Integrante de Proyecto Sur – Ciudad de Santa Fe
5 de abril de 2010
El titular de hoy del diario “La Opinión” de Rafaela dice que “EN 48 HORAS FUE ESCLARECIDO UN HOMICIDIO. 2 Pibes serían condenados a reclusión o prisión perpetua”. Afirmación que en realidad representa un verdadero posicionamiento político que induce a cerrar el caso.
El 18 de septiembre de 2006, a las 10 horas, los compañeros de Julio López denunciaron su secuestro ocurrido pocas horas antes, en ocasión de dirigirse al juicio de Etchecolatz en el cual era testigo clave. Pese a ello, desde el gobierno nacional se impulsó la hipótesis del “anciano perdido” y la justicia caratuló el caso como de “averiguación de paradero”. El actual Jefe del Gabinete Nacional, Aníbal Fernández, desde el Ministerio de Gobierno fue el artífice principal de esa política, que se sostuvo durante dos meses, y que impidió la investigación donde realmente había que hacerla y en el momento que podría haber dado resultados, o sea en los escondrijos y celdas de ex represores. Después ya fue demasiado tarde.
Frente al abominable asesinato de la testigo Silvia Suppo, no puede dejar de llamar la atención la celeridad con que la policía de Rafaela salió a instalar la hipótesis del robo como móvil del crimen. Y además la falta de preservación del lugar del hecho, la forma en que se detuvo a los que se confiesan como ejecutores del asesinato, el invento de una estimación del valor de los objetos robados en $10.000, que en realidad fue insignificantes etc. Mas tarde, los resultados de la autopsia confirmaron la intencionalidad que tenían los atacantes de matar a la víctima, y la inexistencia de evidencias de resistencia de la misma, lo cual desmiente rotundamente las afirmaciones policiales.
Y tal como ocurriera con Julio López, los periodistas y medios que siempre jugaron en la misma línea se pronunciaron rápidamente en la hipótesis del robo. La posición inicial del gobierno provincial no fue muy diferente, destacando que Silvia no estaba en el “Programa de Protección a Testigos”, como si la posesión de un celular con un botón “anti-pánico” para reportar situaciones de peligro a la policía, hubiera podido determinar un desenlace distinto de la situación.
Cualquier persona medianamente informada entiende que los asesinatos por encargo se disfrazan siempre de otra cosa, con la lógica finalidad de desviar la investigación y asegurar la impunidad de los autores intelectuales. Recordemos en relación a este caso las similitudes con el asesinato de Abel Berois por el sicario Raúl Flores, todo un caso emblemático por la forma en que se lo disfrazó de robo y por las complicidades policiales y del personal penitenciario.
Si bien la Justicia dice que “no va a descartar ninguna hipótesis”, cuestión que parece indicar un avance, esa postura “equilibrada” es a todas vistas insuficiente, porque dadas las características del hecho, apenas alcanza para generar dudas. Porque la hipótesis central que habría que abordar es la del asesinato político por encargo, única actitud que conduciría a una investigación a fondo, poniendo la lupa directamente sobre la institución policial. Además porque Silvia Suppo no sólo fue testigo en la causa Brussa, sino porque estaba próxima a testimoniar contra policías de Rafaela que estaban involucrados en el secuestro de su compañero en el año 1977.
Seguir esa línea de investigación implica centralmente indagar sobre las posibles vinculaciones de Sosa y Cóceres con personal policial, para lo cual ya deberían ofrecerse recompensas a quienes aporten información en ese sentido, haciendo público qué es lo que se está buscando. Las fotos de ambos ya deberían estar en los periódicos, sitios de Internet y pantallas televisivas, para que los posibles testimoniantes puedan aportar los datos que conduzcan a la verdadera resolución del caso.
Hay tiempo suficiente para aceptar por descarte la hipótesis del robo, pero no hay tiempo sobrante para abordar la otra hipótesis.
La línea de lo “dudoso” apunta a despolitizar el caso, haciendo que el mismo se diluya entre los cientos de delitos “comunes” que lamentablemente nos insensibilizan día a día. No parece casualidad que el mismo día del crimen, el fascista declarado Orlando Gauna, integrante de una red de ex represores en apoyo a los genocidas procesados, haya escrito en su blog que “Silvia Suppo de Destéfanis fue asesinada por culpa de esa maldita sensación de inseguridad que nos brindan el Gobernador Don Hermes Binner y la Vicegobernadora Doña Griselda Tesio. Ustedes son los culpables”. Nada que pueda sorprendernos en esta situación.
