por Carlos Del Frade
-Hay una historia contemporánea de la corrupción. Un origen que es preciso señalar en aquellos tiempos en donde se mataba para robar, donde el estado fue tomado por asalto para que sus resortes funcionaran a favor de las minorías y en contra de las mayorías. Y hay también historias particulares de esa corrupción.
Como sucede en la provincia de Santa Fe, uno de los territorios más ricos de América del Sur.
La lógica de aquellos días quizás explique algunos por qué del presente.
He aquí una crónica que suele ignorarse en los grandes medios de comunicación de la zona.
A fines de 1977, sobre la alfombra roja de la Bolsa de Comercio de Rosario, preparada para la ocasión, el entonces ministro de planeamiento de la dictadura, el entonces general Ramón Genaro Díaz Bessone, confesó el ADN de la noche carnívora: “Llevamos adelante el proceso para defender al capital y la empresa privada”. Los empresarios de entonces, las llamadas fuerzas vivas del presente lo ovacionaron y le agradecieron. Díaz Bessone, además, no era un desconocido. Había sido el jefe del comando del segundo cuerpo de Ejército con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Dijo también que la policía de la provincia lo había ayudado y mucho.
Casi cuatro décadas después, La Santafesina SA puede mostrar sus logros. Seis mil quinientos agentes de la policía provincial del segundo territorio argentino están siendo investigados en causas judiciales. La tercera parte de los efectivos que deben brindar seguridad y producir valores de decencia y honestidad, están imputados de diversos delitos.
La Santafesina SA sigue respondiendo a la lógica aquella que tan bien definió el criminal de lesa humanidad. Defiende el capital y la empresa privada. Y lo hace con la misma lógica de los delincuentes de guante blanco. Pasando por arriba de cualquier legislación existente porque, se sabe, el fin justifica los medios. De allí que el perro suela parecerse al amo. La Santafesina SA tiene una tercera parte de sus integrantes investigados porque responden a las necesidades de las minorías. Las mismas que suelen no hacer caso alguno a las leyes de la democracia.
La información proviene del actual ministro de Justicia santafesino, Héctor Superti –ex abogado de grandes empresas y hoy funcionario de la administración socialista que después de casi un cuarto de siglo de gestión justicialista prometió un cambio que todavía no se verifica en la vida cotidiana- que sostuvo que "hay 8.500 causas judiciales" que involucran a "más de 6.500 policías, sobre un plantel de 17 mil hombres".
Para el ministro, "si el policía está involucrado indebidamente creo que de manera rápida hay que desvincularlo porque tiene que seguir trabajando tranquilo, y si es responsable también de manera rápida tiene que estar resuelta su situación".
Tanto el servicio público de justicia como La Santafesina SA no parecen responder a las lógicas de la democracia sino todo lo contrario.
Y el resultado es este número preocupante, un tercio de los efectivos en actividad están siendo investigados por distintos delitos.
La más clara demostración que la policía provincial de Santa Fe no trabaja a favor de sus mayorías si no a favor de los intereses de los pocos, de aquellos que ovacionaron al entonces general instruido por militares franceses.
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