Adolfo Pérez Esquivel
Se largó la carrera con obstáculos; el espectáculo ha comenzado semejante al show tineliano, todos y todas en la pista, el premio mayor será a fines de junio para ocupar la banca que algunos si ganan no van a ocupar, esa es la novedad electoral, mientras el pueblo ve como dirigentes políticos y funcionarios del gobierno dejan a un lado valores, ética y responsabilidad social y piensan que la farándula política todo lo puede.
El próximo año el país celebrará el Bicentenario de la Revolución de Mayo, es necesario hacer memoria y saber los caminos recorridos. Evaluar donde estamos parados, si las luchas y sueños de nuestros libertadores y de la Patria Grande, como aquellos que dieron su vida por la libertad en defensa la soberanía y autodeterminación de nuestro pueblo, fue un sacrificio que dio sus frutos, o por el contrario fue en vano. Preguntarnos si a doscientos años hemos alcanzado los objetivos o retrocedimos y perdido nuestra identidad y soberanía y necesitamos de la resistencia social, cultural, política y económica para superar las dominaciones.
En el 2010 algunos gobernantes celebrarán, "no se que", se regordearán con discursos para continuar entregando las tierras, los recursos mineros, el agua, provocando la deforestación y destrucción del ambiente con monocultivos de soja transgénica y el uso de agro-químicos, sometiendo al país y provocando la destrucción de su capacidad productiva; tirando alimentos en las rutas, dañando a otros sectores sociales paralizando el país, para defender sus intereses económicos, sin interesarles la vida de nuestro pueblo y expulsando a los indígenas y campesinos de sus tierras ancestrales.
En la pista están los gobernadores, transformados en señores feudales y gerentes de empresas extranjeras, como la Barrick Gold en San Juan, donde la familia Gioja controla la provincia y la Comisión de Minería en el Parlamento Nacional, los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y ejercen el control social con métodos represivos y atemorizantes contra la población.
Pudimos comprobarlo durante el Foro en Defensa de los Glaciares y el Noveno Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en San Juan.
La misma política se aplica en provincias, como La Rioja, y Catamarca, con amenazas y persecuciones contra quienes reclaman sus derechos. A ese engendro le llaman "democracia", palabra devaluada y usada según los intereses en juego. Es como dice Gasalla: "Si quieres llorar, llora". Lo otro es resistir y construir sin bajar los brazos en los caminos de liberación.
En la pista electoral, lanza en punta el ex - presidente Kirchner quien ha adoctrinado a sus seguidores y pregona que: "si no me votan, el país corre peligro de desintegrarse y volver al 2001". El mensaje es "yo o el abismo". Emplea palabras sin contenido para imponer el miedo. Es el peor de los caminos elegidos.
El dirigente camionero Hugo Moyano, de la CGT, aliado del gobierno, proclama que hay que defender el modelo y pide votar el FPV. Hay que preguntarle: ¿A que modelo de país se refiere? ¿A la colonia de las multinacionales, de un país que no controla sus recursos energéticos, ni las empresas estratégicas para su desarrollo integral? ¿Se refiere defender a un país sin soberanía, sin recursos propios? El modelo propuesto que dice defender es de dependencia y entrega. Es increíble que un sindicalista que se dice peronista, esté dispuesto a que continúe la política de saqueo del país. Han vaciado de contenido al movimiento sindical y devaluado la palabra, igual que Barrionuevo y su séquito peleados por espacios de poder y no por necesidades del pueblo.
Mariano Grondona, personaje mediático y antidemocrático, hay que hacer memoria de su apoyo a la dictadura militar, que apoya a de Narváez en sus aspiraciones políticas. Podríamos decir que estamos "donde mueren las palabras". La palabra sin acción es el vacío y la palabra sin la acción por fuera de la comunidad y el espíritu, es la muerte (como dicen los indígenas del Cauca). Es necesario que el pueblo haga una lectura de la situación del país y del doble discurso de los dirigentes políticos.
El gobierno nacional utiliza el doble discurso, por un lado progresista y que es necesario reconocer algunos logros, y por el otro continúa la entrega de la soberanía y de los bienes naturales a las empresas extranjeras y dice defender "al modelo de país".
¿Para quien o quienes? Las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca, juntos con las empresas multinacionales, aprueban los megaproyectos mineros como el proyecto binacional Pascua Lama, entre Argentina y Chile, y el proyecto Agua Rica, sin escuchar el reclamo del pueblo, afectado por el daño ambiental provocado por la minería a cielo abierto; son víctimas de la devastación por el uso indiscriminado de los bienes naturales como el agua, cada vez más escasa y el daño profundo provocado a las economías regionales, como a los productores viñateros y agrícola-ganaderos; que ven afectada la salud de la población con el aumento de enfermedades y del cáncer.
En Tucumán, el Fiscal Gómez lleva adelante el juicio a la empresa minera "La Alumbrera", con grandes dificultades frente a la fuerte presión que debe soportar de los gobiernos provinciales y de la empresa minera.
El gobierno nacional y los provinciales, invocando la necesidad de promover el "desarrollo" y generar fuentes de trabajo; destruyen las economías familiares y regionales y ponen en riesgo a los glaciares. La presidenta de la Nación vetó la ley de protección de los glaciares, a pesar de ser aprobada por unanimidad parlamentaria.
Según informes de glaciólogos y geólogos, señalan que casi el 60% del agua del país proviene de los glaciares. Cabe preguntarse: ¿qué va a ocurrir cuando entre en funcionamiento el proyecto Pascua Lama y utilicen millones de litros de agua por día y la contaminen con cianuro y mercurio y penetren en las napas? En su etapa exploratoria, este mega-emprendimiento minero ya ha provocado una disminución de entre un 50 y 70 % de tres glaciares.
.¿Cuales serán las consecuencias para la vida del ser humano, la biodiversidad, los animales, la vegetación y las economías regionales? Las empresas se llevan todo y dejan miseria, hambre y enfermedades. ¿A eso le llaman desarrollo?
Es necesario analizar la situación en otros continentes, víctimas de la devastación y saqueo producido por empresas transnacionales, en África, Asia y América Latina; provocando el aumento de la pobreza, el hambre de esos pueblos; la imposición de conflictos que llevan a enfrentamientos internos entre pueblos hermanos.
Es como dice Fierro: "Si entre ellos pelean, los devoran los de afuera", es la metodología de dominación.
Estamos frente a la posible balcanización del país, política que está en marcha y que es necesario estar atentos y resistir a los síntomas que vivimos de desintegración nacional y a la apropiación de nuestro territorio y recursos.
Nada de esto sería posible sin la complicidad de los gobernantes que están al servicio de los intereses extranjeros y no al servicio de nuestro pueblo. La campaña electoral está plagada de sorpresas; a la pista han salido a relucir los "candidatos testimoniales" del FPV, con su mejor sonrisa, peinados y prolijitos para el posters, nada más; si ganan no van a asumir el cargo para el cual fueron votados. Es simplemente una estafa al pueblo que realizan con total y absoluta impunidad impuesto por los K y K, todos y todas entran en la pista, concursan, pero no bailan.
Lo único que dejan en evidencia es su falta de valores y responsabilidad y el engaño al pueblo. Han vaciado el hacer político de toda ética y utilizan los medios de comunicación para avalar situaciones que ofenden la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas.
Macri dice que no va a impugnar a los "candidatos testimoniales", es inconcebible que deje pasar las cosas como si no existieran. ¿Dónde queda la responsabilidad institucional de los gobernantes?- Es como la canción "...pasa, todo pasa..." y el país sigue andando a los empujones, de lo malo a lo peor.
Algunos ciudadanos con coraje han decidido recurrir a la justicia, denunciando a los "candidatos testimoniales". Esperemos que la justicia actúe con equidad prontamente y no se deje dominar por las presiones políticas.
El pueblo tiene capacidad de resistencia y es necesario sumar voluntades en espacios de construcción compartida para fortalecer la democracia y la vigencia del Estado de Derecho, que permita generar nuevos caminos y recuperar la palabra, el pensamiento y la memoria, creer y confiar en el decir y el hacer; como dicen los paisanos cuando comprometen su palabra con un apretón de mano: "palabra de honor" que se cumple a "raja tabla". Los guaraníes dicen que: "La palabra es el alma y perderla es morir". Las dirigencias políticas y sindicales debieran aprender para no perder el alma y venderla al mejor postor, más aún en la campaña electoral donde muchos prometen lo que nunca cumplen. Están en la pista y el pueblo tiene que saber elegir y no dejarse engañar.
- Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nóbel de la Paz 1980.
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25 de mayo de 2009
La soberanía santafesina hace agua
Los negocios del Grupo Suez y los olvidos de peronistas y socialistas
*Por Carlos del Frade
La falta de agua en los barrios rosarinos, la sequía de los últimos meses en la mayoría de los departamentos del centro norte de la provincia y más del 30 por ciento de las comunas y ciudades de Santa Fe sin cloacas, son las consecuencias de una política que nunca tuvo en cuenta la soberanía del estado en relación a las multinacionales que durante los años noventa se llevaron millones de dólares y dejaron un fuerte costo ecológico, sanitario y social.
Tanto el justicialismo de Carlos Reutemann y Jorge Obeid, como el socialismo de Hermes Binner han desconocido la jurisprudencia y la legislación existente en relación al saqueo que produjo La Forestal cuando decidió el cierre de sus últimos ingenios en el año 1964.
La deliberada ignorancia sobre aquellas leyes y presentaciones judiciales deja a la provincia en el umbral de pagar entre 265 y 310 millones de dólares por la demanda presentada por el Grupo Suez por supuestos daños ocasionados por haber dejado sin efecto el contrato privatizador nacido en los últimos días de la primera gestión Reutemann.
Además de la sequía, la ausencia de redes cloacales y el daño ecológico, los franceses también nos harán cargo de aquellos papeles. Para el fiscal de estado de Santa Fe, Jorge Barraguirre –ex director del área de Asuntos Internacionales del gobierno de Néstor Kirchner- la ventaja es que la cuenta quizás la pague el estado nacional. Mezquina ventaja que no alcanza a tapar la ausencia de una política en defensa de los intereses santafesinos que ya tiene una historia que las fuerzas mayoritarias se niegan a conocer.
El 10 de setiembre de 1954 fue sancionada la ley provincial que prohibía a La Forestal Argentina SA “el retiro o traslado de las instalaciones, vías o plantas industriales existentes en La Gallareta, Tartagal, Villa Ana y Villa Guillermina, sin previa autorización del Poder Ejecutivo, en las condiciones a establecerse en el decreto reglamentario de la presente ley”.
La empresa debía indemnizar al estado santafesino por la explotación de los recursos naturales y humanos.
El 28 de febrero de 1963, sin embargo, La Forestal Argentina SA decidió el cierre de su último ingenio en La Gallareta (aunque el desmantelamiento se completó el 30 de setiembre de aquel año).
“Cumplido este primer paso de aniquilamiento de sus obrajes, de devastación de sus instalaciones y de despoblación de la zona, La Forestal Argentina SA, amparada por la obsecuencia de un gobierno de facto, carente por lo tanto de atribuciones constitucionales y servida por seudas comisiones de promoción y desarrollo, que a la postre no desarrollan a dar el paso decisivo con el que pretende aplastar total y definitivamente la zona de la que vino a servirse y a la que explotó, repito inicua e irracionalmente”; sostuvo el entonces diputado provincial de la democracia progresista, Anacarsis Acevedo en la sesión del 25 de octubre de aquel 1963.
En aquella sesión surgió la necesidad de “proyectar un plan de desarrollo y de reactivación económica, agrícola, ganadera y forestal de las zonas de: La Gallareta a Intiyaco y de Intiyaco a Villa Guillermina, e interesar a La Forestal Argentina SA a que tome parte activa en la ejecución de dicho plan, al que, en modo alguno, podrá permanecer ajeno el gobierno de la provincia”.
Frutos de estos debates nació la ley 6212 que creaba el Instituto Agrario, “manejado y dirigido por vecinos, tuvo preponderante desempeño hasta el estallido de la denominada revolución argentina que derrocó al doctor Arturo Illia en 1966”, apuntaba Acevedo.
La dictadura derogó la 6212, desobligó a La Forestal a colonizar y conminó a vender al gobierno del contralmirante Eladio Vázquez -a la sazón el titular del ejecutivo provincial santafesino- “no solo la tierra que comenzaba a trabajar por su exclusiva cuenta y riesgo sino también las 42 mil hectáreas de la estancia “Las Gamas”, que La Forestal no podía vender por ley, sino en unidades de 500 hectáreas, desarticulando todo el andamiaje y subvertido el régimen de adjudicación...Todo ello fue un rotundo fracaso de lo mucho que se esperó”, sostuvo Acevedo en setiembre de 1983 y agregaba que “esto no justifica diecisiete años de inercia, ni el trabajo que se tomaron otros para hacer las cosas bien, para beneficio del pueblo que había otorgado mandatos legítimos”.
Las políticas de los gobiernos de Carlos Reutemann, Jorge Obeid y Hermes Binner han desconocido esta historia santafesina de lucha en defensa de sus intereses soberanos para rendirse ante los capitales franceses.
Deberían haber denunciado al Grupo Suez por incumplimiento de contrato, contaminación ambiental y exigir una necesaria indemnización por costo ecológico y social, tal como lo decían aquellas leyes contra La Forestal de 1954 y 1964.
Santa Fe es acreedor del Grupo Suez, no es su deudor.
Sin embargo no se usó esta jurisprudencia.
Nos dejaron sin agua potable, sin cloacas, con un gran costo ecológico y social y ahora esperan cobrarnos el saqueo que perpetraron.
Esto es consecuencia de una ausente política soberana en defensa de los intereses santafesinos exhibida en los gobiernos peronistas y socialistas.
Una verdadera política basada en la memoria hubiera reflotado aquellas leyes y hoy los santafesinos estarían esperando cobrar en obras o en dinero todo lo que el Grupo Suez no hizo o se llevó.
El olvido planificado juega a favor de los intereses privados.
El Grupo Suez hace y deshace porque lo dejan hacer y deshacer.
Y eso se paga en la vida cotidiana de los barrios rosarinos y los hermosos y estragados departamentos del norte santafesino.
*Periodista, escritor y candidato a primer diputado nacional por Proyecto Sur – Socialismo Auténtico por la provincia de Santa Fe en las próximas elecciones del 28 de junio.
0341 155 196 286
0341 4851041
delfradec@ciudad.com.ar
www.postalesdelsur.net
*Por Carlos del Frade
La falta de agua en los barrios rosarinos, la sequía de los últimos meses en la mayoría de los departamentos del centro norte de la provincia y más del 30 por ciento de las comunas y ciudades de Santa Fe sin cloacas, son las consecuencias de una política que nunca tuvo en cuenta la soberanía del estado en relación a las multinacionales que durante los años noventa se llevaron millones de dólares y dejaron un fuerte costo ecológico, sanitario y social.
Tanto el justicialismo de Carlos Reutemann y Jorge Obeid, como el socialismo de Hermes Binner han desconocido la jurisprudencia y la legislación existente en relación al saqueo que produjo La Forestal cuando decidió el cierre de sus últimos ingenios en el año 1964.
La deliberada ignorancia sobre aquellas leyes y presentaciones judiciales deja a la provincia en el umbral de pagar entre 265 y 310 millones de dólares por la demanda presentada por el Grupo Suez por supuestos daños ocasionados por haber dejado sin efecto el contrato privatizador nacido en los últimos días de la primera gestión Reutemann.
Además de la sequía, la ausencia de redes cloacales y el daño ecológico, los franceses también nos harán cargo de aquellos papeles. Para el fiscal de estado de Santa Fe, Jorge Barraguirre –ex director del área de Asuntos Internacionales del gobierno de Néstor Kirchner- la ventaja es que la cuenta quizás la pague el estado nacional. Mezquina ventaja que no alcanza a tapar la ausencia de una política en defensa de los intereses santafesinos que ya tiene una historia que las fuerzas mayoritarias se niegan a conocer.
El 10 de setiembre de 1954 fue sancionada la ley provincial que prohibía a La Forestal Argentina SA “el retiro o traslado de las instalaciones, vías o plantas industriales existentes en La Gallareta, Tartagal, Villa Ana y Villa Guillermina, sin previa autorización del Poder Ejecutivo, en las condiciones a establecerse en el decreto reglamentario de la presente ley”.
La empresa debía indemnizar al estado santafesino por la explotación de los recursos naturales y humanos.
El 28 de febrero de 1963, sin embargo, La Forestal Argentina SA decidió el cierre de su último ingenio en La Gallareta (aunque el desmantelamiento se completó el 30 de setiembre de aquel año).
“Cumplido este primer paso de aniquilamiento de sus obrajes, de devastación de sus instalaciones y de despoblación de la zona, La Forestal Argentina SA, amparada por la obsecuencia de un gobierno de facto, carente por lo tanto de atribuciones constitucionales y servida por seudas comisiones de promoción y desarrollo, que a la postre no desarrollan a dar el paso decisivo con el que pretende aplastar total y definitivamente la zona de la que vino a servirse y a la que explotó, repito inicua e irracionalmente”; sostuvo el entonces diputado provincial de la democracia progresista, Anacarsis Acevedo en la sesión del 25 de octubre de aquel 1963.
En aquella sesión surgió la necesidad de “proyectar un plan de desarrollo y de reactivación económica, agrícola, ganadera y forestal de las zonas de: La Gallareta a Intiyaco y de Intiyaco a Villa Guillermina, e interesar a La Forestal Argentina SA a que tome parte activa en la ejecución de dicho plan, al que, en modo alguno, podrá permanecer ajeno el gobierno de la provincia”.
Frutos de estos debates nació la ley 6212 que creaba el Instituto Agrario, “manejado y dirigido por vecinos, tuvo preponderante desempeño hasta el estallido de la denominada revolución argentina que derrocó al doctor Arturo Illia en 1966”, apuntaba Acevedo.
