Las muertes de Julio Lucero y Ceferino Crespo mientras intentaban ampliar una red cloacal en la esquina de Unión y Herrera, en la ciudad de Rosario, el pasado miércoles 8 de junio, no fueron obra ni de la tragedia ni de la fatalidad.
Se trata de una matriz invicta que viene de los años noventa, donde la vida de los trabajadores vale muy poco, al tiempo que las grandes empresas cuentan con distintos niveles de impunidad. La lógica que expresan los números oficiales sobre accidentes laborales enseña que hay un desprecio permanente para con los trabajadores a pesar de que la provincia, desde 1983 al presente, ha estado gobernada por partidos políticos que reivindican a la clase obrera como columna vertebral de su historia e ideología como son el peronismo y el socialismo. En estos números está la explicación de una estructura social, económica y política que no quiere ser transformada a favor de los que son más y, entonces, funciona a favor de los que son pocos.
582.857 accidentes laborales se produjeron en la provincia de Santa Fe en los últimos doce años, según las estadísticas oficiales disponibles en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación.
Un promedio de 135 siniestros que involucran a trabajadores por día en el segundo estado de la República Argentina.
De acuerdo a esos números oficiales, en los últimos tres años que figuran entre la información oficial, hubo 279 obreros muertos.
93 vidas perdidas por año.
Para ser claros, en la provincia de Santa Fe, gobernada durante los 28 años de la democracia por los partidos que basan la columna estructural de su historia e ideología en la clase trabajadora –el peronismo y el socialismo-, se muere un laburante cada cuatro días.
Los que quieren ganarse la vida trabajando, la pierden por la impunidad de las patronales.
Scalabrini Ortiz lo decía con claridad, los números son las vísceras de la sociedad. Esos números dicen quiénes la pasan bien y quiénes la pasan mal.
El último año del que existen datos oficiales, 2009, presenta el siguiente cuadro: hubo 51.162 accidentes laborales. A razón de 142 por cada día hábil del año, por encima del promedio que surge de comparar la información que va desde 1997 a 2009.
En ese año se registraron 76 muertes. Un trabajador fallecido cada cuatro días, el promedio histórico en el territorio gobernado por los partidos que representan, por sobre todas las cosas, la protección del trabajador.
El 43 por ciento de los accidentes laborales se produjeron en las empresas que tienen entre 51 y 1.500 empleados.
Es decir que la mayor parte de los siniestros tuvo lugar en medianas y grandes firmas que tienen la capacidad económica suficiente para invertir en higiene, seguridad laboral y capacitación en ambas cosas.
Más allá de las investigaciones judiciales sobre responsabilidades es necesario pensar estos números.
Las grandes patronales hacen lo que quieren y esa impunidad es pagada con vidas obreras.
Una frase tan clasista como verdadera.
¿En qué costado de la vida en riesgo de los trabajadores aparece la impronta emancipadora que alguna tuvieron el peronismo y el socialismo?.
Y a estas cifras y preguntas habrá que agregarle otras postales vinculadas al hecho de de Unión y Herrera.
Ceferino Crespo tenía 27 años y Julio Lucero, 54 años. Ambos eran empleados –habrá que ver de qué manera- de la Unión Transitoria de Empresas Pecam SA y Del Sol SRL, contratada por la Dirección Provincial de la Vivienda y sus derechos estaban defendidos por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, delegación Rosario.
Estaban intentando ampliar una red cloacal. Ceferino estaba en la zanja de seis metros de profundidad, alrededor de las 15.30, cuando un gran trozo de tierra se desmoronó y cayó sobre su cuerpo, sepultándolo. De inmediato, Julio se tiró a rescatarlo y fue allí que un caño se rompió por el derrumbe e inundó la zona, provocando la muerte de los dos trabajadores.Lo primero que es necesario destacar y subrayar es la solidaridad y la valentía de Julio. No dudó en arriesgar todo para salvar a su compañero.
En segundo lugar, un dato del contexto de los obreros de la construcción: el 70 por ciento está en negro o precarizados, según los últimos datos oficiales del propio Ministerio de Trabajo de la Nación.
En tercer término, la ampliación de la red cloacal es una deuda que dejaron los franceses que explotaron el servicio durante quince años cuando fue privatizada la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias en la última etapa de la primera administración de Carlos Reutemann. Vino la empresa Aguas de Lyon, prometió hacer esas obras que recién ahora comienzan a producirse, no las realizó y para colmo de males entabló un juicio contra todos los santafesinos ante el CIADI que ha sido reconocido por los gobiernos de Jorge Obeid y Hermes Binner cuando resulta claro que los deudores son ellos, los franceses, y no los santafesinos. El trabajo que estaban haciendo Ceferino y Julio debió haberse hecho a mediados de los años noventa. La impunidad del capital francés también forma parte de las responsabilidades políticas que aparecen alrededor de la muerte de estos trabajadores.
-No existió ni mala suerte ni desgracia – dijo Néstor Botta, coordinador de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo de la provincia.
Tiene razón.
Es la lógica consecuencia de la continuidad de la matriz del desprecio contra los trabajadores que existe en la provincia desde los años noventa.
Una fenomenal impunidad empresarial y estatal que cuenta con la colaboración de los partidos gobernantes, aquellos que alguna vez sentían pasión por defender a los trabajadores, el justicialismo y el socialismo.
Proteger la vida de los trabajadores es luchar contra la impunidad del capital.
Si no, el caso de Julio y Ceferino volverá a repetirse.
*Periodista de investigación y primer candidato a diputado provincial del Movimiento Proyecto Sur.
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