses pero coinciden a la hora de entregar nuestro patrimonio. En Santa Fe, el Barletismo y el Reutemismo, como partes de ese sistema, se preparan para un acto de alabanza a la reforma de 1994. Convocan a “eminentes” constitucionalistas que darán brillantes conferencias para ocultar los contenidos antinacionales de la misma. Para vergüenza de la democracia, estará entre ellos Alberto Natale, que fuera Intendente de facto de la ciudad de Rosario durante la dictadura genocida de 1976, y figura histórica del Partido Demócrata Progresista.
Seguramente se acordarán también de la “gloriosa” reforma constitucional de 1957, hecha también en la UNL, en plena dictadura, luego de que el gobierno militar de la época derogara por decreto la constitución de 1949. Porque a las multinacionales les molestaba su artículo 40, y también todos los derechos sociales que garantizaba. No es casual entonces que pronto tendremos en Santa Fe un “Monumento a la Constitución Nacional”, que eternizará en una placa de bronce a nuestro Intendente.
Nosotros no tenemos nada para festejar con ninguna de las dos reformas constitucionales realizadas en la UNL de Santa Fe. En todo caso, exigir que se cumplan todos los derechos sociales que enuncian, y luchar por una reforma con amplia participación popular para que recuperemos el artículo 40 de la constitución de 1949, y se establezcan mecanismos de participación directa del pueblo en las decisiones: democratizar la democracia con el plebiscito y la consulta popular.
Ya llegará el momento para el desagravio al Paraninfo en el que se votaron las dos reformas contrarias a los intereses de la Nación. Será cuando el pueblo ingrese masivamente a la Universidad.

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