La dictadura derogó la 6212, desobligó a La Forestal a colonizar y conminó a vender al gobierno del contralmirante Eladio Vázquez -a la sazón el titular del ejecutivo provincial santafesino- “no solo la tierra que comenzaba a trabajar por su exclusiva cuenta y riesgo sino también las 42 mil hectáreas de la estancia “Las Gamas”, que La Forestal no podía vender por ley, sino en unidades de 500 hectáreas, desarticulando todo el andamiaje y subvertido el régimen de adjudicación...Todo ello fue un rotundo fracaso de lo mucho que se esperó”, sostuvo Acevedo en setiembre de 1983 y agregaba que “esto no justifica diecisiete años de inercia, ni el trabajo que se tomaron otros para hacer las cosas bien, para beneficio del pueblo que había otorgado mandatos legítimos”.
Las políticas de los gobiernos de Carlos Reutemann, Jorge Obeid y Hermes Binner han desconocido esta historia santafesina de lucha en defensa de sus intereses soberanos para rendirse ante los capitales franceses.
Deberían haber denunciado al Grupo Suez por incumplimiento de contrato, contaminación ambiental y exigir una necesaria indemnización por costo ecológico y social, tal como lo decían aquellas leyes contra La Forestal de 1954 y 1964.
Santa Fe es acreedor del Grupo Suez, no es su deudor.
Sin embargo no se usó esta jurisprudencia.
Nos dejaron sin agua potable, sin cloacas, con un gran costo ecológico y social y ahora esperan cobrarnos el saqueo que perpetraron.
Esto es consecuencia de una ausente política soberana en defensa de los intereses santafesinos exhibida en los gobiernos peronistas y socialistas.
Una verdadera política basada en la memoria hubiera reflotado aquellas leyes y hoy los santafesinos estarían esperando cobrar en obras o en dinero todo lo que el Grupo Suez no hizo o se llevó.
El olvido planificado juega a favor de los intereses privados.
El Grupo Suez hace y deshace porque lo dejan hacer y deshacer.
Y eso se paga en la vida cotidiana de los barrios rosarinos y los hermosos y estragados departamentos del norte santafesino.
*Periodista, escritor y candidato a primer diputado nacional por Proyecto Sur – Socialismo Auténtico por la provincia de Santa Fe en las próximas elecciones del 28 de junio.
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0341 4851041
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24 de mayo de 2009
25 de Mayo de 2009
Por una VERDADERA SOBERANÍA, por una vida digna para todos.
A un año del bicentenario de la gloriosa Revolución de Mayo, la Argentina continúa en escencia siendo un país colonial; a causa de la entrega realizada por los diversos grupos económicos transnacionales y transnacionalizados, que actúan desde hace décadas en el país, y por la actual clase política cómplice de sus intereses. El saqueo y la corrupción van de la mano. Nuestros ferrocarriles destruidos. Nuestros recursos mineros arrasados por la Barrick Gold, nuestro Petróleo y Gas explotado y en vías de agotarse por Repsol, Shell y Petrobras, nuestros campos acaparados por inversores extranjeros dedicados a un monocultivo destructor y nuestros pobladores rurales envenenados por el glisfosato de Monsanto.
Sobre 500 grandes empresas radicadas en el país, hay 337 que son de capital extranjero. El año pasado declararon haberse llevado 8.000 millones de dólares como ganancias. Por otro lado en el pago de la deuda externa ilegítima se fue más del doble de ese monto de dinero.
Como contracara de esta inmensa concentración y saqueo de riquezas, que produce a costa de nuestros recursos naturales y con el trabajo de los argentinos, nos queda la desocupación, los salarios y jubilaciones de hambre, la miseria, los pibes que se nos mueren por desnutrición, la droga, la trata con secuestros casi cotidianos de adolescentes pobres, y la violencia e inseguridad social en todas sus formas.
PROYECTO SUR ES UN MOVIMIENTO POLÍTICO SOCIAL Y CULTURAL QUE HA DECIDIDO NO RESIGNARSE ANTE ESTA NUEVA FORMA DE COLONIALISMO. ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE SI NOS DECIDIMOS, PODREMOS RECUPERAR NUESTRAS HISTÓRICAS BANDERAS DE EMANCIPACIÓN, siguiendo los ejemplos que nos dan hoy algunos países hermanos de Latinoamérica como Bolivia o Ecuador.
Proyecto Sur Santa Fe
A un año del bicentenario de la gloriosa Revolución de Mayo, la Argentina continúa en escencia siendo un país colonial; a causa de la entrega realizada por los diversos grupos económicos transnacionales y transnacionalizados, que actúan desde hace décadas en el país, y por la actual clase política cómplice de sus intereses. El saqueo y la corrupción van de la mano. Nuestros ferrocarriles destruidos. Nuestros recursos mineros arrasados por la Barrick Gold, nuestro Petróleo y Gas explotado y en vías de agotarse por Repsol, Shell y Petrobras, nuestros campos acaparados por inversores extranjeros dedicados a un monocultivo destructor y nuestros pobladores rurales envenenados por el glisfosato de Monsanto.
Sobre 500 grandes empresas radicadas en el país, hay 337 que son de capital extranjero. El año pasado declararon haberse llevado 8.000 millones de dólares como ganancias. Por otro lado en el pago de la deuda externa ilegítima se fue más del doble de ese monto de dinero.
Como contracara de esta inmensa concentración y saqueo de riquezas, que produce a costa de nuestros recursos naturales y con el trabajo de los argentinos, nos queda la desocupación, los salarios y jubilaciones de hambre, la miseria, los pibes que se nos mueren por desnutrición, la droga, la trata con secuestros casi cotidianos de adolescentes pobres, y la violencia e inseguridad social en todas sus formas.
PROYECTO SUR ES UN MOVIMIENTO POLÍTICO SOCIAL Y CULTURAL QUE HA DECIDIDO NO RESIGNARSE ANTE ESTA NUEVA FORMA DE COLONIALISMO. ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE SI NOS DECIDIMOS, PODREMOS RECUPERAR NUESTRAS HISTÓRICAS BANDERAS DE EMANCIPACIÓN, siguiendo los ejemplos que nos dan hoy algunos países hermanos de Latinoamérica como Bolivia o Ecuador.
Proyecto Sur Santa Fe
La Nación, Santa Fe y el rol de los gobiernos
» Por Carlos Del Frade - candidato a diputado nacional de Proyecto Sur
Los grandes medios de comunicación de Buenos Aires anticipan que el resultado de las elecciones del próximo 28 de junio en la provincia de Santa Fe decidirá la suerte de dos potenciales candidatos a presidente de la Nación: Hermes Binner y Carlos Reutemann. El territorio santafesino, entonces, es clave en relación al futuro político del país.
De allí la necesidad de pensar qué ocurre en la vida cotidiana de los más de tres millones de habitantes en la provincia. Los últimos datos oficiales informan que los santafesinos producen más de 70.000 millones de pesos por año. Cifra que lleva el denominado producto bruto per cápita a casi 22.000 en doce meses.
En forma paralela, hay más de 611.000 chicas y chicos menores de 14 años sumergidos en la pobreza, de los cuales más de 301.000 son indigentes. Pibas y pibes que no comen bien o no viven en lugares adecuados o no pueden vestirse como corresponde o no asisten todos los días a la escuela.
Dos mapas superpuestos explican la situación de la provincia. Si se coloca la geografía santafesina que tiene áreas o parques industriales sobre cualquiera que presente la división política en departamentos, surge una evidencia: donde no hay industria se registran los más altos índices de desocupación y pobreza.
Así como sucede a nivel nacional, en la provincia se ha profundizado la concentración de riquezas, la extranjerización de la economía y el aumento de la indigencia. No es casual que en las últimas semanas haya aparecido la noticia de la exportación de casi 100 kilogramos de cocaína en el interior de los troncos de palos borrachos desde el castigado departamento de San Javier. Narcotráfico emergente en un lugar sin desarrollo industrial y que suele mencionarse en la ruta del turismo sexual con casi adolescentes desde principios de los años noventa. Pero este hecho puntual de San Javier se repite a lo largo y ancho de la provincia.
Al igual que el país, la explotación irracional de los recursos naturales en peligrosa combinación con el modelo extractivo de la soja y derivados con su consiguiente expansión de la frontera agrícola, presenta la pérdida de biodiversidad en la zona de islas, la casi extinción de la fauna ictícola y la desertificación de gran parte del territorio.
La secuencia sequía-inundación es el resultado de grandes negocios llevados a cabo por multinacionales que nunca indemnizaron al pueblo santafesino por los costos sociales y ecológicos que dejaron al territorio.
La ausencia del ferrocarril como medio de comunicación humano y no solamente como transporte de la riqueza al exterior, desarticuló el mercado interno y la incipiente industria local en varios puntos de la provincia.
Desde los años 90 en adelante, la precarización laboral es el documento de identidad de las mayorías trabajadoras. La estabilidad apenas llega a menos de la mitad de la población ocupada y las jornadas se extienden a más de 10 horas diarias.
Las fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, conviven con el delito cuando no lo fomentan, tal como surge del expediente que investigó el crimen de Sandra Cabrera en donde queda demostrado cómo integrantes de la policía federal y la santafesina explotan a las meretrices para vender drogas en las calles rosarinas. De allí que no habrá seguridad hasta tanto no haya una especie de CONADEP de esas mismas fuerzas que hoy promueven más la delincuencia que su prevención.
Por otro lado no hay democratización en los grandes medios de comunicación de la provincia, de allí la urgencia de discutir en profundidad no solamente el anteproyecto presentado por el oficialismo en torno a la denominada nueva ley de servicios de producción audiovisual sino también una revisión política y social en torno al rol que cumplen las grandes empresas periodísticas asentadas en las principales ciudades de Santa Fe.
Proyecto Sur Santa Fe, entonces, pelea en contra de la concentración de la riqueza y la tierra, el modelo extractivo y depredador de los recursos naturales, por la recuperación de un desarrollo industrial vinculado a las necesidades internas, del tren para todos, la educación pública, la democratización en los medios de comunicación, la universidad y la ciencia al servicio de las mayorías, trabajo digno, asignación universal por hijos, creación de audiencias públicas que controlen a los organismos nacionales y capitales privados desde las comunidades escolares construyendo escobas, espacios comunicacionales barriales, que debatan y sancionen a funcionarios que funcionan en relación a intereses minoritarios como expresión concreta de democratizar la democracia, por leyes que castiguen la evasión y elusión de ganancias y el lavado de dinero y que devuelva al estado provincial una herramienta financiera propia para impulsar el desarrollo con inclusión, la soberanía alimentaria y la creación de un ministerio de deporte a nivel nacional y otros tantos en los estados provinciales a fin de darle lugar y sentido colectivo a los destinos individuales de nuestros pibes.
Proyecto Sur Santa Fe hace política desde el amor y la bronca, del profundo amor por las construcciones políticas de nuestro pueblo que a lo largo de la historia ha generado sueños colectivos inconclusos como el yrigoyenismo, el peronismo, las experiencias de distintas organizaciones de izquierda, los ideales de nuestros 30 mil desaparecidos y la dignidad amanecida en diciembre de 2001.
Venimos a pelear por lo que queremos en contra de lo que no queremos.
Con la idea de recuperar la dimensión colectiva del afecto.
Por eso intentamos acercarnos a nuestro pueblo para cambiar y transformar la realidad.
Porque para que nuestros hijos tengan un futuro hay que recuperar lo que nos robaron, material y espiritualmente.
De eso se trata Proyecto Sur Santa Fe.
De eso hablamos cada uno de nosotros, mujeres y hombres que tenemos el orgullo y el desafío de ser candidatos a diputados y senadores nacionales por el estragado y, al mismo tiempo, fenomenal pueblo santafesino.
Los grandes medios de comunicación de Buenos Aires anticipan que el resultado de las elecciones del próximo 28 de junio en la provincia de Santa Fe decidirá la suerte de dos potenciales candidatos a presidente de la Nación: Hermes Binner y Carlos Reutemann. El territorio santafesino, entonces, es clave en relación al futuro político del país.
De allí la necesidad de pensar qué ocurre en la vida cotidiana de los más de tres millones de habitantes en la provincia. Los últimos datos oficiales informan que los santafesinos producen más de 70.000 millones de pesos por año. Cifra que lleva el denominado producto bruto per cápita a casi 22.000 en doce meses.
En forma paralela, hay más de 611.000 chicas y chicos menores de 14 años sumergidos en la pobreza, de los cuales más de 301.000 son indigentes. Pibas y pibes que no comen bien o no viven en lugares adecuados o no pueden vestirse como corresponde o no asisten todos los días a la escuela.
Dos mapas superpuestos explican la situación de la provincia. Si se coloca la geografía santafesina que tiene áreas o parques industriales sobre cualquiera que presente la división política en departamentos, surge una evidencia: donde no hay industria se registran los más altos índices de desocupación y pobreza.
Así como sucede a nivel nacional, en la provincia se ha profundizado la concentración de riquezas, la extranjerización de la economía y el aumento de la indigencia. No es casual que en las últimas semanas haya aparecido la noticia de la exportación de casi 100 kilogramos de cocaína en el interior de los troncos de palos borrachos desde el castigado departamento de San Javier. Narcotráfico emergente en un lugar sin desarrollo industrial y que suele mencionarse en la ruta del turismo sexual con casi adolescentes desde principios de los años noventa. Pero este hecho puntual de San Javier se repite a lo largo y ancho de la provincia.
Al igual que el país, la explotación irracional de los recursos naturales en peligrosa combinación con el modelo extractivo de la soja y derivados con su consiguiente expansión de la frontera agrícola, presenta la pérdida de biodiversidad en la zona de islas, la casi extinción de la fauna ictícola y la desertificación de gran parte del territorio.
La secuencia sequía-inundación es el resultado de grandes negocios llevados a cabo por multinacionales que nunca indemnizaron al pueblo santafesino por los costos sociales y ecológicos que dejaron al territorio.
La ausencia del ferrocarril como medio de comunicación humano y no solamente como transporte de la riqueza al exterior, desarticuló el mercado interno y la incipiente industria local en varios puntos de la provincia.
Desde los años 90 en adelante, la precarización laboral es el documento de identidad de las mayorías trabajadoras. La estabilidad apenas llega a menos de la mitad de la población ocupada y las jornadas se extienden a más de 10 horas diarias.
Las fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, conviven con el delito cuando no lo fomentan, tal como surge del expediente que investigó el crimen de Sandra Cabrera en donde queda demostrado cómo integrantes de la policía federal y la santafesina explotan a las meretrices para vender drogas en las calles rosarinas. De allí que no habrá seguridad hasta tanto no haya una especie de CONADEP de esas mismas fuerzas que hoy promueven más la delincuencia que su prevención.
Por otro lado no hay democratización en los grandes medios de comunicación de la provincia, de allí la urgencia de discutir en profundidad no solamente el anteproyecto presentado por el oficialismo en torno a la denominada nueva ley de servicios de producción audiovisual sino también una revisión política y social en torno al rol que cumplen las grandes empresas periodísticas asentadas en las principales ciudades de Santa Fe.
Proyecto Sur Santa Fe, entonces, pelea en contra de la concentración de la riqueza y la tierra, el modelo extractivo y depredador de los recursos naturales, por la recuperación de un desarrollo industrial vinculado a las necesidades internas, del tren para todos, la educación pública, la democratización en los medios de comunicación, la universidad y la ciencia al servicio de las mayorías, trabajo digno, asignación universal por hijos, creación de audiencias públicas que controlen a los organismos nacionales y capitales privados desde las comunidades escolares construyendo escobas, espacios comunicacionales barriales, que debatan y sancionen a funcionarios que funcionan en relación a intereses minoritarios como expresión concreta de democratizar la democracia, por leyes que castiguen la evasión y elusión de ganancias y el lavado de dinero y que devuelva al estado provincial una herramienta financiera propia para impulsar el desarrollo con inclusión, la soberanía alimentaria y la creación de un ministerio de deporte a nivel nacional y otros tantos en los estados provinciales a fin de darle lugar y sentido colectivo a los destinos individuales de nuestros pibes.
Proyecto Sur Santa Fe hace política desde el amor y la bronca, del profundo amor por las construcciones políticas de nuestro pueblo que a lo largo de la historia ha generado sueños colectivos inconclusos como el yrigoyenismo, el peronismo, las experiencias de distintas organizaciones de izquierda, los ideales de nuestros 30 mil desaparecidos y la dignidad amanecida en diciembre de 2001.
Venimos a pelear por lo que queremos en contra de lo que no queremos.
Con la idea de recuperar la dimensión colectiva del afecto.
Por eso intentamos acercarnos a nuestro pueblo para cambiar y transformar la realidad.
Porque para que nuestros hijos tengan un futuro hay que recuperar lo que nos robaron, material y espiritualmente.
De eso se trata Proyecto Sur Santa Fe.
De eso hablamos cada uno de nosotros, mujeres y hombres que tenemos el orgullo y el desafío de ser candidatos a diputados y senadores nacionales por el estragado y, al mismo tiempo, fenomenal pueblo santafesino.
23 de mayo de 2009
22 de mayo de 2009
Solanas: “No habrá crecimiento y desarrollo sino recuperamos nuestros recursos naturales y el crédito nacional”
» Por Redacción InfoSUR
El candidato a diputado nacional por Capital Federal respondió a las afirmaciones de la presidente argentina, Cristina Fernández, quien festejó el crecimiento de 2,3% de la economía argentina en los últimos meses, pese a la “catástrofe monumental y global” y recordó que el 2008 fue, en términos económicos, el mejor año de los argentinos. También inquirió a la oposición conservadora.
