Santa Fe, 9 de febrero de 2009
A la Directora del INADI – Santa Fe
Sra. Stella Maris Vallejos
De nuestra consideración:
Proyecto Sur Santa Fe tiene el agrado de dirigirse a Ud. a fin de solicitarle un pronunciamiento de ese organismo en relación a los siguientes hechos que representan una clara discriminación hacia nuestro movimiento, en función de las consideraciones que a continuación se realizan:
1) El gobierno de la ciudad de Santa Fe ha dispuesto el borrado selectivo de pintadas realizadas por nuestro movimiento, en las que denunciábamos los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel a través de la única frase: “Israel asesino del pueblo palestino”, leyenda que no se acompañó en ningún caso de símbolo alguno. Al respecto, en el ANEXO 1, se adjuntan a la presente, dos fotos de las mismas, en las que también se puede observar que fueron realizadas en lugares donde se realizan habitualmente pintadas de diversos signos políticos, con las que no se afecta el patrimonio público ni de ningún vecino, y que suelen permanecer allí durante varios meses.
2) Resulta inaudito que el gobierno de la ciudad de Santa Fe encuadre nuestras pintadas en la categoría de “antisemitas”, en tanto ha realizado el borrado de las mismas en función del pedido de la Doctora María José Lubertino, Presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), para “combatir toda expresión antisemita que pretenda aprovechar las manifestaciones de repudio al conflicto militar en la Franja de Gaza para atacar a miembros de la comunidad judía argentina” (nota del 6/02/09). Declaramos enfáticamente que de ninguna manera hemos atacado a miembro alguno de la comunidad judía argentina, ya que sólo nos limitamos a denunciar la actitud criminal del Estado de Israel contra el pueblo palestino. De igual manera, hemos condenado los crímenes que comete EEUU contra el pueblo Iraquí y a nadie se le ocurriría decir que denunciar este último hecho constituya un acto de discriminación, racismo o xenofobia contra los anglosajones o cualquier otra etnia, cultura o religión.
3) Las acciones del gobierno de la ciudad de Santa Fe, desde el punto de vista político, representan en nuestra opinión un atentado contra el derecho a la libre expresión, y sobre todo una actitud de encubrimiento deliberado de los crímenes de lesa humanidad que viene cometiendo el Estado de Israel desde hace varios años, que son repudiadas por toda la comunidad internacional hasta el punto de que han comenzado a ser juzgados como tales por la Justicia Española (Anexo 2). Institución, esta última, que en más de una oportunidad ha demostrado ser muy consecuente con la causa de los derechos humanos, porque, por dar un ejemplo, es la misma que está juzgando y castigando a los genocidas de la dictadura militar argentina.
4) En este escenario, no podemos perder de vista en ningún momento que la situación del pueblo palestino representa una de las mayores tragedias de la humanidad, ya que han sido despojados por medios violentos de sus tierras, recluidos en ghettos, sometidos al hambre y a mil humillaciones cotidianas, aislados por un muro que es vergüenza para la humanidad, y masacrados por una maquinaria militar infame, sustentada por los EEUU que hasta cuenta con un arsenal de 200 bombas atómicas.
5) Podemos entender que haya personas e instituciones que no compartan nuestro punto de vista, que se identifiquen con los poderosos que hoy dominan y masacran a los pueblos más débiles, o que equiparan víctimas a victimarios. Pero no se puede aceptar que a nuestras denuncias se las califique como “antisemitas” o antijudías, lo cual no es más que una perversa falsedad ideológica. Porque los crímenes de lesa humanidad son sólo eso, al margen de quien los realice.
Por lo señalado entonces, consideramos que el simple hecho de que las pintadas de Proyecto Sur hayan sido borradas por las autoridades municipales -no por razones de limpieza ni de afectación a otros derechos de los ciudadanos, sino por su contenido político- representa una acción de carácter discriminatoria y difamatoria, ya que además de conculcar nuestra libertad de expresión, se nos está imputando una identidad ideológica absolutamente contrario a nuestras convicciones democráticas y de defensa de los Derechos Humanos, lo cual representa un agravio a nuestro movimiento, a nuestros militantes y a los miles de simpatizantes de Proyecto Sur de nuestra ciudad.
