Iván Cullen, abogado de unas 1.500 familias damnificadas por el desastre fluvial de 2003, presentó un recurso de queja ante la Corte santafesina, sosteniendo que más que una salida jurídica-procesal, se requiere de una decisión política del Gobierno de dar curso a los daños acreditados por sus representados.
“Nos están exigiendo que probemos la pobreza caso por caso” explicó el principal representante jurídico de los damnificados en la crecida del Salado de 2003. “Hay un obstáculo, porque tenemos que probarlos con testigos, lo que significa una locura, porque se trata de unos 10 mil testigos y no terminaríamos nunca”.
Unas 1.500 familias son defendidas por el abogado. Se tratarían de 5.500 personas entre las que se incluyen niños por los daños morales que sufrieron. El universo de perjudicados rondaría los 8.000.
“En este tipo de casos lo principal es la decisión política y parece que está. Hubo un decreto acuerdo en 2009 para que los interesados hiciéramos observaciones”. Pero Iván Cullen prevé un problema: la determinación de los daños debe estar corroborada por otro comité, “lo que significarían 10 años mas” según el abogado de las víctimas. Sin embargo, hay buenas expectativas para que se logre la compensación económica, ya que según el mencionado jurista, “la decisión política está”.
Escrito por DATA - CyD
Fuente: www.datasantafe.com.ar
0 comentarios:
Publicar un comentario