Ante esto, el primer candidato a diputado nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, advirtió: “Qué manera extraña de considerar a los argentinos que tiene la presidente. ¿Habrá querido decir que fue el mejor año de los argentinos o de los bancos, las mineras y las petroleras multinacionales, que fueron los sectores que más facturaron el año pasado? ¿Dónde está la Argentina del valor agregado cuando lo que crece es la concentración económica y cuando todavía tenemos más del 40% de trabajadores en negro, 14 millones de pobres y 4 millones de indigentes?”, se preguntó Solanas.
Frente a este panorama, Solanas inquirió: “¿Cuál es la propuesta de la oposición conservadora para recuperar el empleo y revertir el avance de la pauperización social? ¿Volver al FMI como sugiere el candidato de Carrió Prat Gay, quien encubrió el robo de los ahorros de miles de ciudadanos como uno de los principales asesores de la Banca Morgan en 2001? ¿Acaso el empresario Macri tiene un plan que no sea enriquecerse costa de los subsidios y negocios espurios de la “patria contratista” como hizo su familia? No habrá crecimiento y desarrollo sino recuperamos nuestros recursos naturales y el crédito nacional para ponerlos al servicio de la reconstrucción de las industrias públicas. Sólo así podremos volver a tener un país con un desarrollado complejo industrial-tecnológico con producción científica del y para el país, en el marco de la cooperación con el resto de los países de nuestro continente.”
El candidato a diputado nacional por Capital Federal respondió a las afirmaciones de la presidente argentina, Cristina Fernández, quien festejó el crecimiento de 2,3% de la economía argentina en los últimos meses, pese a la “catástrofe monumental y global” y recordó que el 2008 fue, en términos económicos, el mejor año de los argentinos. También inquirió a la oposición conservadora.
Ante esto, el primer candidato a diputado nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, advirtió: “Qué manera extraña de considerar a los argentinos que tiene la presidente. ¿Habrá querido decir que fue el mejor año de los argentinos o de los bancos, las mineras y las petroleras multinacionales, que fueron los sectores que más facturaron el año pasado? ¿Dónde está la Argentina del valor agregado cuando lo que crece es la concentración económica y cuando todavía tenemos más del 40% de trabajadores en negro, 14 millones de pobres y 4 millones de indigentes?”, se preguntó Solanas.
Frente a este panorama, Solanas inquirió: “¿Cuál es la propuesta de la oposición conservadora para recuperar el empleo y revertir el avance de la pauperización social? ¿Volver al FMI como sugiere el candidato de Carrió Prat Gay, quien encubrió el robo de los ahorros de miles de ciudadanos como uno de los principales asesores de la Banca Morgan en 2001? ¿Acaso el empresario Macri tiene un plan que no sea enriquecerse costa de los subsidios y negocios espurios de la “patria contratista” como hizo su familia? No habrá crecimiento y desarrollo sino recuperamos nuestros recursos naturales y el crédito nacional para ponerlos al servicio de la reconstrucción de las industrias públicas. Sólo así podremos volver a tener un país con un desarrollado complejo industrial-tecnológico con producción científica del y para el país, en el marco de la cooperación con el resto de los países de nuestro continente.”
19 de mayo de 2009
Seguridad
por Carlos del Frade (APE)
El desaforado coro de los grandes medios de comunicación clama por seguridad a costo de lo que sea.
Hipocresía tan monumental como los intereses que representan.
Cada uno de los tres oligopolios de la prensa argentina factura más de dos mil pesos cada sesenta segundos.
Y aunque el gobierno nacional cacaree un supuesto combate contra los mismos ha dejado en pie un decreto que los naturaliza hasta 2015.
Lo que no dicen ni el gobierno nacional ni del principal estado argentino, la administración de la provincia de Buenos Aires, como tampoco lo hacen las empresas que explotan el servicio audiovisual es que no habrá seguridad alguna mientras los encargados de producirla trabajan para el delito.
Y una vez más es la provincia de Buenos Aires el escenario indicado para mostrar la perversión de la realidad.
“Miembros del Servicio Penitenciario bonaerense usan a los presos como ‘grupos de tareas’ a cambio de drogas, armas y permisos. Los presos ‘apretados’ se sacaron fotos con el celular de un guardiacárcel: allí se los ve con alcohol, drogas y facas, dentro de la celda”, dice la noticia.
-Tomo conocimiento por diversas circunstancias que el personal penitenciario estaría vendiendo facas y drogas a los detenidos… Dicho personal estaría permitiendo, promoviendo y amparando hechos de violencia entre la población allí alojada de modo tal de hacer posibles distintos negocios entre ellos -escribió Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal del Departamento Judicial de San Martín el 25 de noviembre de 2008.
Terminaba diciendo que “todos los hechos denunciados estarían en pleno conocimiento del director y del segundo jefe del área de seguridad así como también del jefe del penal, quienes no sólo no pueden desconocer lo que pasa en el interior de la Unidad 46, en su posición de garantes, sino que además han sido alertados más de una vez sobre tales hechos y, lejos de haber implementado acciones con objeto de controlar o disminuir los hechos de violencia, los han alentado, amparado y permitido”.
No hay lugar a dudas.
Integrantes del Servicio Penitenciario de La Bonaerense promueven el delito en beneficio propio.
No se trata de papeles políticos de la oposición sino de expedientes judiciales del propio estado.
También hay fotografías que muestran los encargos que el personal policial les hace a los detenidos: whisky, facas, marihuana y cocaína.
Uno de los presos, Gómez Bogado, declaró: “El 20 de diciembre de 2008 me mandaron a llamar a mí y a mis compañeros el subjefe del penal, Machado, el jefe Acosta y el director Sosa. Nos dieron las facas y la droga: marihuana, un par de pastillas y unos gramos de merca, y nos dijeron que si en algún momento necesitaban algo, nos iban a avisar. A fines de diciembre nos pidieron que les diéramos un par de puñaladas a Alegre y a la mujer porque estaban molestando con las visitas y con el Comité de la Tortura.
Nos dijeron que si se nos iba la mano, no habría problemas”, apuntaron.
La seguridad es consecuencia de una sociedad con justicia, trabajo, educación y salud para todos. Algo que está muy lejos de las preocupaciones cotidianas de aquellos que dicen ser los encargados de producirla. Algo huele a podrido en el principal estado de la Argentina.
El desaforado coro de los grandes medios de comunicación clama por seguridad a costo de lo que sea.
Hipocresía tan monumental como los intereses que representan.
Cada uno de los tres oligopolios de la prensa argentina factura más de dos mil pesos cada sesenta segundos.
Y aunque el gobierno nacional cacaree un supuesto combate contra los mismos ha dejado en pie un decreto que los naturaliza hasta 2015.
Lo que no dicen ni el gobierno nacional ni del principal estado argentino, la administración de la provincia de Buenos Aires, como tampoco lo hacen las empresas que explotan el servicio audiovisual es que no habrá seguridad alguna mientras los encargados de producirla trabajan para el delito.
Y una vez más es la provincia de Buenos Aires el escenario indicado para mostrar la perversión de la realidad.
“Miembros del Servicio Penitenciario bonaerense usan a los presos como ‘grupos de tareas’ a cambio de drogas, armas y permisos. Los presos ‘apretados’ se sacaron fotos con el celular de un guardiacárcel: allí se los ve con alcohol, drogas y facas, dentro de la celda”, dice la noticia.
-Tomo conocimiento por diversas circunstancias que el personal penitenciario estaría vendiendo facas y drogas a los detenidos… Dicho personal estaría permitiendo, promoviendo y amparando hechos de violencia entre la población allí alojada de modo tal de hacer posibles distintos negocios entre ellos -escribió Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal del Departamento Judicial de San Martín el 25 de noviembre de 2008.
Terminaba diciendo que “todos los hechos denunciados estarían en pleno conocimiento del director y del segundo jefe del área de seguridad así como también del jefe del penal, quienes no sólo no pueden desconocer lo que pasa en el interior de la Unidad 46, en su posición de garantes, sino que además han sido alertados más de una vez sobre tales hechos y, lejos de haber implementado acciones con objeto de controlar o disminuir los hechos de violencia, los han alentado, amparado y permitido”.
No hay lugar a dudas.
Integrantes del Servicio Penitenciario de La Bonaerense promueven el delito en beneficio propio.
No se trata de papeles políticos de la oposición sino de expedientes judiciales del propio estado.
También hay fotografías que muestran los encargos que el personal policial les hace a los detenidos: whisky, facas, marihuana y cocaína.
Uno de los presos, Gómez Bogado, declaró: “El 20 de diciembre de 2008 me mandaron a llamar a mí y a mis compañeros el subjefe del penal, Machado, el jefe Acosta y el director Sosa. Nos dieron las facas y la droga: marihuana, un par de pastillas y unos gramos de merca, y nos dijeron que si en algún momento necesitaban algo, nos iban a avisar. A fines de diciembre nos pidieron que les diéramos un par de puñaladas a Alegre y a la mujer porque estaban molestando con las visitas y con el Comité de la Tortura.
Nos dijeron que si se nos iba la mano, no habría problemas”, apuntaron.
La seguridad es consecuencia de una sociedad con justicia, trabajo, educación y salud para todos. Algo que está muy lejos de las preocupaciones cotidianas de aquellos que dicen ser los encargados de producirla. Algo huele a podrido en el principal estado de la Argentina.
17 de mayo de 2009
Apuntes sobre la propuesta de Proyecto de Ley Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por Carlos del Frade
“Los medios justifican el sistema”, sostuvo el periodista y escritor uruguayo, Eduardo Galeano, a mediados de los años noventa. Las grandes empresas dedicadas a la información y al entretenimiento producen valores que consolidan la actual estructura social: concentración de riquezas en pocas manos y resignación de las mayorías ante un esquema que deben considerar como si fuera un orden natural y, por lo tanto, inmodificable. Los grandes medios de comunicación en la Argentina facturan miles de pesos por minuto y, de tal forma, son parte de las minorías dominantes. De allí que la discusión por una nueva ley de radiodifusión es una forma de discutir el poder real en estos crepusculares días de 2009.
A este debate habrá que sumar a miles de trabajadores de prensa que a lo largo de los últimos veinte años soportan inestabilidad laboral, censuras, malos salarios y el régimen de la noticia obediente: hay que pedir permiso para informar. No sea cosa que se lesionen las susceptibilidades de distintos factores de poder, sean públicos o privados. Una breve historia de las leyes de radiodifusión en la Argentina permitirá apreciar que no se trata de algo menor, sino de herramientas capaces de modificar el sentido común de las mayorías en estos arrabales del mundo. Este es el objetivo de las próximas líneas. La palabra trabajadores está presente en sólo tres oportunidades en el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a lo largo de sus once títulos y 148 artículos. Tampoco aparece con claridad la necesidad de presionar sobre lo privado, impulsar el federalismo desde lo municipal, garantizar la participación ciudadana en el control de los contenidos de los grandes medios audiovisuales privados o democratizar en serio el acceso a la información. Igualmente hay que apoyar la iniciativa y discutir su redacción final.
Apuntes
*ARTÍCULO 2º
Carácter y alcances de la definición.
“La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”.
La actividad definida como “de interés público” resulta ambigua en el contexto de la historia de los últimos veinte años.
Los llamados servicios públicos que dependían del estado fueron transferidos a oligopolios privados nacionales e internacionales porque fueron considerados de esa manera: “interés público”.
Sería necesario calificar los servicios de comunicación audiovisual como bienes públicos inalienables e imprescriptibles cuya propiedad es de la nación argentina. Es decir, abrevar en la Constitución de 1949 en su artículo 40.
“...A tal efecto, la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión”.
Una vez más aparece el término de interés público.
Dada la evolución del derecho colectivo sería interesante pensar en alguna acepción más amplia y precisa que, por ejemplo, contenga el interés difuso que corresponde a cualquier habitante del país más allá de cualquier consideración institucional.
“El objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en la presente es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de su prestación”.
Acceso y participación no es sinónimo de libertad a la hora de elegir el destino de la producción comunicacional. No hay igualdad si no se garantiza la circulación de la información.
“...Toda persona que acredite interés legítimo podrá requerir a la Autoridad de Aplicación competente el cumplimiento por parte de los servicios de comunicación audiovisual de las obligaciones previstas en esta ley. Este derecho incluye el de participar en las audiencias públicas establecidas como requisito de prórrogas de licencias, entre otras”.
Reaparece la idea del interés “legítimo”, calificativo que siempre es utilizado para restringir el acceso a la información.
De allí que el Sindicato de Prensa de Rosario, por ejemplo, haya estado batallando durante años para que el senado de la provincia de Santa Fe dictara una ley de acceso a la información pública para cualquier habitante que lo desee y, sin embargo, las barreras fueron colocadas a través de ese adjetivo: interés “legítimo”. El texto de la ley debería decir “toda persona que acredite interés podrá requerir a la...” o reemplazar el adjetivo que tiene derivaciones judiciales a alguno más vinculado al espíritu democratizante que efectivamente tiene este proyecto.
*ARTÍCULO 3º
Objetivos.
“La presente ley establece para los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos:
a) La promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución Nacional;
b) La promoción del federalismo y la Integración Regional Latinoamericana;
c) La difusión de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional;
d) La defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos;
e) La construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, que priorice la alfabetización mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías;
f) La promoción de la expresión de la cultura popular y el desarrollo cultural, educativo y social de la población;
g) El ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la información pública;
h) La actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos;
i) La participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas. El fortalecimiento de acciones que contribuyan al desarrollo cultural y educativo de las localidades donde se insertan y la producción de estrategias formales de educación masiva y a distancia, estas últimas bajo el contralor de las jurisdicciones educativas correspondientes;
j) El desarrollo de una industria nacional de contenidos que preserve y difunda el patrimonio cultural y la diversidad de todas las regiones y culturas que integran la Nación;
k) La administración del espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas”.
Estos objetivos dejan de lado los derechos de los propios trabajadores de prensa a la hora de discutir los contenidos de las empresas en las que producen. Una ausencia que va de la mano de la posibilidad de demandar información pública pero que no contiene una alternativa a la hora de conocer informaciones privadas de indudable repercusión colectiva (decisiones en clubes de fútbol, grandes medios de comunicación, balances empresariales y otras cuestiones).
*CAPÍTULO II
DEFINICIONES
ARTÍCULO 4º
Definiciones.
“A los efectos de la presente ley se considera:
Comunicación Audiovisual: la actividad cultural cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador de un servicio de comunicación audiovisual, o productor de señales o contenidos cuya finalidad es proporcionar programas o contenidos con el objeto de informar, entretener o educar al público en general a través de redes de comunicación electrónicas. Comprende la radiodifusión televisiva, hacia receptores fijos, hacia receptores móviles, como así también servicios de radiodifusión sonora, independientemente del soporte utilizado, o por servicio satelital; con o sin suscripción en cualquiera de los casos”.
El proyecto de ley garantiza la potestad empresarial del prestador de un servicio de comunicación audiovisual, como la única en fijar responsabilidad editorial. Quiere decir que el productor de contenidos -mayoritariamente los trabajadores de prensa- y los receptores de los mismos -el universo de oyentes y televidentes- no pueden participar en la decisión sobre la utilización de los contenidos. Estas ausencias favorecen a los sectores más acomodados de la sociedad. Al decir de Scalabrini Ortiz, “si algo no está legislado a favor de los trabajadores, está en su contra”.
*TÍTULO II
“AUTORIDADES DE APLICACIÓN
CAPÍTULO I
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
ARTÍCULO 10
Autoridad de Aplicación.
Créase en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL, dependiendo de la SECRETARÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, como Autoridad de Aplicación de la presente ley.
*ARTÍCULO 11
Naturaleza y domicilio.
“La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL gozará de autarquía y poseerá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier título. Tendrá su sede principal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá establecer al menos una delegación en cada provincia o región de ellas o ciudad, con un mínimo de una delegación cada QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes”.
En estos artículos surge la necesidad política de discutir legitimidad política en torno a la llamada “Autoridad Federal” y la realidad concreta del federalismo en la Argentina.
¿La sujeción al poder ejecutivo nacional garantiza el necesario pluralismo que debe tener ese organismo?.
¿No sería mejor una institución regida desde el Poder Legislativo nacional?.
Y, por otra parte, la experiencia histórica concreta pone en discusión el modelo de delegaciones en distintas ciudades del país.
Quizás habría que explorar alguna forma de delegación de la autoridad en los parlamentos locales como, por ejemplo, los concejos municipales.
Serviría, por otro lado, para controlar con mayor frecuencia y rigurosidad los hechos y desechos que producen los licenciatarios que explotan los servicios audiovisuales.
“i) Velar por el desarrollo de una sana competencia y la promoción de la existencia de los más diversos medios de comunicación que sea posible, para favorecer el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y la comunicación;”.
Este es un artículo que exhibe una profunda inocencia y un gran candor.
Hablar de “sana competencia” entre los medios de comunicación de la Argentina no parece estar ajustado a la realidad histórica. Para ello será necesario un control estatal fuerte y decidido que agregue como actor fundamental al llamado activismo social o ciudadano. No puede quedar solamente resignado a comisiones burocrática.
*CAPÍTULO II
CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
ARTÍCULO 15
“Consejo Federal de Comunicación Audiovisual
Créase, en el ámbito de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, el CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, el cual tendrá las siguientes misiones y funciones:
“...e) Brindar a la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, un informe anual sobre el estado de cumplimiento de la ley y del desarrollo de la radiodifusión en la Republica Argentina”...
El informe anual opera como una garantía de impunidad.
Ese cumplimiento de la ley debe merecer, por lo menos, audiencias públicas de seguimiento cada tres meses y generadas desde escuelas o concejos municipales. Una vez más se hace fundamental pensar la articulación de la ley desde lo más cercano a lo más lejano. No solamente por una cuestión de federalismo sino también de democratización en serio.