El asesinato de Silvia Suppo nos produce un inmenso dolor porque se trata de la pérdida de una compañera ejemplar, que pese al martirio que sufrió en manos de los genocidas, siguió luchando por justicia durante tantos años, y tenemos que hacer de su ejemplo una bandera de lucha para todo el campo popular. Ella fue elegida por los criminales de siempre para tratar de meter miedo a cientos de testigos que aun deben declarar, y por lo tanto para tratar de hacer fracasar a los juicios que están en marcha. Aunque con muchas dificultades y contradicciones debido principalmente a gran parte de la corporación judicial, y con una lentitud tal que si se sigue a ese ritmo se calcula que recién se terminará en el año 2030. O sea cuando los genocidas estén todos muertos. Y ni hablar de los miles que no han sido reconocidos por ningún testigo que haya sobrevivido, ni del paradero de lo cuerpos de nuestros desaparecidos.
Pero es la justicia que pudimos conquistar con muchos años de lucha, sin desmerecer la decisión de este gobierno de derogar las leyes de la impunidad y dar impulso a los juicios. Pero sí insistiendo en que hay que tomar conciencia que sólo se podrá seguir avanzando en la medida que se amplíe el consenso público en relación a los juicios, lo cual implica que los mismos sean asumidos como Política de Estado. Porque además lo de Silvia Suppo se inscribe en un plan que intenta hacernos retroceder en todo lo conquistado, y que se expresa entre otras cosas en las declaraciones recientes de Eduardo Duhalde, que no habla por si sólo sino por todo un arco político que pasó al frente en 2008, y que espera agazapado para mostrar su verdadero rostro.
La impunidad de los genocidas durante más de dos décadas es el origen de la corrupción policial, que en nuestra provincia llega a niveles insólitos, ya que al decir del propio Ministro de Justicia un tercio de los policías están siendo investigados en relación a algún tipo de delito. Eso significa que la seguridad de los testigos no puede apoyarse sólo en un programa de protección, sino en el desmantelamiento de la organización mafiosa enquistada en filas policiales, en las agencias privadas de seguridad manejadas por ex represores o en las propias Fuerzas Armadas.
El 18 de septiembre de 2006, a las 10 horas, los compañeros de Julio López denunciaron su secuestro ocurrido pocas horas antes, en ocasión de dirigirse al juicio de Etchecolatz en el cual era testigo clave. Pese a ello, desde el gobierno nacional se impulsó la hipótesis del “anciano perdido” y la justicia caratuló el caso como de “averiguación de paradero”. El actual Jefe del Gabinete Nacional, Aníbal Fernández, desde el Ministerio de Gobierno fue el artífice principal de esa política, que se sostuvo durante dos meses, y que impidió la investigación donde realmente había que hacerla y en el momento que podría haber dado resultados, o sea en los escondrijos y celdas de ex represores. Después ya fue demasiado tarde.
Frente al abominable asesinato de la testigo Silvia Suppo, no puede dejar de llamar la atención la celeridad con que la policía de Rafaela salió a instalar la hipótesis del robo como móvil del crimen. Y además la falta de preservación del lugar del hecho, la forma en que se detuvo a los que se confiesan como ejecutores del asesinato, el invento de una estimación del valor de los objetos robados en $10.000, que en realidad fue insignificantes etc. Mas tarde, los resultados de la autopsia confirmaron la intencionalidad que tenían los atacantes de matar a la víctima, y la inexistencia de evidencias de resistencia de la misma, lo cual desmiente rotundamente las afirmaciones policiales.
Y tal como ocurriera con Julio López, los periodistas y medios que siempre jugaron en la misma línea se pronunciaron rápidamente en la hipótesis del robo. La posición inicial del gobierno provincial no fue muy diferente, destacando que Silvia no estaba en el “Programa de Protección a Testigos”, como si la posesión de un celular con un botón “anti-pánico” para reportar situaciones de peligro a la policía, hubiera podido determinar un desenlace distinto de la situación.