Frente a tal situación, consideramos que el INADI debería pronunciarse dejando en claro que nuestras consignas no se encuentran encuadradas en la categoría denunciada por la Doctora María José Lubertino, que tal cuestión se haga pública, y que se reclame a la Municipalidad que de ahora en más se abstenga de realizar tales actos de censura contra nuestro movimiento.
Sin otro motivo, saludamos a Ud. con el respeto de siempre.
Por Movimiento Proyecto Sur de la Ciudad de Santa Fe:
Hugo Alberto Kofman
DNI 6610754
Domicilio: Lavalle 3823 – Santa Fe
Apoderado del Partido Proyecto Sur
Personería en trámite. Expte. Nº 0014607-P-08
Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe
ANEXO 1: Fotos de pintadas de Proyecto Sur
ANEXO 2: Nota de Clarín del 30 de enero de 2009
http://www.clarin.com/diario/2009/01/30/elmundo/i-01849069.htm
Versión impresa: Viernes 30 de enero – Pág. 25
EL EX TITULAR DE DEFENSA BENJAMIN BEN ELIEZER Y OTROS SEIS ALTOS EX JEFES MILITARES
Juzgarán en España a un ex ministro de Israel
Es por un ataque en Gaza en 2002 donde murieron civiles. Podría abrir paso a otros juicios.
Por: Juan Carlos Algañaraz
Fuente: Madrid. Corresponsal
A JUICIO. BEN ELIEZER ESTA ACUSADO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
Un juez español de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, aceptó juzgar al ex general y ex ministro de Defensa israelí Benjamin Ben Eliezer y otros seis altos jefes militares por delitos de lesa humanidad. Se trata de una acción militar que produjo muchas víctimas, muertos y heridos en la población civil de Gaza y por la que se han formulado numerosas denuncias por organizaciones humanitarias.
El 22 de julio de 2002, Ben Eliezer autorizó que se lanzara una bomba de una tonelada contra la casa de Salah Shehade, jefe del brazo armado de Hamas. El blanco se encontraba en pleno centro de Gaza y mató a Shehade y a otros 14 civiles, 11 de los cuales eran niños. La explosión mató a una familia entera de siete miembros y provocó heridas a 150 vecinos.
La noticia ha tenido un fuerte impacto en Israel porque la decisión del magistrado español abre las puertas a denuncias similares por la gran cantidad de muertos y heridos que ha producido la invasión militar de Israel en Gaza. Ben Eliezer es un importante dirigente del laborismo israelí y actual ministro de Infraestructuras.
El ministro de Defensa, Ehud Barak, calificó de "particularmente alarmante" la decisión judicial española. Después de defender la actuación de Ben Eliezer y otros militares acusados señalando que "actuaron correctamente en nombre de Israel", Barak dijo que tomará todas las medidas para defender a los responsables militares.
Ante las protestas israelíes el canciller español, Miguel Angel Moratinos declaró que "respetará a la justicia".
El juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, aceptó tramitar la denuncia acogiéndose al principio de jurisdicción universal que fue reconocido por España en los juicios por los crímenes de la ex dictadura militar argentina. Esto procede cuando se trata de delitos contra la humanidad y genocidio.
"A la vista de los hechos que se denuncian nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil", dice el juez español. Añade que el ataque "es producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva". Explica el magistrado que adoptó Los otros responsables imputados son el por entonces comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes, Dan Halutz; el general Doron Almog; el presidente del Consejo Nacional de Seguridad israelí, Giora Eiland; el secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Moshe Yaalon, y el ex director del Servicio General de Seguridad, Avi Dichter.
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