*CAPÍTULO III
COMISION BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
*CAPÍTULO IV
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
ARTÍCULO 19
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Créase la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, que tendrá las siguientes misiones y funciones:
“...b) Llevar un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentados por los usuarios en forma pública o privada y a través, asimismo, de los medios habilitados a tal efecto;
c) Convocar a las organizaciones intermedias públicas o privadas, centros de estudios e investigación u otras entidades de bien público en general, para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación;
d) Realizar un seguimiento de los reclamos y denuncias presentados e informar a las autoridades competentes, a los interesados, a la prensa y al público en general sobre sus resultados;
e) Presentar ante la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL un informe anual de las actuaciones de la Defensoría;
f) Convocar a audiencias públicas en diferentes regiones del país a efecto de evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión y participar en aquellas previstas por la presente o convocadas por las autoridades en la materia;
g) Proponer modificaciones de normas reglamentarias en las áreas vinculadas con su competencia o cuestionar judicialmente la legalidad o razonabilidad de las existentes o que se dicten en el futuro, sin plazo de caducidad, dejando a salvo el respeto a la autoridad de cosa juzgada judicial;
h) Formular recomendaciones públicas a las autoridades con competencia en materia de radiodifusión;
i) Representar los intereses del público y de la colectividad, en forma individual o en su conjunto, en sede administrativa o judicial, con legitimación procesal en virtud de la cual puede solicitar la anulación de actos generales o particulares, la emisión, modificación o sustitución de actos, y otras peticiones cautelares o de fondo necesarias para el mejor desempeño de su función.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual se expresará a través de recomendaciones públicas a los titulares, autoridades o profesionales de los medios de comunicación social contemplados en esta ley, o de presentaciones administrativas o judiciales recabando en las que se les ordene ajustar sus comportamientos al ordenamiento jurídico en cuanto se aparten de él, en los casos ocurrentes”.
No puede ser un informe anual ni tampoco no tener en cuenta las observaciones de los trabajadores de prensa de los medios.
Esas ausencias favorecen cualquier tipo de maniobras de parte de los propietarios de las empresas.
*ARTÍCULO 23
Requisitos para obtener una licencia.
“Las licencias se adjudicarán a las personas incluidas en el artículo 21 inciso b) de la presente y personas de derecho público no estatales.
c) No haber sido funcionario de gobiernos de facto, en los rangos que a la fecha prevé el artículo 5º de la Ley Nº 25.188 o las que en el futuro la modifiquen o reemplacen;
d) Poder demostrar el origen de los fondos comprometidos en la inversión a realizar;
e) No estar incapacitado o inhabilitado, civil y/o penalmente, para contratar o ejercer el comercio, ni haber sido condenado por delito doloso, de acción pública o instancia privada;
f) No ser deudor moroso de obligaciones fiscales, previsionales, sindicales o de seguridad social, ni ser deudor del gravamen y/o multas instituidas en la presente ley”.
¿Qué pasa con aquellos licenciatarios que reaparecen después de haber quebrado o vaciado algún medio?.
¿Cómo deberían probar que no harán lo mismo?.
“IV.- Los grados de control societario, como así también los grados de vinculación societaria directa e indirecta, deberán ser acreditados en su totalidad, a los fines de permitir a la Autoridad de Aplicación el conocimiento fehaciente de la conformación de la voluntad social”.
Esta exigencia se hace fundamental y debería completarse con algún mecanismo que garantice la transparencia de las actividades privadas, de allí la necesidad de hablar de libre acceso a todo tipo de información y no solamente a la oficial.
*ARTÍCULO 24
Capital social.
“Para las personas de existencia ideal mencionadas en la presente ley, serán de aplicación las previsiones establecidas en el artículo 2º primer y segundo párrafo de la Ley Nº 25.750
“Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero hasta un máximo del TREINTA POR CIENTO (30%) del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del TREINTA POR CIENTO (30%) siempre que este porcentaje no signifique poseer directa o indirectamente el control de la voluntad societaria.
“La participación mayor de capital de origen extranjero se permitirá a condición de que existan Tratados Internacionales en los que la Nación sea parte, en los cuales se establezca reciprocidad con el país de origen del capital o de las personas físicas o jurídicas que aporten dicho capital con respecto a los capitales o personas físicas o jurídicas argentinas para prestar servicios de radiodifusión en condiciones iguales a las establecidas en esta ley”.
¿Cómo se logrará acceder al circuito privado del negocio de acciones que convierten las propiedades supuestamente nacionales en extranjeras?.
No queda claro.
*CAPÍTULO II
RÉGIMEN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
ARTÍCULO 28
“Adjudicación de licencias para servicios que utilizan espectro radioeléctrico.
Las licencias correspondientes a los servicios de radiodifusión no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico, contemplados en esta ley, serán adjudicadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante el régimen de concurso abierto y permanente.
“Para las convocatorias se deberán adoptar criterios flexibles que permitan la optimización del recurso por aplicación de nuevas tecnologías con el objeto de facilitar la incorporación de nuevos participantes en la actividad”.
¿Quiénes y cómo fijarán los límites de la flexibilidad para esos criterios que terminarán siendo la base de las nuevas tecnologías?.
*ARTÍCULO 38
Multiplicidad de licencias.
“A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias.
En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto a los siguientes límites:
1. En el orden nacional:
a. Hasta DIEZ (10) licencias de radiodifusión más la titularidad de una señal de servicios audiovisuales, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico -excluyendo servicios sobre soporte satelital-;
b. Hasta VEINTICUATRO (24) licencias, sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia otorgada, cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. La Autoridad de Aplicación determinará los alcances territoriales y de población de las licencias.
La multiplicidad de licencias -a nivel nacional y para todos los servicios - en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda.
2. En el orden local:
a. Hasta UNA (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM);
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b. Hasta DOS (2) licencias de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) en tanto existan más de OCHO (8) licencias en el área primaria de servicio;
c. Hasta UNA (1) licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta;
d. Hasta UNA (1) licencia de radiodifusión televisiva abierta siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión por suscripción;
En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de TRES (3) licencias.
Podrá acumularse la titularidad de servicios de radiodifusión con la titularidad de UNA (1) señal de servicios audiovisuales.
Los prestadores de servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de señales, con excepción de la señal de generación propia, salvo lo contemplado en el apartado 1 subapartado (a) de este artículo.
Cuando el titular de un servicio solicite la adjudicación de otra licencia en la misma área o en un área adyacente con amplia superposición, no podrá otorgarse cuando el servicio solicitado utilice la única frecuencia disponible en dicha zona”.
Estos artículos señalan la necesidad de tonificar las delegaciones locales de la Autoridad Federal o bien convertirla en una herramienta parlamentaria nacional, provincial y municipal al mismo tiempo.
Si no, será imposible que se puedan controlar las operaciones que realicen los licenciatarios.
*ARTÍCULO 40.
“Prácticas de concentración indebida.
“Previo a la adjudicación de licencias o a la autorización para la cesión de acciones o cuotas partes, se deberá verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social.
“El régimen de multiplicidad de licencias previsto en esta ley no podrá alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que, en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, se establezcan ahora o en el futuro.
“Se considera incompatible la titularidad de licencias de distintas clases de servicios entre sí cuando no den cumplimiento a los límites establecidos en los artículos 38, 39, y concordantes de la presente ley”.
Este artículo debe complementarse con la necesidad de transparentar los actores de la comunicación privada y su participación en otros negocios como la explotación petrolera o eléctrica, como sucede -por ejemplo- con el Grupo Uno.
*ARTÍCULO 47
Registro de accionistas
“El registro de accionistas de las sociedades por acciones deberá permitir verificar en todo momento, el cumplimiento de las disposiciones relativas a la titularidad del capital accionario y las condiciones de los accionistas. El incumplimiento de esta disposición configurará falta grave”.
Ese registro de accionistas es una información pública de primera necesidad. Debería darse a conocer por todos los medios posibles cada tres meses, por lo menos.
*ARTÍCULO 50
“Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias.
La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, llevará el Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias, cuya inscripción será obligatoria para la comercialización de espacios en los servicios de radiodifusión. La reglamentación determinará los datos registrales a completar por las mismas y cuales deberán ser públicos”.
Hace falta agregar la necesidad de democratizar las pautas de los estados (nacional, provinciales y municipales) hacia todos los medios audiovisuales y avanzar -tal como se está estudiando en Europa- hacia criterios de democratizar las tortas privadas de publicidad.
*ARTÍCULO 146
Derogación.
“Deróganse la Ley Nº 22.285, el artículo 65 de la Ley Nº 23.696, los Decretos Nº 1656/92, 1062/98, 1005/99; los artículos 4º, 6º, 7º, 8º y 9º del Decreto Nº 94/2001, los artículos 10º y 11 del Decreto Nº 614/01 y los Decretos Nº 2368/02, 1214/03 y el Decreto Nº 62/90 en lo pertinente”.
Este artículo no hace mención al decreto 527, de mayo de 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, que suspendió el plazo que exigía un nuevo llamado a licitación para explotar los medios audiovisuales de comunicación. La consecuencia fue una prórroga de diez años a esos mismos grupos.
Sin esa derogación, los oligopolios que manejan y concentran la información en la Argentina seguirán presentando la realidad a imagen y semejanza de sus intereses.
Breve historia de leyes comunicacionales
La primera reglamentación nacional sobre radiodifusión viene de la década infame.
En 1933, el poder ejecutivo nacional sancionó el decreto 21.004 con el objetivo de “regular todas las radiocomunicaciones del país, aplicándoselo también a la radiodifusión. Contenía normas técnicas, operativas y también sobre los contenidos de los mensajes. Con este decreto y algunas resoluciones complementarias que dictaba la Dirección General de Correos y Telégrafos para los casos novedosos especiales, se mantuvo en un hacer ordenado a esta actividad”.
Sin embargo, el desarrollo de la radio en la Argentina, como más tarde sucedería con la televisión, estuvo vinculada a las empresas de electrodomésticos estadounidenses y europeos que, como en otros terrenos, competían por el mercado argentino.
La dictadura de Uriburu y Castillo generaban poca información sobre el saqueo del país y de allí que el gran género popular fue el radioteatro, por un lado, y las crónicas existenciales como las “Aguafuertes” de Roberto Arlt, por el otro.
Fueron los tiempos en que la prensa política tuvo un amplio desarrollo a partir de las publicaciones anarquistas y, en forma paralela, la difusión de los llamados cuadernos de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), entre los cuales hay que destacar los notables trabajos de Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche.
Pero la primera ley específica para radiodifusión fue dictada en 1953, durante el segundo gobierno de Juan Perón. Fue la número 14.241 y le daba poder al estado “sobre los sistemas en funcionamiento y los agrupa en tres redes nacionales para cubrir todo el territorio. Estas redes fueron adjudicadas por concurso público a tres empresas en ese momento: Red A “Empresa Editorial Haynes”; Red B “Asociación Promotores de Telerradiodifusión SA” y Red C, “La Razón Editorial, Emisora, Financiera y Comercial”.
El golpe de 1955 eliminó aquella ley y dos años después dictó el decreto 15.460 que privatizó el servicio de telerradiodifusión. Ya no había redes, sino licencias individuales. El estado comenzaba a ser un espectador. Un cómplice de lo que comenzaba a suceder en los grandes medios de comunicación que llegarían a partir de los años sesenta de la mano de las tres fuerzas armadas, expresiones de las clases dominantes.
En 1972, hubo otro decreto ley de la dictadura saliente de Alejandro Lannuse, el 19.798 que llevó el pomposo nombre de Ley de Telecomunicaciones. Aunque se hablaba de la intervención del estado respetaba la propiedad privada de los licenciatarios de la segunda parte de la década del cincuenta.
En setiembre de 1980, fue dictada - en medio del terrorismo de estado y en pleno corazón de la matriz matar para robar, mentir para ocultar - la actual ley 22.285. Confirmaba la privatización de los grandes medios de comunicación y establecía las bases para la mercantilización de la información que sería garantizada y profundizada por las modificaciones realizadas durante los años noventa.
Concentración de riquezas en pocas manos, concentración de tierras, concentración bancaria, extranjerización de la economía, concentración de medios de comunicación en pocas empresas. Así nacieron los multimedios. El grupo Clarín, el grupo Telefónica y el grupo Vila, compuesto por los hermanos Vila y su principal operador político, José Luis Manzano, el ex ministro del Interior del menemismo. Tres empresas que concentran alrededor de 200 medios de comunicación. Menos de veinte personas que le manejan la cabeza, de manera cotidiana, que le dicen en qué pensar y en qué no pensar, a más de veinte millones de argentinos.
Noticias y dinero
“El proyecto oficial para los medios audiovisuales desató la polémica. Le da al Gobierno poder discrecional para condicionar a la prensa”, fue la noticia que publicó el diario “Clarín”, el viernes 20 de marzo de 2009.
El matutino es la nave insignia de uno de los principales oligopolios que concentra decenas de medios radiales, televisivos y gráficos en la gran mayoría de las provincias argentinas.
El grupo, denominado AGEA Clarín facturó durante el período 2007 - 2008, por 1.178 millones de pesos, ocupando el puesto 102 entre las mil empresas que más facturan en la Argentina, según el tradicional y reconocido ranking que realiza todos los años la revista “Mercado”.
Semejante volumen de dinero equivale a facturar 2.272 pesos cada sesenta segundos, más de setecientos dólares por minuto.
“Clarín” no es solamente una fenomenal herramienta de producción de sentido a través de las noticias y entretenimientos, sino que forma parte de la minoría económica que concentra la riqueza.
Los grandes medios de comunicación, entonces, forman parte de las clases dominantes.
Un rápido repaso de las otras grandes marcas comunicacionales profundizan el concepto: Cablevisión, ubicada en el puesto 46, facturó 2.613 millones de pesos, a razón de 5.040 pesos cada sesenta segundos.
Multicanal, número 104, facturó por 1.168 millones de pesos; 2.253 pesos por minuto.
“La Nación”, el grupo que tiene al diario inventado por el inventor de la historia oficial argentina, Bartolomé Mitre -el mismo del billete de dos pesos-, facturó por 482 millones de pesos, logrando el puesto 236 entre las mil empresas que más venden en la Argentina. Un total de 929 pesos cada minuto.
“Supercanal”, del grupo Vila - Manzano - Vignatti, ubicado en el puesto 259, facturó por 460 millones de pesos, 887 pesos cada sesenta segundos.
“Telefé”, del grupo Telefónica, ubicado en el ranking 350, facturó por 320 millones de pesos, 617 pesos por minuto.
“Torneos y Competencias”, también una sociedad vinculada con Clarín, 501 en la tabla, facturó por 212 millones de pesos, es decir 408 pesos por minuto.
Canal 9, de capitales mexicanos, apostado en el sitio 787, facturó por 128 millones de pesos, a razón de 246 pesos cada sesenta segundos.
“América TV”, puesto 848, con una facturación de 117 millones de pesos, 225 pesos por minuto.
Y en el puesto 900, “La Voz del Interior”, 110 millones de pesos, 212 por minuto.
Los grandes medios de comunicación de la Argentina, entonces, forman parte del conglomerado de las grandes empresas, de la llamada burguesía argentina.
Su función es mantener el esquema cultural necesario para garantizar semejante concentración de riquezas en pocas manos.
Un proyecto de radiodifusión democrático, de hecho, debería romper con esta concentración de poder económico y político.
¿Realmente el kircherismo producirá esos cambios, irá a fondo en esta pelea o, como en la mayoría de los casos, dirá un discurso progresista -por un lado- y mantendrá invicta e intocable la estructura de los años noventa -por el otro?.
“Los medios justifican el sistema”, sostuvo el periodista y escritor uruguayo, Eduardo Galeano, a mediados de los años noventa. Las grandes empresas dedicadas a la información y al entretenimiento producen valores que consolidan la actual estructura social: concentración de riquezas en pocas manos y resignación de las mayorías ante un esquema que deben considerar como si fuera un orden natural y, por lo tanto, inmodificable. Los grandes medios de comunicación en la Argentina facturan miles de pesos por minuto y, de tal forma, son parte de las minorías dominantes. De allí que la discusión por una nueva ley de radiodifusión es una forma de discutir el poder real en estos crepusculares días de 2009.
A este debate habrá que sumar a miles de trabajadores de prensa que a lo largo de los últimos veinte años soportan inestabilidad laboral, censuras, malos salarios y el régimen de la noticia obediente: hay que pedir permiso para informar. No sea cosa que se lesionen las susceptibilidades de distintos factores de poder, sean públicos o privados. Una breve historia de las leyes de radiodifusión en la Argentina permitirá apreciar que no se trata de algo menor, sino de herramientas capaces de modificar el sentido común de las mayorías en estos arrabales del mundo. Este es el objetivo de las próximas líneas. La palabra trabajadores está presente en sólo tres oportunidades en el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a lo largo de sus once títulos y 148 artículos. Tampoco aparece con claridad la necesidad de presionar sobre lo privado, impulsar el federalismo desde lo municipal, garantizar la participación ciudadana en el control de los contenidos de los grandes medios audiovisuales privados o democratizar en serio el acceso a la información. Igualmente hay que apoyar la iniciativa y discutir su redacción final.
Apuntes
*ARTÍCULO 2º
Carácter y alcances de la definición.
“La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”.
La actividad definida como “de interés público” resulta ambigua en el contexto de la historia de los últimos veinte años.
Los llamados servicios públicos que dependían del estado fueron transferidos a oligopolios privados nacionales e internacionales porque fueron considerados de esa manera: “interés público”.
Sería necesario calificar los servicios de comunicación audiovisual como bienes públicos inalienables e imprescriptibles cuya propiedad es de la nación argentina. Es decir, abrevar en la Constitución de 1949 en su artículo 40.
“...A tal efecto, la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión”.
Una vez más aparece el término de interés público.
Dada la evolución del derecho colectivo sería interesante pensar en alguna acepción más amplia y precisa que, por ejemplo, contenga el interés difuso que corresponde a cualquier habitante del país más allá de cualquier consideración institucional.