Cualquier persona medianamente informada entiende que los asesinatos por encargo se disfrazan siempre de otra cosa, con la lógica finalidad de desviar la investigación y asegurar la impunidad de los autores intelectuales. Recordemos en relación a este caso las similitudes con el asesinato de Abel Berois por el sicario Raúl Flores, todo un caso emblemático por la forma en que se lo disfrazó de robo y por las complicidades policiales y del personal penitenciario.
Si bien la Justicia dice que “no va a descartar ninguna hipótesis”, cuestión que parece indicar un avance, esa postura “equilibrada” es a todas vistas insuficiente, porque dadas las características del hecho, apenas alcanza para generar dudas. Porque la hipótesis central que habría que abordar es la del asesinato político por encargo, única actitud que conduciría a una investigación a fondo, poniendo la lupa directamente sobre la institución policial. Además porque Silvia Suppo no sólo fue testigo en la causa Brussa, sino porque estaba próxima a testimoniar contra policías de Rafaela que estaban involucrados en el secuestro de su compañero en el año 1977.
Seguir esa línea de investigación implica centralmente indagar sobre las posibles vinculaciones de Sosa y Cóceres con personal policial, para lo cual ya deberían ofrecerse recompensas a quienes aporten información en ese sentido, haciendo público qué es lo que se está buscando. Las fotos de ambos ya deberían estar en los periódicos, sitios de Internet y pantallas televisivas, para que los posibles testimoniantes puedan aportar los datos que conduzcan a la verdadera resolución del caso.
Hay tiempo suficiente para aceptar por descarte la hipótesis del robo, pero no hay tiempo sobrante para abordar la otra hipótesis.
La línea de lo “dudoso” apunta a despolitizar el caso, haciendo que el mismo se diluya entre los cientos de delitos “comunes” que lamentablemente nos insensibilizan día a día. No parece casualidad que el mismo día del crimen, el fascista declarado Orlando Gauna, integrante de una red de ex represores en apoyo a los genocidas procesados, haya escrito en su blog que “Silvia Suppo de Destéfanis fue asesinada por culpa de esa maldita sensación de inseguridad que nos brindan el Gobernador Don Hermes Binner y la Vicegobernadora Doña Griselda Tesio. Ustedes son los culpables”. Nada que pueda sorprendernos en esta situación.
El asesinato de Silvia Suppo nos produce un inmenso dolor porque se trata de la pérdida de una compañera ejemplar, que pese al martirio que sufrió en manos de los genocidas, siguió luchando por justicia durante tantos años, y tenemos que hacer de su ejemplo una bandera de lucha para todo el campo popular. Ella fue elegida por los criminales de siempre para tratar de meter miedo a cientos de testigos que aun deben declarar, y por lo tanto para tratar de hacer fracasar a los juicios que están en marcha. Aunque con muchas dificultades y contradicciones debido principalmente a gran parte de la corporación judicial, y con una lentitud tal que si se sigue a ese ritmo se calcula que recién se terminará en el año 2030. O sea cuando los genocidas estén todos muertos. Y ni hablar de los miles que no han sido reconocidos por ningún testigo que haya sobrevivido, ni del paradero de lo cuerpos de nuestros desaparecidos.
Pero es la justicia que pudimos conquistar con muchos años de lucha, sin desmerecer la decisión de este gobierno de derogar las leyes de la impunidad y dar impulso a los juicios. Pero sí insistiendo en que hay que tomar conciencia que sólo se podrá seguir avanzando en la medida que se amplíe el consenso público en relación a los juicios, lo cual implica que los mismos sean asumidos como Política de Estado. Porque además lo de Silvia Suppo se inscribe en un plan que intenta hacernos retroceder en todo lo conquistado, y que se expresa entre otras cosas en las declaraciones recientes de Eduardo Duhalde, que no habla por si sólo sino por todo un arco político que pasó al frente en 2008, y que espera agazapado para mostrar su verdadero rostro.
La impunidad de los genocidas durante más de dos décadas es el origen de la corrupción policial, que en nuestra provincia llega a niveles insólitos, ya que al decir del propio Ministro de Justicia un tercio de los policías están siendo investigados en relación a algún tipo de delito. Eso significa que la seguridad de los testigos no puede apoyarse sólo en un programa de protección, sino en el desmantelamiento de la organización mafiosa enquistada en filas policiales, en las agencias privadas de seguridad manejadas por ex represores o en las propias Fuerzas Armadas.
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