“El objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en la presente es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de su prestación”.
Acceso y participación no es sinónimo de libertad a la hora de elegir el destino de la producción comunicacional. No hay igualdad si no se garantiza la circulación de la información.
“...Toda persona que acredite interés legítimo podrá requerir a la Autoridad de Aplicación competente el cumplimiento por parte de los servicios de comunicación audiovisual de las obligaciones previstas en esta ley. Este derecho incluye el de participar en las audiencias públicas establecidas como requisito de prórrogas de licencias, entre otras”.
Reaparece la idea del interés “legítimo”, calificativo que siempre es utilizado para restringir el acceso a la información.
De allí que el Sindicato de Prensa de Rosario, por ejemplo, haya estado batallando durante años para que el senado de la provincia de Santa Fe dictara una ley de acceso a la información pública para cualquier habitante que lo desee y, sin embargo, las barreras fueron colocadas a través de ese adjetivo: interés “legítimo”. El texto de la ley debería decir “toda persona que acredite interés podrá requerir a la...” o reemplazar el adjetivo que tiene derivaciones judiciales a alguno más vinculado al espíritu democratizante que efectivamente tiene este proyecto.
*ARTÍCULO 3º
Objetivos.
“La presente ley establece para los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos:
a) La promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución Nacional;
b) La promoción del federalismo y la Integración Regional Latinoamericana;
c) La difusión de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional;
d) La defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos;
e) La construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, que priorice la alfabetización mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías;
f) La promoción de la expresión de la cultura popular y el desarrollo cultural, educativo y social de la población;
g) El ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la información pública;
h) La actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos;
i) La participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas. El fortalecimiento de acciones que contribuyan al desarrollo cultural y educativo de las localidades donde se insertan y la producción de estrategias formales de educación masiva y a distancia, estas últimas bajo el contralor de las jurisdicciones educativas correspondientes;
j) El desarrollo de una industria nacional de contenidos que preserve y difunda el patrimonio cultural y la diversidad de todas las regiones y culturas que integran la Nación;
k) La administración del espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas”.
Estos objetivos dejan de lado los derechos de los propios trabajadores de prensa a la hora de discutir los contenidos de las empresas en las que producen. Una ausencia que va de la mano de la posibilidad de demandar información pública pero que no contiene una alternativa a la hora de conocer informaciones privadas de indudable repercusión colectiva (decisiones en clubes de fútbol, grandes medios de comunicación, balances empresariales y otras cuestiones).
*CAPÍTULO II
DEFINICIONES
ARTÍCULO 4º
Definiciones.
“A los efectos de la presente ley se considera:
Comunicación Audiovisual: la actividad cultural cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador de un servicio de comunicación audiovisual, o productor de señales o contenidos cuya finalidad es proporcionar programas o contenidos con el objeto de informar, entretener o educar al público en general a través de redes de comunicación electrónicas. Comprende la radiodifusión televisiva, hacia receptores fijos, hacia receptores móviles, como así también servicios de radiodifusión sonora, independientemente del soporte utilizado, o por servicio satelital; con o sin suscripción en cualquiera de los casos”.
El proyecto de ley garantiza la potestad empresarial del prestador de un servicio de comunicación audiovisual, como la única en fijar responsabilidad editorial. Quiere decir que el productor de contenidos -mayoritariamente los trabajadores de prensa- y los receptores de los mismos -el universo de oyentes y televidentes- no pueden participar en la decisión sobre la utilización de los contenidos. Estas ausencias favorecen a los sectores más acomodados de la sociedad. Al decir de Scalabrini Ortiz, “si algo no está legislado a favor de los trabajadores, está en su contra”.
*TÍTULO II
“AUTORIDADES DE APLICACIÓN
CAPÍTULO I
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
ARTÍCULO 10
Autoridad de Aplicación.
Créase en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL, dependiendo de la SECRETARÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, como Autoridad de Aplicación de la presente ley.
*ARTÍCULO 11
Naturaleza y domicilio.
“La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL gozará de autarquía y poseerá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier título. Tendrá su sede principal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá establecer al menos una delegación en cada provincia o región de ellas o ciudad, con un mínimo de una delegación cada QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes”.
En estos artículos surge la necesidad política de discutir legitimidad política en torno a la llamada “Autoridad Federal” y la realidad concreta del federalismo en la Argentina.
¿La sujeción al poder ejecutivo nacional garantiza el necesario pluralismo que debe tener ese organismo?.
¿No sería mejor una institución regida desde el Poder Legislativo nacional?.
Y, por otra parte, la experiencia histórica concreta pone en discusión el modelo de delegaciones en distintas ciudades del país.
Quizás habría que explorar alguna forma de delegación de la autoridad en los parlamentos locales como, por ejemplo, los concejos municipales.
Serviría, por otro lado, para controlar con mayor frecuencia y rigurosidad los hechos y desechos que producen los licenciatarios que explotan los servicios audiovisuales.
“i) Velar por el desarrollo de una sana competencia y la promoción de la existencia de los más diversos medios de comunicación que sea posible, para favorecer el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y la comunicación;”.
Este es un artículo que exhibe una profunda inocencia y un gran candor.
Hablar de “sana competencia” entre los medios de comunicación de la Argentina no parece estar ajustado a la realidad histórica. Para ello será necesario un control estatal fuerte y decidido que agregue como actor fundamental al llamado activismo social o ciudadano. No puede quedar solamente resignado a comisiones burocrática.
*CAPÍTULO II
CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
ARTÍCULO 15
“Consejo Federal de Comunicación Audiovisual
Créase, en el ámbito de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, el CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, el cual tendrá las siguientes misiones y funciones:
“...e) Brindar a la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, un informe anual sobre el estado de cumplimiento de la ley y del desarrollo de la radiodifusión en la Republica Argentina”...
El informe anual opera como una garantía de impunidad.
Ese cumplimiento de la ley debe merecer, por lo menos, audiencias públicas de seguimiento cada tres meses y generadas desde escuelas o concejos municipales. Una vez más se hace fundamental pensar la articulación de la ley desde lo más cercano a lo más lejano. No solamente por una cuestión de federalismo sino también de democratización en serio.
*CAPÍTULO III
COMISION BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
*CAPÍTULO IV
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
ARTÍCULO 19
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Créase la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, que tendrá las siguientes misiones y funciones:
“...b) Llevar un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentados por los usuarios en forma pública o privada y a través, asimismo, de los medios habilitados a tal efecto;
c) Convocar a las organizaciones intermedias públicas o privadas, centros de estudios e investigación u otras entidades de bien público en general, para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación;
d) Realizar un seguimiento de los reclamos y denuncias presentados e informar a las autoridades competentes, a los interesados, a la prensa y al público en general sobre sus resultados;
e) Presentar ante la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL un informe anual de las actuaciones de la Defensoría;
f) Convocar a audiencias públicas en diferentes regiones del país a efecto de evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión y participar en aquellas previstas por la presente o convocadas por las autoridades en la materia;
g) Proponer modificaciones de normas reglamentarias en las áreas vinculadas con su competencia o cuestionar judicialmente la legalidad o razonabilidad de las existentes o que se dicten en el futuro, sin plazo de caducidad, dejando a salvo el respeto a la autoridad de cosa juzgada judicial;
h) Formular recomendaciones públicas a las autoridades con competencia en materia de radiodifusión;
i) Representar los intereses del público y de la colectividad, en forma individual o en su conjunto, en sede administrativa o judicial, con legitimación procesal en virtud de la cual puede solicitar la anulación de actos generales o particulares, la emisión, modificación o sustitución de actos, y otras peticiones cautelares o de fondo necesarias para el mejor desempeño de su función.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual se expresará a través de recomendaciones públicas a los titulares, autoridades o profesionales de los medios de comunicación social contemplados en esta ley, o de presentaciones administrativas o judiciales recabando en las que se les ordene ajustar sus comportamientos al ordenamiento jurídico en cuanto se aparten de él, en los casos ocurrentes”.
No puede ser un informe anual ni tampoco no tener en cuenta las observaciones de los trabajadores de prensa de los medios.
Esas ausencias favorecen cualquier tipo de maniobras de parte de los propietarios de las empresas.
*ARTÍCULO 23
Requisitos para obtener una licencia.
“Las licencias se adjudicarán a las personas incluidas en el artículo 21 inciso b) de la presente y personas de derecho público no estatales.
c) No haber sido funcionario de gobiernos de facto, en los rangos que a la fecha prevé el artículo 5º de la Ley Nº 25.188 o las que en el futuro la modifiquen o reemplacen;
d) Poder demostrar el origen de los fondos comprometidos en la inversión a realizar;
e) No estar incapacitado o inhabilitado, civil y/o penalmente, para contratar o ejercer el comercio, ni haber sido condenado por delito doloso, de acción pública o instancia privada;
f) No ser deudor moroso de obligaciones fiscales, previsionales, sindicales o de seguridad social, ni ser deudor del gravamen y/o multas instituidas en la presente ley”.
¿Qué pasa con aquellos licenciatarios que reaparecen después de haber quebrado o vaciado algún medio?.
¿Cómo deberían probar que no harán lo mismo?.
“IV.- Los grados de control societario, como así también los grados de vinculación societaria directa e indirecta, deberán ser acreditados en su totalidad, a los fines de permitir a la Autoridad de Aplicación el conocimiento fehaciente de la conformación de la voluntad social”.
Esta exigencia se hace fundamental y debería completarse con algún mecanismo que garantice la transparencia de las actividades privadas, de allí la necesidad de hablar de libre acceso a todo tipo de información y no solamente a la oficial.
*ARTÍCULO 24
Capital social.
“Para las personas de existencia ideal mencionadas en la presente ley, serán de aplicación las previsiones establecidas en el artículo 2º primer y segundo párrafo de la Ley Nº 25.750
“Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero hasta un máximo del TREINTA POR CIENTO (30%) del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del TREINTA POR CIENTO (30%) siempre que este porcentaje no signifique poseer directa o indirectamente el control de la voluntad societaria.
“La participación mayor de capital de origen extranjero se permitirá a condición de que existan Tratados Internacionales en los que la Nación sea parte, en los cuales se establezca reciprocidad con el país de origen del capital o de las personas físicas o jurídicas que aporten dicho capital con respecto a los capitales o personas físicas o jurídicas argentinas para prestar servicios de radiodifusión en condiciones iguales a las establecidas en esta ley”.
¿Cómo se logrará acceder al circuito privado del negocio de acciones que convierten las propiedades supuestamente nacionales en extranjeras?.
No queda claro.
*CAPÍTULO II
RÉGIMEN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
ARTÍCULO 28
“Adjudicación de licencias para servicios que utilizan espectro radioeléctrico.
Las licencias correspondientes a los servicios de radiodifusión no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico, contemplados en esta ley, serán adjudicadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante el régimen de concurso abierto y permanente.
“Para las convocatorias se deberán adoptar criterios flexibles que permitan la optimización del recurso por aplicación de nuevas tecnologías con el objeto de facilitar la incorporación de nuevos participantes en la actividad”.
¿Quiénes y cómo fijarán los límites de la flexibilidad para esos criterios que terminarán siendo la base de las nuevas tecnologías?.
*ARTÍCULO 38
Multiplicidad de licencias.
“A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias.
En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto a los siguientes límites:
1. En el orden nacional:
a. Hasta DIEZ (10) licencias de radiodifusión más la titularidad de una señal de servicios audiovisuales, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico -excluyendo servicios sobre soporte satelital-;
b. Hasta VEINTICUATRO (24) licencias, sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia otorgada, cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. La Autoridad de Aplicación determinará los alcances territoriales y de población de las licencias.
La multiplicidad de licencias -a nivel nacional y para todos los servicios - en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda.
2. En el orden local:
a. Hasta UNA (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM);
87
b. Hasta DOS (2) licencias de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) en tanto existan más de OCHO (8) licencias en el área primaria de servicio;
c. Hasta UNA (1) licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta;
d. Hasta UNA (1) licencia de radiodifusión televisiva abierta siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión por suscripción;
En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de TRES (3) licencias.
Podrá acumularse la titularidad de servicios de radiodifusión con la titularidad de UNA (1) señal de servicios audiovisuales.
Los prestadores de servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de señales, con excepción de la señal de generación propia, salvo lo contemplado en el apartado 1 subapartado (a) de este artículo.
Cuando el titular de un servicio solicite la adjudicación de otra licencia en la misma área o en un área adyacente con amplia superposición, no podrá otorgarse cuando el servicio solicitado utilice la única frecuencia disponible en dicha zona”.
Estos artículos señalan la necesidad de tonificar las delegaciones locales de la Autoridad Federal o bien convertirla en una herramienta parlamentaria nacional, provincial y municipal al mismo tiempo.
Si no, será imposible que se puedan controlar las operaciones que realicen los licenciatarios.
*ARTÍCULO 40.
“Prácticas de concentración indebida.
“Previo a la adjudicación de licencias o a la autorización para la cesión de acciones o cuotas partes, se deberá verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social.
“El régimen de multiplicidad de licencias previsto en esta ley no podrá alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que, en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, se establezcan ahora o en el futuro.
“Se considera incompatible la titularidad de licencias de distintas clases de servicios entre sí cuando no den cumplimiento a los límites establecidos en los artículos 38, 39, y concordantes de la presente ley”.
Este artículo debe complementarse con la necesidad de transparentar los actores de la comunicación privada y su participación en otros negocios como la explotación petrolera o eléctrica, como sucede -por ejemplo- con el Grupo Uno.
*ARTÍCULO 47
Registro de accionistas
“El registro de accionistas de las sociedades por acciones deberá permitir verificar en todo momento, el cumplimiento de las disposiciones relativas a la titularidad del capital accionario y las condiciones de los accionistas. El incumplimiento de esta disposición configurará falta grave”.
Ese registro de accionistas es una información pública de primera necesidad. Debería darse a conocer por todos los medios posibles cada tres meses, por lo menos.
*ARTÍCULO 50
“Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias.
La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, llevará el Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias, cuya inscripción será obligatoria para la comercialización de espacios en los servicios de radiodifusión. La reglamentación determinará los datos registrales a completar por las mismas y cuales deberán ser públicos”.
Hace falta agregar la necesidad de democratizar las pautas de los estados (nacional, provinciales y municipales) hacia todos los medios audiovisuales y avanzar -tal como se está estudiando en Europa- hacia criterios de democratizar las tortas privadas de publicidad.
*ARTÍCULO 146
Derogación.
“Deróganse la Ley Nº 22.285, el artículo 65 de la Ley Nº 23.696, los Decretos Nº 1656/92, 1062/98, 1005/99; los artículos 4º, 6º, 7º, 8º y 9º del Decreto Nº 94/2001, los artículos 10º y 11 del Decreto Nº 614/01 y los Decretos Nº 2368/02, 1214/03 y el Decreto Nº 62/90 en lo pertinente”.
Este artículo no hace mención al decreto 527, de mayo de 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, que suspendió el plazo que exigía un nuevo llamado a licitación para explotar los medios audiovisuales de comunicación. La consecuencia fue una prórroga de diez años a esos mismos grupos.
Sin esa derogación, los oligopolios que manejan y concentran la información en la Argentina seguirán presentando la realidad a imagen y semejanza de sus intereses.
Breve historia de leyes comunicacionales
La primera reglamentación nacional sobre radiodifusión viene de la década infame.
En 1933, el poder ejecutivo nacional sancionó el decreto 21.004 con el objetivo de “regular todas las radiocomunicaciones del país, aplicándoselo también a la radiodifusión. Contenía normas técnicas, operativas y también sobre los contenidos de los mensajes. Con este decreto y algunas resoluciones complementarias que dictaba la Dirección General de Correos y Telégrafos para los casos novedosos especiales, se mantuvo en un hacer ordenado a esta actividad”.
Sin embargo, el desarrollo de la radio en la Argentina, como más tarde sucedería con la televisión, estuvo vinculada a las empresas de electrodomésticos estadounidenses y europeos que, como en otros terrenos, competían por el mercado argentino.
La dictadura de Uriburu y Castillo generaban poca información sobre el saqueo del país y de allí que el gran género popular fue el radioteatro, por un lado, y las crónicas existenciales como las “Aguafuertes” de Roberto Arlt, por el otro.
Fueron los tiempos en que la prensa política tuvo un amplio desarrollo a partir de las publicaciones anarquistas y, en forma paralela, la difusión de los llamados cuadernos de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), entre los cuales hay que destacar los notables trabajos de Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche.
Pero la primera ley específica para radiodifusión fue dictada en 1953, durante el segundo gobierno de Juan Perón. Fue la número 14.241 y le daba poder al estado “sobre los sistemas en funcionamiento y los agrupa en tres redes nacionales para cubrir todo el territorio. Estas redes fueron adjudicadas por concurso público a tres empresas en ese momento: Red A “Empresa Editorial Haynes”; Red B “Asociación Promotores de Telerradiodifusión SA” y Red C, “La Razón Editorial, Emisora, Financiera y Comercial”.
El golpe de 1955 eliminó aquella ley y dos años después dictó el decreto 15.460 que privatizó el servicio de telerradiodifusión. Ya no había redes, sino licencias individuales. El estado comenzaba a ser un espectador. Un cómplice de lo que comenzaba a suceder en los grandes medios de comunicación que llegarían a partir de los años sesenta de la mano de las tres fuerzas armadas, expresiones de las clases dominantes.
En 1972, hubo otro decreto ley de la dictadura saliente de Alejandro Lannuse, el 19.798 que llevó el pomposo nombre de Ley de Telecomunicaciones. Aunque se hablaba de la intervención del estado respetaba la propiedad privada de los licenciatarios de la segunda parte de la década del cincuenta.
En setiembre de 1980, fue dictada - en medio del terrorismo de estado y en pleno corazón de la matriz matar para robar, mentir para ocultar - la actual ley 22.285. Confirmaba la privatización de los grandes medios de comunicación y establecía las bases para la mercantilización de la información que sería garantizada y profundizada por las modificaciones realizadas durante los años noventa.
Concentración de riquezas en pocas manos, concentración de tierras, concentración bancaria, extranjerización de la economía, concentración de medios de comunicación en pocas empresas. Así nacieron los multimedios. El grupo Clarín, el grupo Telefónica y el grupo Vila, compuesto por los hermanos Vila y su principal operador político, José Luis Manzano, el ex ministro del Interior del menemismo. Tres empresas que concentran alrededor de 200 medios de comunicación. Menos de veinte personas que le manejan la cabeza, de manera cotidiana, que le dicen en qué pensar y en qué no pensar, a más de veinte millones de argentinos.
Noticias y dinero
“El proyecto oficial para los medios audiovisuales desató la polémica. Le da al Gobierno poder discrecional para condicionar a la prensa”, fue la noticia que publicó el diario “Clarín”, el viernes 20 de marzo de 2009.
El matutino es la nave insignia de uno de los principales oligopolios que concentra decenas de medios radiales, televisivos y gráficos en la gran mayoría de las provincias argentinas.
El grupo, denominado AGEA Clarín facturó durante el período 2007 - 2008, por 1.178 millones de pesos, ocupando el puesto 102 entre las mil empresas que más facturan en la Argentina, según el tradicional y reconocido ranking que realiza todos los años la revista “Mercado”.
Semejante volumen de dinero equivale a facturar 2.272 pesos cada sesenta segundos, más de setecientos dólares por minuto.
“Clarín” no es solamente una fenomenal herramienta de producción de sentido a través de las noticias y entretenimientos, sino que forma parte de la minoría económica que concentra la riqueza.
Los grandes medios de comunicación, entonces, forman parte de las clases dominantes.
Un rápido repaso de las otras grandes marcas comunicacionales profundizan el concepto: Cablevisión, ubicada en el puesto 46, facturó 2.613 millones de pesos, a razón de 5.040 pesos cada sesenta segundos.
Multicanal, número 104, facturó por 1.168 millones de pesos; 2.253 pesos por minuto.
“La Nación”, el grupo que tiene al diario inventado por el inventor de la historia oficial argentina, Bartolomé Mitre -el mismo del billete de dos pesos-, facturó por 482 millones de pesos, logrando el puesto 236 entre las mil empresas que más venden en la Argentina. Un total de 929 pesos cada minuto.
“Supercanal”, del grupo Vila - Manzano - Vignatti, ubicado en el puesto 259, facturó por 460 millones de pesos, 887 pesos cada sesenta segundos.
“Telefé”, del grupo Telefónica, ubicado en el ranking 350, facturó por 320 millones de pesos, 617 pesos por minuto.
“Torneos y Competencias”, también una sociedad vinculada con Clarín, 501 en la tabla, facturó por 212 millones de pesos, es decir 408 pesos por minuto.
Canal 9, de capitales mexicanos, apostado en el sitio 787, facturó por 128 millones de pesos, a razón de 246 pesos cada sesenta segundos.
“América TV”, puesto 848, con una facturación de 117 millones de pesos, 225 pesos por minuto.
Y en el puesto 900, “La Voz del Interior”, 110 millones de pesos, 212 por minuto.
Los grandes medios de comunicación de la Argentina, entonces, forman parte del conglomerado de las grandes empresas, de la llamada burguesía argentina.
Su función es mantener el esquema cultural necesario para garantizar semejante concentración de riquezas en pocas manos.
Un proyecto de radiodifusión democrático, de hecho, debería romper con esta concentración de poder económico y político.
¿Realmente el kircherismo producirá esos cambios, irá a fondo en esta pelea o, como en la mayoría de los casos, dirá un discurso progresista -por un lado- y mantendrá invicta e intocable la estructura de los años noventa -por el otro?.
12 de mayo de 2009
El regreso de los años treinta
Carlos del Frade (APE)
Crece la miseria en Capital Federal.
Aumenta la población de sus villas.
Parece una pintura de Vanzo.
Parece una repetición de los años treinta del siglo veinte.
Será, entonces, una profundización de aquellas políticas reinantes en la denominada década infame, cuando los conservadores condenaban a las mayorías a una vida subhumana.
Sobre aquellos años, Ángel Perelman escribió: “Mi padre, como tantos otros miles de obreros, fue despedido de su trabajo. En los primeros años de la crisis muchas fábricas cerraban y creaban verdaderos ejércitos de desocupados. Aparecieron las Villas Desocupación y los Barrios de las Latas en Puerto Nuevo... La crisis económica me obligó a abandonar la escuela a los diez años, para ir a trabajar como aprendiz a en un taller metalúrgico. La explotación capitalista y la lucha de clases las aprendí primero en esa fábrica del año treinta que leyéndolas en los libros. Me pagaba un peso por día pero eran jornadas sin horario, salvo el de entrada que era siempre el mismo...”.
El reloj de la historia atrasa.
Ahora es el regreso de los años treinta en el tercer milenio.
No se trata de una metáfora, sino de los resultados de un conjunto de decisiones políticas, económicas, sociales y culturales.
En los últimos dos años, la población de las villas miserias creció en un veinticinco por ciento.
Hay doscientas mil personas que intentan empatarle al día a día para saber qué significa el verbo vivir.
La información sostiene que en la villa 21-24, en Barracas, la población pasó de 13.500 en 2001, a 45 mil en 2009.
“Además de ser la más poblada, es la más grande, con 65,84 hectáreas; y una de las tres más antiguas, junto a las 31 y la 15, según un estudio realizado en 2007 por la Sindicatura General de la Ciudad. El mismo informe denuncia que hay un altísimo riesgo de accidentes, dada su cercanía con las vías del ferrocarril Belgrano. ‘Los maquinistas no ven y cuando llueve se aflojan los durmientes’, detalla el documento. Además, en la zona que está pegada al Riachuelo, las casas van desapareciendo por el efecto de erosión del agua”, remarca el estudio.
Agrega la noticia que “la situación más grave está en los asentamientos, que son verdaderos campos de refugio porque no se pueden urbanizar", denuncia Pierini.
La diferencia con las villas es que allí, “las carencias son totales, las viviendas son aún más precarias y no hay suministro de agua potable en la mayoría de los casos. Y ni siquiera hay datos confiables que permitan trazar objetivos a corto plazo. Lo que sí está medido son los niveles de pobreza locales. Según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM), de septiembre de 2008, el 8,4 por ciento de los porteños vivía por debajo de la línea de pobreza y el 3,6 por ciento eran indigentes”.
Los años treinta han vuelto.
No se trata de un enigma.
Es simplemente la política a favor de los que son menos y tienen cada vez más.
Crece la miseria en Capital Federal.
Aumenta la población de sus villas.
Parece una pintura de Vanzo.
Parece una repetición de los años treinta del siglo veinte.
Será, entonces, una profundización de aquellas políticas reinantes en la denominada década infame, cuando los conservadores condenaban a las mayorías a una vida subhumana.
Sobre aquellos años, Ángel Perelman escribió: “Mi padre, como tantos otros miles de obreros, fue despedido de su trabajo. En los primeros años de la crisis muchas fábricas cerraban y creaban verdaderos ejércitos de desocupados. Aparecieron las Villas Desocupación y los Barrios de las Latas en Puerto Nuevo... La crisis económica me obligó a abandonar la escuela a los diez años, para ir a trabajar como aprendiz a en un taller metalúrgico. La explotación capitalista y la lucha de clases las aprendí primero en esa fábrica del año treinta que leyéndolas en los libros. Me pagaba un peso por día pero eran jornadas sin horario, salvo el de entrada que era siempre el mismo...”.
El reloj de la historia atrasa.
Ahora es el regreso de los años treinta en el tercer milenio.
No se trata de una metáfora, sino de los resultados de un conjunto de decisiones políticas, económicas, sociales y culturales.
En los últimos dos años, la población de las villas miserias creció en un veinticinco por ciento.
Hay doscientas mil personas que intentan empatarle al día a día para saber qué significa el verbo vivir.
La información sostiene que en la villa 21-24, en Barracas, la población pasó de 13.500 en 2001, a 45 mil en 2009.
“Además de ser la más poblada, es la más grande, con 65,84 hectáreas; y una de las tres más antiguas, junto a las 31 y la 15, según un estudio realizado en 2007 por la Sindicatura General de la Ciudad. El mismo informe denuncia que hay un altísimo riesgo de accidentes, dada su cercanía con las vías del ferrocarril Belgrano. ‘Los maquinistas no ven y cuando llueve se aflojan los durmientes’, detalla el documento. Además, en la zona que está pegada al Riachuelo, las casas van desapareciendo por el efecto de erosión del agua”, remarca el estudio.
Agrega la noticia que “la situación más grave está en los asentamientos, que son verdaderos campos de refugio porque no se pueden urbanizar", denuncia Pierini.
La diferencia con las villas es que allí, “las carencias son totales, las viviendas son aún más precarias y no hay suministro de agua potable en la mayoría de los casos. Y ni siquiera hay datos confiables que permitan trazar objetivos a corto plazo. Lo que sí está medido son los niveles de pobreza locales. Según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM), de septiembre de 2008, el 8,4 por ciento de los porteños vivía por debajo de la línea de pobreza y el 3,6 por ciento eran indigentes”.
Los años treinta han vuelto.
No se trata de un enigma.
Es simplemente la política a favor de los que son menos y tienen cada vez más.
11 de mayo de 2009
Disculpen la molestia
por Eduardo Galeano
Quiero compartir algunas preguntas, moscas que me zumban en la cabeza.
¿Es justa la justicia? ¿Está parada sobre sus pies la justicia del mundo al revés?
El zapatista de Irak, el que arrojó los zapatazos contra Bush, fue condenado a tres años de cárcel. ¿No merecía, más bien, una condecoración?
¿Quién es el terrorista? ¿El zapatista o el zapateado? ¿No es culpable de terrorismo el serial killer que mintiendo inventó la guerra de Irak, asesinó a un gentío y legalizó la tortura y mandó aplicarla?
¿Son culpables los pobladores de Atenco, en México, o los indígenas mapuches de Chile, o los kekchíes de Guatemala, o los campesinos sin tierra de Brasil, acusados todos de terrorismo por defender su derecho a la tierra? Si sagrada es la tierra, aunque la ley no lo diga, ¿no son sagrados, también, quienes la defienden?
Según la revista Foreign Policy, Somalia es el lugar más peligroso de todos. Pero, ¿quiénes son los piratas? ¿Los muertos de hambre que asaltan barcos o los especuladores de Wall Street, que llevan años asaltando el mundo y ahora reciben multimillonarias recompensas por sus afanes?
¿Por qué el mundo premia a quienes lo desvalijan?
¿Por qué la justicia es ciega de un solo ojo? Wal Mart, la empresa más poderosa de todas, prohíbe los sindicatos. McDonald’s, también. ¿Por qué estas empresas violan, con delincuente impunidad, la ley internacional? ¿Será porque en el mundo de nuestro tiempo el trabajo vale menos que la basura y menos todavía valen los derechos de los trabajadores?
¿Quiénes son los justos y quiénes los injustos? Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?
¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de “crimen organizado”?
Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.
Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina tres millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren quince niños por hambre o enfermedad curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?
¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no tiene, no es?
¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.
Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina.
En el mundo al revés, dan miedo hasta los más elementales actos de justicia y sentido común. Cuando el presidente Evo Morales inició la refundación de Bolivia, para que este país de mayoría indígena dejara de tener vergüenza de mirarse al espejo, provocó pánico. Este desafío era catastrófico desde el punto de vista del orden racista tradicional, que decía ser el único orden posible: Evo era, traía el caos y la violencia, y por su culpa la unidad nacional iba a estallar, rota en pedazos. Y cuando el presidente ecuatoriano Correa anunció que se negaba a pagar las deudas no legítimas, la noticia produjo terror en el mundo financiero y el Ecuador fue amenazado con terribles castigos, por estar dando tan mal ejemplo. Si las dictaduras militares y los políticos ladrones han sido siempre mimados por la banca internacional, ¿no nos hemos acostumbrado ya a aceptar como fatalidad del destino que el pueblo pague el garrote que lo golpea y la codicia que lo saquea?
Pero, ¿será que han sido divorciados para siempre jamás el sentido común y la justicia?
¿No nacieron para caminar juntos, bien pegaditos, el sentido común y la justicia?
¿No es de sentido común, y también de justicia, ese lema de las feministas que dicen que si nosotros, los machos, quedáramos embarazados, el aborto sería libre? ¿Por qué no se legaliza el derecho al aborto? ¿Será porque entonces dejaría de ser el privilegio de las mujeres que pueden pagarlo y de los médicos que pueden cobrarlo?
Lo mismo ocurre con otro escandaloso caso de negación de la justicia y el sentido común: ¿por qué no se legaliza la droga? ¿Acaso no es, como el aborto, un tema de salud pública? Y el país que más drogadictos contiene, ¿qué autoridad moral tiene para condenar a quienes abastecen su demanda? ¿Y por qué los grandes medios de comunicación, tan consagrados a la guerra contra el flagelo de la droga, jamás dicen que proviene de Afganistán casi toda la heroína que se consume en el mundo? ¿Quién manda en Afganistán? ¿No es ese un país militarmente ocupado por el mesiánico país que se atribuye la misión de salvarnos a todos?
¿Por qué no se legalizan las drogas de una buena vez? ¿No será porque brindan el mejor pretexto para las invasiones militares, además de brindar las más jugosas ganancias a los grandes bancos que en las noches trabajan como lavanderías?
Ahora el mundo está triste porque se venden menos autos. Una de las consecuencias de la crisis mundial es la caída de la próspera industria del automóvil. Si tuviéramos algún resto de sentido común, y alguito de sentido de la justicia ¿no tendríamos que celebrar esa buena noticia? ¿O acaso la disminución de los automóviles no es una buena noticia, desde el punto de vista de la naturaleza, que estará un poquito menos envenenada, y de los peatones, que morirán un poquito menos?
Según Lewis Carroll, la Reina explicó a Alicia cómo funciona la justicia en el país de las maravillas:
–Ahí lo tienes –dijo la Reina–. Está encerrado en la cárcel, cumpliendo su condena; pero el juicio no empezará hasta el próximo miércoles. Y por supuesto, el crimen será cometido al final.
En El Salvador, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero comprobó que la justicia, como la serpiente, sólo muerde a los descalzos. El murió a balazos, por denunciar que en su país los descalzos nacían de antemano condenados, por delito de nacimiento.
El resultado de las recientes elecciones en El Salvador, ¿no es de alguna manera un homenaje? ¿Un homenaje al arzobispo Romero y a los miles que como él murieron luchando por una justicia justa en el reino de la injusticia?
A veces terminan mal las historias de la Historia; pero ella, la Historia, no termina. Cuando dice adiós, dice hasta luego.
Quiero compartir algunas preguntas, moscas que me zumban en la cabeza.
¿Es justa la justicia? ¿Está parada sobre sus pies la justicia del mundo al revés?
El zapatista de Irak, el que arrojó los zapatazos contra Bush, fue condenado a tres años de cárcel. ¿No merecía, más bien, una condecoración?
¿Quién es el terrorista? ¿El zapatista o el zapateado? ¿No es culpable de terrorismo el serial killer que mintiendo inventó la guerra de Irak, asesinó a un gentío y legalizó la tortura y mandó aplicarla?
¿Son culpables los pobladores de Atenco, en México, o los indígenas mapuches de Chile, o los kekchíes de Guatemala, o los campesinos sin tierra de Brasil, acusados todos de terrorismo por defender su derecho a la tierra? Si sagrada es la tierra, aunque la ley no lo diga, ¿no son sagrados, también, quienes la defienden?
Según la revista Foreign Policy, Somalia es el lugar más peligroso de todos. Pero, ¿quiénes son los piratas? ¿Los muertos de hambre que asaltan barcos o los especuladores de Wall Street, que llevan años asaltando el mundo y ahora reciben multimillonarias recompensas por sus afanes?
¿Por qué el mundo premia a quienes lo desvalijan?
¿Por qué la justicia es ciega de un solo ojo? Wal Mart, la empresa más poderosa de todas, prohíbe los sindicatos. McDonald’s, también. ¿Por qué estas empresas violan, con delincuente impunidad, la ley internacional? ¿Será porque en el mundo de nuestro tiempo el trabajo vale menos que la basura y menos todavía valen los derechos de los trabajadores?
¿Quiénes son los justos y quiénes los injustos? Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?
¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de “crimen organizado”?
Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.
Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina tres millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren quince niños por hambre o enfermedad curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?
¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no tiene, no es?
¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.
Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina.
En el mundo al revés, dan miedo hasta los más elementales actos de justicia y sentido común. Cuando el presidente Evo Morales inició la refundación de Bolivia, para que este país de mayoría indígena dejara de tener vergüenza de mirarse al espejo, provocó pánico. Este desafío era catastrófico desde el punto de vista del orden racista tradicional, que decía ser el único orden posible: Evo era, traía el caos y la violencia, y por su culpa la unidad nacional iba a estallar, rota en pedazos. Y cuando el presidente ecuatoriano Correa anunció que se negaba a pagar las deudas no legítimas, la noticia produjo terror en el mundo financiero y el Ecuador fue amenazado con terribles castigos, por estar dando tan mal ejemplo. Si las dictaduras militares y los políticos ladrones han sido siempre mimados por la banca internacional, ¿no nos hemos acostumbrado ya a aceptar como fatalidad del destino que el pueblo pague el garrote que lo golpea y la codicia que lo saquea?
Pero, ¿será que han sido divorciados para siempre jamás el sentido común y la justicia?
¿No nacieron para caminar juntos, bien pegaditos, el sentido común y la justicia?
¿No es de sentido común, y también de justicia, ese lema de las feministas que dicen que si nosotros, los machos, quedáramos embarazados, el aborto sería libre? ¿Por qué no se legaliza el derecho al aborto? ¿Será porque entonces dejaría de ser el privilegio de las mujeres que pueden pagarlo y de los médicos que pueden cobrarlo?
Lo mismo ocurre con otro escandaloso caso de negación de la justicia y el sentido común: ¿por qué no se legaliza la droga? ¿Acaso no es, como el aborto, un tema de salud pública? Y el país que más drogadictos contiene, ¿qué autoridad moral tiene para condenar a quienes abastecen su demanda? ¿Y por qué los grandes medios de comunicación, tan consagrados a la guerra contra el flagelo de la droga, jamás dicen que proviene de Afganistán casi toda la heroína que se consume en el mundo? ¿Quién manda en Afganistán? ¿No es ese un país militarmente ocupado por el mesiánico país que se atribuye la misión de salvarnos a todos?
¿Por qué no se legalizan las drogas de una buena vez? ¿No será porque brindan el mejor pretexto para las invasiones militares, además de brindar las más jugosas ganancias a los grandes bancos que en las noches trabajan como lavanderías?
Ahora el mundo está triste porque se venden menos autos. Una de las consecuencias de la crisis mundial es la caída de la próspera industria del automóvil. Si tuviéramos algún resto de sentido común, y alguito de sentido de la justicia ¿no tendríamos que celebrar esa buena noticia? ¿O acaso la disminución de los automóviles no es una buena noticia, desde el punto de vista de la naturaleza, que estará un poquito menos envenenada, y de los peatones, que morirán un poquito menos?
Según Lewis Carroll, la Reina explicó a Alicia cómo funciona la justicia en el país de las maravillas:
–Ahí lo tienes –dijo la Reina–. Está encerrado en la cárcel, cumpliendo su condena; pero el juicio no empezará hasta el próximo miércoles. Y por supuesto, el crimen será cometido al final.
En El Salvador, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero comprobó que la justicia, como la serpiente, sólo muerde a los descalzos. El murió a balazos, por denunciar que en su país los descalzos nacían de antemano condenados, por delito de nacimiento.
El resultado de las recientes elecciones en El Salvador, ¿no es de alguna manera un homenaje? ¿Un homenaje al arzobispo Romero y a los miles que como él murieron luchando por una justicia justa en el reino de la injusticia?
A veces terminan mal las historias de la Historia; pero ella, la Historia, no termina. Cuando dice adiós, dice hasta luego.
10 de mayo de 2009
La entrega petrolera y las crisis financieras
» Por Félix Herrero -
En este trabajo, el vicepresidente del grupo Moreno busca el porqué de los déficit provinciales. Este especialista en energía encuentra que propiedad provincial de los recursos del subsuelo en nuestro país va ligado a la apropiación de la renta de los mismos por parte de las multinacionales del petróleo.
Un famoso dicho, sabio como todos los refranes populares, nos dice que el sol no se puede tapar la mano. Por eso, los manipuladores de tapaderas, emplean envolturas más grande que lo tapado; también son amigos del principio goebbelsiano según la cual cuanto más grande la mentira más fácil que sea creída.
Si usted es un político responsable de una crisis económica financiera local que tiene ya más de dos años, su astucia consiste en encubrirla con otras crisis mayores, por ejemplo la crisis financiera global iniciada hace ocho meses. Si usted no hizo nada para evitar el dengue, hará una actividad mayor para evitar la influenza porcina global. Si usted ha sido incapaz de evitar la crisis energética nacional durante más de 5 años, le viene bien taparla con la crisis petrolera mundial iniciada hace un año.
Y así se suceden las crisis y sus tapaderas. Pero a largo plazo, no hay mano que sirva para tapar la realidad que deberá soportar toda la población.
Esto pasa con la entrega petrolera y la crisis financiera: ningún país del mundo que tenga petróleo y que lo gestione y obtenga su renta para reinvertirla en el país (1) padece déficit fiscal. A nadie se le ocurre imaginar que Arabia Saudita o Venezuela sufran déficit fiscales.
Pero hay una manipulación que da por resultado un verdadero “antimilagro” argentino: tener petróleo no da superávit fiscal. Quienes privatizaron y la apoyaron han cedido los yacimientos a las provincias, Y éstas ahora tienen déficit primarios (2) o financieros.
Las provincias con petróleo que conceden y prorrogan los permisos de exploración y las concesiones de explotación a las grandes multinacionales muestran dos situaciones que hacen del modelo antinacional y antiestatista establecido en Argentina algo único en el mundo.
Son provincialistas pero no nacionales, y cuando reciben el petróleo para concederlo a las multinacionales o a las nuevas empresas amigas son seudo federalistas; de esta manera son los políticos quienes obtienen con lo público ingentes ganancias particulares. Esas concesiones las otorgan a compañías locales o extranjeras de carácter multinacional y privado (en algunos casos menos usuales, conceden a empresas públicas extranjeras, como Petrobrás).
Con la crisis del Indec, también se hicieron menos públicas las estadísticas energéticas y económicas. Trate de averiguar los datos verdaderos de extracción, precios, costos y reservas petroleras y gasíferas. Haga el intento de conseguir los déficits primarios y financieros actualizados de las provincias. Claro que si los obtuviera se encontraría con el mencionado “antimilagro” económico argentino (3): las provincias que disponen del dominio eminente del petróleo tienen déficit fiscal. La información disponible –retaceada- alcanza al año 2007, pero los datos parciales de 2008 y del primer trimestre de 2009 nos dicen que la tendencia al déficit se acrecienta.
¿Qué ha pasado? Todos sabemos que en el sector privado la propiedad produce un usufructo, pero hay propiedades (la nuda propiedad) que quedan “desnudas” de esa renta o beneficio. En las donaciones entre familiares es muy común entregar la nuda propiedad pero no el usufructo. En el derecho público la propiedad es lo que se denomina “dominio” y el usufructo (del petróleo, por ejemplo) es renta. Entonces los “dirigentes” de las provincias que pelean por el dominio del petróleo no benefician al pueblo sino a sí mismos, ya que conceden la extracción a las multinacionales, que son las que se quedan con la renta.
Por eso, han logrado el sueño de la corrupción: tener dominio para conceder y entregar la renta a cambio de cuantiosos ingresos personales. Así la renta queda en las petroleras privadas y el dominio en las provincias, mientras los políticos corruptos participan de las migas del banquete de la desintegración territorial.
Veamos los frutos: en el siguiente cuadro (4) puede observarse la evolución de los porcentajes de ingresos petroleros que recibieron los Estados nacional y provinciales y las compañías:
Porcentajes del ingreso petrolero recibidos por
Años Nación Provincias Compañías
1983-89 54,1 5,1 40,8
1990-95 38,8 4,7 56,4
1996-01 38,2 5,8 56,0
Las provincias no ganaron prácticamente nada, la Nación perdió y sólo se beneficiaron las compañías petroleras locales amigas del poder y las multinacionales corruptoras de los titulares del poder.
Pero las provincias perdieron mucho más que lo que muestran estas cifras: perdieron toda la reinversión que hacían YPF y Gas del Estado en las provincias, y no sólo en las que se extrae petróleo, sino también en las que no tienen petróleo (con las rutas, las hidroeléctricas, las escuelas, los hospitales, la compra de productos fabricados localmente, etc.).
Pero, ¿puede ser cierto que las provincias petroleras tengan déficit fiscal? Debe recordarse que el dominio del subsuelo por los Estados provinciales argentinos es un caso único en el mundo (5).
Veamos los déficits del año 2007, en millones de pesos, según la información del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo Nacional:
Provincias Déficit o superávit primario (Mill $) Déficit financiero (Mill$)
Tierra del Fuego 244 253
Jujuy 12 89
Neuquén + 8 91
Mendoza + 90 26
De las restantes seis provincias donde se extrae petróleo, en ese año 2007, salvo Chubut y Salta, cuatro estaban cerca de tener déficit. Pero se estima que estas cifras negativas han crecido sustancialmente. Incluso hay provincias, con o sin petróleo, que están emitiendo y estudiando la emisión de bonos con capacidad de medio de pago y circulación en toda la población
¿Qué pasó en 2008? Como el monto total de los déficit provinciales alcanzaron la suma de 15.000 millones de dólares y según información privada y afirmaciones de funcionarios provinciales fueron cinco las provincias petroleras con quebranto primario y seis con déficit financiero, más de la mitad de las provincias petroleras.
En el primer trimestre de 2009, según las quejas de gobernadores e informaciones provisorias de consultorías económicas, el déficit primario estaría llegando a nueve de las diez provincias petroleras, incluyendo ahora a las privilegiadas Chubut y Santa Cruz, que vienen prorrogando las concesiones a las multinacionales, como lo hizo y hace Neuquén con Loma de la Lata y El Tapial, segundo yacimiento petrolífero del país. Sólo quedaría fuera del quebranto primario y financiero la provincia de Salta.
Si algunas provincias quieren seguir con el negocio de propiedad provincial y renta multinacional, serán sus déficit fiscales los que las obligarán a volver a conceptos nunca superados y hoy más que actuales en todo el mundo: propiedad nacional y estatal del petróleo, sin fraccionamientos debilitadores, e intensa participación de las jurisdicciones locales (provincias, departamentos, municipios, etc.) en la renta petrolera.
1) Bolivia logró con la nacionalización de sus hidrocarburos y el aumento de los impuestos al gas 4 años consecutivos de superávit fiscal, por primera vez en su historia.
2) El resultado primario es anterior a la incorporación las obligaciones financieras
3) El original “antimilagro” argentino ocurrió cuando en 1991, en sólo un año, las reservas de petróleo y gas cayeron 30% y 36% respectivamente, y al año siguiente de la “privatización”, en solo un año, récord mundial, se “descubrieron” reservas equivalentes a 30% y 36%.
4) KOZULJ, Roberto, Balance de la privatización de la industria petrolera en Argentina y su impacto sobre las inversiones y la competencia en los mercados minoristas de combustibles, www.cepal.org, julio de 2002.
(5) En Canadá los gobiernos estaduales tienen gran participación en la regulación y la legislación petrolera, pero el sistema anglosajón da la propiedad de los yacimientos a los propietarios individuales de la superficie.
En este trabajo, el vicepresidente del grupo Moreno busca el porqué de los déficit provinciales. Este especialista en energía encuentra que propiedad provincial de los recursos del subsuelo en nuestro país va ligado a la apropiación de la renta de los mismos por parte de las multinacionales del petróleo.
Un famoso dicho, sabio como todos los refranes populares, nos dice que el sol no se puede tapar la mano. Por eso, los manipuladores de tapaderas, emplean envolturas más grande que lo tapado; también son amigos del principio goebbelsiano según la cual cuanto más grande la mentira más fácil que sea creída.
Si usted es un político responsable de una crisis económica financiera local que tiene ya más de dos años, su astucia consiste en encubrirla con otras crisis mayores, por ejemplo la crisis financiera global iniciada hace ocho meses. Si usted no hizo nada para evitar el dengue, hará una actividad mayor para evitar la influenza porcina global. Si usted ha sido incapaz de evitar la crisis energética nacional durante más de 5 años, le viene bien taparla con la crisis petrolera mundial iniciada hace un año.
Y así se suceden las crisis y sus tapaderas. Pero a largo plazo, no hay mano que sirva para tapar la realidad que deberá soportar toda la población.
Esto pasa con la entrega petrolera y la crisis financiera: ningún país del mundo que tenga petróleo y que lo gestione y obtenga su renta para reinvertirla en el país (1) padece déficit fiscal. A nadie se le ocurre imaginar que Arabia Saudita o Venezuela sufran déficit fiscales.
Pero hay una manipulación que da por resultado un verdadero “antimilagro” argentino: tener petróleo no da superávit fiscal. Quienes privatizaron y la apoyaron han cedido los yacimientos a las provincias, Y éstas ahora tienen déficit primarios (2) o financieros.
Las provincias con petróleo que conceden y prorrogan los permisos de exploración y las concesiones de explotación a las grandes multinacionales muestran dos situaciones que hacen del modelo antinacional y antiestatista establecido en Argentina algo único en el mundo.
Son provincialistas pero no nacionales, y cuando reciben el petróleo para concederlo a las multinacionales o a las nuevas empresas amigas son seudo federalistas; de esta manera son los políticos quienes obtienen con lo público ingentes ganancias particulares. Esas concesiones las otorgan a compañías locales o extranjeras de carácter multinacional y privado (en algunos casos menos usuales, conceden a empresas públicas extranjeras, como Petrobrás).
Con la crisis del Indec, también se hicieron menos públicas las estadísticas energéticas y económicas. Trate de averiguar los datos verdaderos de extracción, precios, costos y reservas petroleras y gasíferas. Haga el intento de conseguir los déficits primarios y financieros actualizados de las provincias. Claro que si los obtuviera se encontraría con el mencionado “antimilagro” económico argentino (3): las provincias que disponen del dominio eminente del petróleo tienen déficit fiscal. La información disponible –retaceada- alcanza al año 2007, pero los datos parciales de 2008 y del primer trimestre de 2009 nos dicen que la tendencia al déficit se acrecienta.
¿Qué ha pasado? Todos sabemos que en el sector privado la propiedad produce un usufructo, pero hay propiedades (la nuda propiedad) que quedan “desnudas” de esa renta o beneficio. En las donaciones entre familiares es muy común entregar la nuda propiedad pero no el usufructo. En el derecho público la propiedad es lo que se denomina “dominio” y el usufructo (del petróleo, por ejemplo) es renta. Entonces los “dirigentes” de las provincias que pelean por el dominio del petróleo no benefician al pueblo sino a sí mismos, ya que conceden la extracción a las multinacionales, que son las que se quedan con la renta.
Por eso, han logrado el sueño de la corrupción: tener dominio para conceder y entregar la renta a cambio de cuantiosos ingresos personales. Así la renta queda en las petroleras privadas y el dominio en las provincias, mientras los políticos corruptos participan de las migas del banquete de la desintegración territorial.
Veamos los frutos: en el siguiente cuadro (4) puede observarse la evolución de los porcentajes de ingresos petroleros que recibieron los Estados nacional y provinciales y las compañías:
Porcentajes del ingreso petrolero recibidos por
Años Nación Provincias Compañías
1983-89 54,1 5,1 40,8
1990-95 38,8 4,7 56,4
1996-01 38,2 5,8 56,0
Las provincias no ganaron prácticamente nada, la Nación perdió y sólo se beneficiaron las compañías petroleras locales amigas del poder y las multinacionales corruptoras de los titulares del poder.
Pero las provincias perdieron mucho más que lo que muestran estas cifras: perdieron toda la reinversión que hacían YPF y Gas del Estado en las provincias, y no sólo en las que se extrae petróleo, sino también en las que no tienen petróleo (con las rutas, las hidroeléctricas, las escuelas, los hospitales, la compra de productos fabricados localmente, etc.).
Pero, ¿puede ser cierto que las provincias petroleras tengan déficit fiscal? Debe recordarse que el dominio del subsuelo por los Estados provinciales argentinos es un caso único en el mundo (5).
Veamos los déficits del año 2007, en millones de pesos, según la información del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo Nacional:
Provincias Déficit o superávit primario (Mill $) Déficit financiero (Mill$)
Tierra del Fuego 244 253
Jujuy 12 89
Neuquén + 8 91
Mendoza + 90 26
De las restantes seis provincias donde se extrae petróleo, en ese año 2007, salvo Chubut y Salta, cuatro estaban cerca de tener déficit. Pero se estima que estas cifras negativas han crecido sustancialmente. Incluso hay provincias, con o sin petróleo, que están emitiendo y estudiando la emisión de bonos con capacidad de medio de pago y circulación en toda la población
¿Qué pasó en 2008? Como el monto total de los déficit provinciales alcanzaron la suma de 15.000 millones de dólares y según información privada y afirmaciones de funcionarios provinciales fueron cinco las provincias petroleras con quebranto primario y seis con déficit financiero, más de la mitad de las provincias petroleras.
En el primer trimestre de 2009, según las quejas de gobernadores e informaciones provisorias de consultorías económicas, el déficit primario estaría llegando a nueve de las diez provincias petroleras, incluyendo ahora a las privilegiadas Chubut y Santa Cruz, que vienen prorrogando las concesiones a las multinacionales, como lo hizo y hace Neuquén con Loma de la Lata y El Tapial, segundo yacimiento petrolífero del país. Sólo quedaría fuera del quebranto primario y financiero la provincia de Salta.
Si algunas provincias quieren seguir con el negocio de propiedad provincial y renta multinacional, serán sus déficit fiscales los que las obligarán a volver a conceptos nunca superados y hoy más que actuales en todo el mundo: propiedad nacional y estatal del petróleo, sin fraccionamientos debilitadores, e intensa participación de las jurisdicciones locales (provincias, departamentos, municipios, etc.) en la renta petrolera.
1) Bolivia logró con la nacionalización de sus hidrocarburos y el aumento de los impuestos al gas 4 años consecutivos de superávit fiscal, por primera vez en su historia.
2) El resultado primario es anterior a la incorporación las obligaciones financieras
3) El original “antimilagro” argentino ocurrió cuando en 1991, en sólo un año, las reservas de petróleo y gas cayeron 30% y 36% respectivamente, y al año siguiente de la “privatización”, en solo un año, récord mundial, se “descubrieron” reservas equivalentes a 30% y 36%.
4) KOZULJ, Roberto, Balance de la privatización de la industria petrolera en Argentina y su impacto sobre las inversiones y la competencia en los mercados minoristas de combustibles, www.cepal.org, julio de 2002.
(5) En Canadá los gobiernos estaduales tienen gran participación en la regulación y la legislación petrolera, pero el sistema anglosajón da la propiedad de los yacimientos a los propietarios individuales de la superficie.
5 de mayo de 2009
A donde va el voto opositor
Diversas causas determinan un aumento significativo de la intensión de voto opositor al gobierno nacional. El conflicto del campo en el 2008, con su trasfondo político destituyente y la manipulación por el poder mediático, así como la forma insidiosa de presentación del tema de la inseguridad, han coadyuvado a volcar franjas importantes de la población hacia el terreno opositor.
Pero además hay razones concretas y objetivas que explican este giro: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, la carestía de la canasta alimentaria, de los medicamentos, del transporte, de los alquileres, de los servicios e impuestos, y la imposibilidad de acceso a la vivienda propia para la ...mayor parte de los jóvenes. La crisis internacional, en los marcos de una economía extranjerizada y dependiente, está aumentando la desocupación y reduciendo en muchos casos hasta el propio salario nominal.
Frente a esta realidad, palpable por amplios sectores populares, aparecen como una burla grotesca, las estadísticas oficiales del INDEC, que reportan una inflación del 7,2 % para el 2008, mientras que nadie puede ignorar que en los bolsillos supera el 30%.
El Kirchnerismo se viene desgajando por derecha y por izquierda, y ante la posibilidad cierta de perder la mayoría automática en el poder legislativo, recurre a las viejas y reiteradas fórmulas de instalar el miedo a la desestabilización de la democracia, intentando así retener o recuperar votos, que en su mayor parte ya perdió en forma irreversible. Pero al mismo tiempo sigue aplicando recetas clásicas del pensamiento colonial que impera en nuestro país desde hace muchos años: pedir nuevos créditos externos, tratar de sostener el poder adquisitivo de la alta clase media usando para eso los fondos de los jubilados, no molestar a las multinacionales que saquean nuestros recursos naturales y el producto del trabajo colectivo de los argentinos, y seguir exprimiéndonos con generosos pagos de intereses de la deuda externa ilegal e ilegítima. Mientras que en el otro extremo de la sociedad, crece el hambre, la desnutrición, la mortandad infantil, la violencia social, la drogadicción juvenil, la trata, y muchas otras calamidades producidas por la pobreza extrema.
Es palpable cierto “reflorecimiento” radical empujado por el trato benévolo de la televisión al desertor y luego traidor Cobos, así como por el ensalsamiento de la figura del ex presidente Alfonsín como héroe de la democracia, al momento de su muerte. Ricardo Alfonsín, un político de poco relieve, adquirió puntos (“valor agregado”) con la muerte de su padre. También se nota una mayor presencia de las coaliciones o frentes “cívicos”, y del macrismo, y el retorno de otros “muertos vivos” como Reutemann y Duhalde, todos favorecidos por la política de los monopolios de la comunicación. La hipotética vuelta al gobierno de estos sectores en el 2011, no resolverá ninguno de los problemas existentes y solo puede representar mayores penurias para nuestro pueblo y mayor dependencia para la nación. Incluso el retorno a la peor época de las obsecuentes relaciones “carnales” con el Imperio, implementada por el PJ menemista, y luego por la “Alianza” con hegemonía radical.
Pero estas circunstancias, de ninguna manera nos deberían llevar a la política del “mal menor”, que en este caso, sería el apoyo directo o indirecto al oficialismo kirchnerista, lo cual sería volver a caer en la trampa eterna de la alternancia bipartidista. Está visto que su ciclo de “bonanza” económica se ha agotado, dado que no se basó en un desarrollo genuino, soberano y equitativo, sino sólo en la recuperación de la capacidad ociosa de las fuerzas productivas en base a la devaluación de la moneda y por lo tanto del salario, y en la profundización del modelo agro minero exportador, sosteniendo todas las estructuras de la economía colonial. Incluso aumentando la extranjerización de la tierra y de la industria. Apostar a un gobierno carente de voluntad política para recuperar nuestra soberanía y garantizar condiciones de vida digna para todos, equivale a conducir a la gente a lo que será sin duda un nuevo callejón sin salida.
El voto que será sin duda mayoritariamente opositor, y en particular el de de los jóvenes que acceden por primera vez a las urnas, debe ser orientado hacia una opción liberadora como la que propone Proyecto Sur, lo cual significa ponerse al frente de propuestas políticas claras de recuperación de nuestros recursos naturales, de nuestra red ferroviaria, de la soberanía alimentaria, de la investigación y no pago de deuda ilegítima, y sobre todo de la redistribución de la riqueza, creando empleo genuino y garantizando seguridad social para todos. Lo cual además solo será posible con una amplia participación y movilización del pueblo y sus movimientos sociales.
Impulsar el país hacia adelante no es desestabilizar al Poder Ejecutivo, sino trabajar para la formación de un bloque legislativo con firmes convicciones nacionales y populares, capaces de construir una verdadera opción ante una derecha que se alimenta de las inconsistencias del actual gobierno. Los legisladores que necesitamos no deben ser simples fabricantes de discursos que se limitan a oponerse sistemáticamente a todo, sino genuinos representantes del pueblo, que van al Congreso a impulsar las transformaciones que el país necesita, a enfrentar las políticas de injusticia, entrega y degradación del medio ambiente, pero también a apoyar y fortalecer aquellas cosas que se puedan hacer bien. Entre ellas la de la integración latinoamericana y la cooperación con los gobiernos populares de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Cuba, y el avance de los juicios a los genocidas de la dictadura, que es necesario extender a los responsables civiles y beneficiarios económicos.
De esta forma pondremos una verdadera barrera a la desestabilización de la democracia, que proviene tanto de las inconsistentes políticas oficiales, como de las apetencias elitistas y represivas de la derecha liberal, que hoy se vuelve a vestir con piel de cordero.
por Hugo Kofman
Integrante de Proyecto Sur – Santa Fe
Candidato a Concejal
Pero además hay razones concretas y objetivas que explican este giro: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, la carestía de la canasta alimentaria, de los medicamentos, del transporte, de los alquileres, de los servicios e impuestos, y la imposibilidad de acceso a la vivienda propia para la ...mayor parte de los jóvenes. La crisis internacional, en los marcos de una economía extranjerizada y dependiente, está aumentando la desocupación y reduciendo en muchos casos hasta el propio salario nominal.
Frente a esta realidad, palpable por amplios sectores populares, aparecen como una burla grotesca, las estadísticas oficiales del INDEC, que reportan una inflación del 7,2 % para el 2008, mientras que nadie puede ignorar que en los bolsillos supera el 30%.
El Kirchnerismo se viene desgajando por derecha y por izquierda, y ante la posibilidad cierta de perder la mayoría automática en el poder legislativo, recurre a las viejas y reiteradas fórmulas de instalar el miedo a la desestabilización de la democracia, intentando así retener o recuperar votos, que en su mayor parte ya perdió en forma irreversible. Pero al mismo tiempo sigue aplicando recetas clásicas del pensamiento colonial que impera en nuestro país desde hace muchos años: pedir nuevos créditos externos, tratar de sostener el poder adquisitivo de la alta clase media usando para eso los fondos de los jubilados, no molestar a las multinacionales que saquean nuestros recursos naturales y el producto del trabajo colectivo de los argentinos, y seguir exprimiéndonos con generosos pagos de intereses de la deuda externa ilegal e ilegítima. Mientras que en el otro extremo de la sociedad, crece el hambre, la desnutrición, la mortandad infantil, la violencia social, la drogadicción juvenil, la trata, y muchas otras calamidades producidas por la pobreza extrema.
Es palpable cierto “reflorecimiento” radical empujado por el trato benévolo de la televisión al desertor y luego traidor Cobos, así como por el ensalsamiento de la figura del ex presidente Alfonsín como héroe de la democracia, al momento de su muerte. Ricardo Alfonsín, un político de poco relieve, adquirió puntos (“valor agregado”) con la muerte de su padre. También se nota una mayor presencia de las coaliciones o frentes “cívicos”, y del macrismo, y el retorno de otros “muertos vivos” como Reutemann y Duhalde, todos favorecidos por la política de los monopolios de la comunicación. La hipotética vuelta al gobierno de estos sectores en el 2011, no resolverá ninguno de los problemas existentes y solo puede representar mayores penurias para nuestro pueblo y mayor dependencia para la nación. Incluso el retorno a la peor época de las obsecuentes relaciones “carnales” con el Imperio, implementada por el PJ menemista, y luego por la “Alianza” con hegemonía radical.
Pero estas circunstancias, de ninguna manera nos deberían llevar a la política del “mal menor”, que en este caso, sería el apoyo directo o indirecto al oficialismo kirchnerista, lo cual sería volver a caer en la trampa eterna de la alternancia bipartidista. Está visto que su ciclo de “bonanza” económica se ha agotado, dado que no se basó en un desarrollo genuino, soberano y equitativo, sino sólo en la recuperación de la capacidad ociosa de las fuerzas productivas en base a la devaluación de la moneda y por lo tanto del salario, y en la profundización del modelo agro minero exportador, sosteniendo todas las estructuras de la economía colonial. Incluso aumentando la extranjerización de la tierra y de la industria. Apostar a un gobierno carente de voluntad política para recuperar nuestra soberanía y garantizar condiciones de vida digna para todos, equivale a conducir a la gente a lo que será sin duda un nuevo callejón sin salida.
El voto que será sin duda mayoritariamente opositor, y en particular el de de los jóvenes que acceden por primera vez a las urnas, debe ser orientado hacia una opción liberadora como la que propone Proyecto Sur, lo cual significa ponerse al frente de propuestas políticas claras de recuperación de nuestros recursos naturales, de nuestra red ferroviaria, de la soberanía alimentaria, de la investigación y no pago de deuda ilegítima, y sobre todo de la redistribución de la riqueza, creando empleo genuino y garantizando seguridad social para todos. Lo cual además solo será posible con una amplia participación y movilización del pueblo y sus movimientos sociales.
Impulsar el país hacia adelante no es desestabilizar al Poder Ejecutivo, sino trabajar para la formación de un bloque legislativo con firmes convicciones nacionales y populares, capaces de construir una verdadera opción ante una derecha que se alimenta de las inconsistencias del actual gobierno. Los legisladores que necesitamos no deben ser simples fabricantes de discursos que se limitan a oponerse sistemáticamente a todo, sino genuinos representantes del pueblo, que van al Congreso a impulsar las transformaciones que el país necesita, a enfrentar las políticas de injusticia, entrega y degradación del medio ambiente, pero también a apoyar y fortalecer aquellas cosas que se puedan hacer bien. Entre ellas la de la integración latinoamericana y la cooperación con los gobiernos populares de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Cuba, y el avance de los juicios a los genocidas de la dictadura, que es necesario extender a los responsables civiles y beneficiarios económicos.
De esta forma pondremos una verdadera barrera a la desestabilización de la democracia, que proviene tanto de las inconsistentes políticas oficiales, como de las apetencias elitistas y represivas de la derecha liberal, que hoy se vuelve a vestir con piel de cordero.
por Hugo Kofman
Integrante de Proyecto Sur – Santa Fe
Candidato a Concejal
3 de mayo de 2009
Fin de ciclo
* por Mario Mazzitelli (Sec. Gral del PSA)
El desparpajo con el que se busca recortar el período presidencial muestra la peor cara de la política argentina. Aquella que no se resigna a cumplir con la formalidad democrática. Si la letra de la Constitución Nacional.
Estamos lejos de una democracia económica, social y cultural que le de contenido a la democracia electoral. Así y todo resultaría sabio respetarla. Incluso mordiéndonos los dientes.
El Senador salteño Juan Carlos Romero se pronunció a favor de que el matrimonio Kirchner se aleje del gobierno. Es una de las expresiones que desean el fracaso político del oficialismo, con el fin de capitalizar la situación. Se une a los Grondona y los Biolcatti. Y a tantos otros que empujan por el derrumbe presidencial.....
Los errores del gobierno, el deterioro del modelo surgido tras el estallido del 2001, la crisis internacional, sus amenazantes declaraciones, el adelantamiento electoral, sus contradicciones internas, sus debilidades, la incapacidad por escuchar y quizás también la soberbia, obran en su contra más que cualquier declaración. Es cierto.
También un cierre de listas que resulta bochornoso en muchos aspectos. Con Rico que no se sabe si juega con Kirchner o De Narváez, con el preso Patti reivindicado por sectores del Duhaldismo, con tironeos y miserabilidades varias por doquier.
El 28 de junio próximo el gobierno va a perder la mayoría en ambas cámaras.
Nada de esto significa que no deba desempeñar su mandato hasta el último día.
El desafío que nos queda como pueblo, es lograr que llegue al 10 de diciembre de 2011. No en el marco de vencedores y vencidos, dentro de la corporación política. Si en el marco de protección a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: los niños, los abuelos, los desocupados, los excluidos, los sin techo, los trabajadores; también la producción, el consumo y la inversión; la defensa de las pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales, agropecuarias y de servicios; la recuperación de los bienes naturales y las áreas y recursos estratégicos de la economía; el cuidado del ambiente.
Estas son las tareas para los próximos años. Se deben ejecutar cualesquiera sean los equilibrios y la composición de los poderes del Estado. Ellas se pueden realizar si se ordena una correcta “agenda” en torno a los principios de Soberanía y Justicia Social.
El modelo financiero-agro-minero de saqueo, que hoy persiste en la Argentina, unido a la idea del ajuste y el retorno a las auditorias del FMI, es un factor de atraso económico, inequidad social e inestabilidad política. Es el pasado que debemos dejar atrás.
La derecha decadente se aferra a él y sueña con hacer caer al gobierno. Trata de despertar los peores sentimientos en amplias franjas de la población que están descontentas con el oficialismo. El gobierno se prende en un “todo o nada”. Hoy más cerca de la “nada” que del “todo”. Falsa disyuntiva por la naturaleza de la contienda. La contradicción la puede saldar la madurez de nuestro pueblo.
Cuando cierren las listas y se planteen los programas de gobierno para el 28 de junio, el pueblo deberá elegir con total libertad, con alegría y sin presiones y con el firme compromiso de hacer cumplir los mandatos otorgados a los representantes. Cumplir con el programa comprometido, cumplir con los cargos asignados y cumplirlos por el tiempo estipulado.
Entonces el fin de ciclo no será el de un coyuntural administrador de la cosa pública. Será el fin del ciclo de irresponsables comportamientos políticos cuyo costo siempre se cargó en las espaldas de las mayorías populares. Más allá de la corriente político-cultural a la que pertenezcamos, defender la institucionalidad democrática debiera ser un gran común denominador.
Mario Mazzitelli - Movimiento Proyecto Sur
El desparpajo con el que se busca recortar el período presidencial muestra la peor cara de la política argentina. Aquella que no se resigna a cumplir con la formalidad democrática. Si la letra de la Constitución Nacional.
Estamos lejos de una democracia económica, social y cultural que le de contenido a la democracia electoral. Así y todo resultaría sabio respetarla. Incluso mordiéndonos los dientes.
El Senador salteño Juan Carlos Romero se pronunció a favor de que el matrimonio Kirchner se aleje del gobierno. Es una de las expresiones que desean el fracaso político del oficialismo, con el fin de capitalizar la situación. Se une a los Grondona y los Biolcatti. Y a tantos otros que empujan por el derrumbe presidencial.....
Los errores del gobierno, el deterioro del modelo surgido tras el estallido del 2001, la crisis internacional, sus amenazantes declaraciones, el adelantamiento electoral, sus contradicciones internas, sus debilidades, la incapacidad por escuchar y quizás también la soberbia, obran en su contra más que cualquier declaración. Es cierto.
También un cierre de listas que resulta bochornoso en muchos aspectos. Con Rico que no se sabe si juega con Kirchner o De Narváez, con el preso Patti reivindicado por sectores del Duhaldismo, con tironeos y miserabilidades varias por doquier.
El 28 de junio próximo el gobierno va a perder la mayoría en ambas cámaras.
Nada de esto significa que no deba desempeñar su mandato hasta el último día.
El desafío que nos queda como pueblo, es lograr que llegue al 10 de diciembre de 2011. No en el marco de vencedores y vencidos, dentro de la corporación política. Si en el marco de protección a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: los niños, los abuelos, los desocupados, los excluidos, los sin techo, los trabajadores; también la producción, el consumo y la inversión; la defensa de las pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales, agropecuarias y de servicios; la recuperación de los bienes naturales y las áreas y recursos estratégicos de la economía; el cuidado del ambiente.
Estas son las tareas para los próximos años. Se deben ejecutar cualesquiera sean los equilibrios y la composición de los poderes del Estado. Ellas se pueden realizar si se ordena una correcta “agenda” en torno a los principios de Soberanía y Justicia Social.
El modelo financiero-agro-minero de saqueo, que hoy persiste en la Argentina, unido a la idea del ajuste y el retorno a las auditorias del FMI, es un factor de atraso económico, inequidad social e inestabilidad política. Es el pasado que debemos dejar atrás.
La derecha decadente se aferra a él y sueña con hacer caer al gobierno. Trata de despertar los peores sentimientos en amplias franjas de la población que están descontentas con el oficialismo. El gobierno se prende en un “todo o nada”. Hoy más cerca de la “nada” que del “todo”. Falsa disyuntiva por la naturaleza de la contienda. La contradicción la puede saldar la madurez de nuestro pueblo.
Cuando cierren las listas y se planteen los programas de gobierno para el 28 de junio, el pueblo deberá elegir con total libertad, con alegría y sin presiones y con el firme compromiso de hacer cumplir los mandatos otorgados a los representantes. Cumplir con el programa comprometido, cumplir con los cargos asignados y cumplirlos por el tiempo estipulado.
Entonces el fin de ciclo no será el de un coyuntural administrador de la cosa pública. Será el fin del ciclo de irresponsables comportamientos políticos cuyo costo siempre se cargó en las espaldas de las mayorías populares. Más allá de la corriente político-cultural a la que pertenezcamos, defender la institucionalidad democrática debiera ser un gran común denominador.
Mario Mazzitelli - Movimiento Proyecto Sur
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